CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal, con residencia en Michoacán, impuso una multa de 108 mil 570 pesos a cada uno de los integrantes de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo por desacatar la suspensión de la elección judicial.
Las sanciones implican un monto global de un millón 85 mil pesos, es decir, 108 mil 570 pesos pesos a cada uno de los 10 integrantes de dichos comités, monto equivalente a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2024, cuando se hizo el primer apercibimiento.
Sergio Santamaría, titular del Juzgado Primero de Distrito de Michoacán y quien hoy se anunció que será denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta obstrucción de la justicia, impuso las multas.
Los integrantes del Comité del Ejecutivo multados son Arturo Zaldívar, Vanessa Romero Rocha, Mary Cruz Cortés Ornelas, Isabel Inés Romero Cruz y Javier Quijano Baz.
A su vez los del Legislativo son Madai Merino Damián, Andrés Norberto García Réper, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres.
“En consecuencia, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de 20 de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que se impone a cada uno de los miembros de los aludidos comités, una multa individual de mil unidades de medida y actualización”, indica la resolución.
El juez federal considera que es procedente la sanción “en virtud de la contumacia en que han incurrido los integrantes de los mencionados comités para cumplir con las acciones concretas que les fueron ordenadas: la continuación en forma ilegal del proceso de selección de personas aspirantes a participar en el proceso electoral extraordinario de este año para ocupar los diversos cargos de personas titulares del Poder Judicial de la Federación; la consecuente vulneración de los derechos humanos de las personas juzgadoras integrantes de la asociación civil quejosa; el riesgo inminente de un daño económico al erario de varios miles de millones de pesos que costaría una elección que ulteriormente podría resultar inválida y la dolosa conducta asumida por las personas sancionadas para evadir la suspensión; no obstante, que se trata de personas, con conocimientos jurídicos, que fueron elegidas para evaluar a quienes desean ocupar los más altos cargos en la impartición de justicia en nuestro país”.
Otra de las conclusiones contra los evaluadores es que “en una franca usurpación política de la función judicial que no tienen asignada y en un claro desprecio al estado de Derecho, bajo su propia y libre determinación han decidido, por sí y ante sí mismas, no cumplir con el mandato emitido por este órgano de control constitucional”.
La notificación judicial señala que los comités, el Senado, el INE, la Presidencia de la República y otras autoridades han desacatado las suspensión definitiva de la elección de juzgadores con el argumento de la supremacía constitucional y la falta de competencia de un juez de amparo para frenar dicha elección.
Sin embargo, el juzgador aseveró que se puede saltar la supremacía constitucional porque “resultaba inoperante esa restricción, a la luz del derecho interno y del derecho internacional de los derechos humanos, concretamente del sistema o bloque de constitucionalidad que emerge de la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Respecto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que continúe la elección de juzgadores sin poder ser suspendida por ningún órgano del Estado mexicano, el juez federal ordenó a los magistrados emitir una resolución que indique que no tienen competencia en juicios de amparo y que la suspensión va más allá de lo electoral, que se trata de preservar la división de Poderes y la independencia judicial, por lo que se debe acatar y el Tribunal debe frenar la elección de juzgadores.
Este miércoles, se desconocía si los magistrados electorales ya habían sido notificados de esa resolución, pero durante su sesión semanal emitieron una sentencia en la que ordenaron denunciar penalmente al juez Santamaría por presunta obstrucción de la justicia por frenar las actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que sí acató su resolución.
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