CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a los esfuerzos del gobierno federal para combatir la inseguridad, la violencia sigue en aumento en gran parte del territorio nacional, los estados de Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas han registrado una escalada por parte del crimen organizado; ante ello, es necesario que la Guardia Nacional fortalezca la seguridad de los municipios y comunidades más afectados de estas entidades, asegura la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República presentará un punto de acuerdo a la Comisión Permanente para solicitar a la Guardia Nacional desplegar de manera permanente a sus efectivos en los municipios y comunidades de las entidades federativas más afectadas por la violencia criminal.
Asimismo, solicitará a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana coordinarse con los gobiernos estatales para llevar a cabo acciones que brinden seguridad a la población civil hasta que se restablezca la paz, así como para establecer una estrategia y evitar que los grupos criminales se desplacen a otras zonas, conocido coloquialmente como “efecto cucaracha”.
“La situación es alarmante, el tejido social está dañado y la respuesta de las autoridades tiene que ser contundente e inmediata. Casos como los recientemente ocurridos en Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas deben de erradicarse del territorio nacional”, señala Geovanna Bañuelos
En el documento que será inscrito en la Gaceta Parlamentaria de este miércoles Geovanna Bañuelos detalla los casos de Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas; en el primero de los casos autoridades locales y pobladores de San Juan Nuevo Parangaricutiro reportaron que en el transcurso de la noche del pasado sábado 26 de junio se registró un enfrentamiento entre células de grupos de crimen organizado y la Guardia Comunitaria.
Lo anterior dejó como resultado cuatro presuntos delincuentes y un guardia comunitario muerto. “La comunidad indígena advirtió que reforzará la seguridad y limpiará ese municipio de criminales a partir de esa noche”.
Desafortunadamente no es el único tema que acompleja a la entidad. La semana pasada trascendió en las noticias que 3 mil campesinos que conforman el grupo autodenominado “Pueblos Unidos” en Michoacán revelaron estar dispuestos a dejar las armas y regresar al cultivo del aguacate, guayaba y zarzamora, si el gobierno les garantiza las condiciones de seguridad e impide que continúen siendo violentados por los cárteles del narcotráfico que operan en la zona.
“En Tamaulipas al menos 18 personas fueron asesinadas como parte de una matanza sin precedentes, en donde miembros del crimen organizado realizaron una cacería de civiles el pasado sábado 19 de junio”, apunta la legisladora.
La líder petista asevera que la situación es muy preocupante ya que la violencia se encuentra en las comunidades alejadas, pero también en las principales ciudades del estado de Tamaulipas.
Mientras que en Zacatecas la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó un enfrentamiento entre dos grupos delictivos en la sierra de Valparaíso. Punto limítrofe con los estados de Durango, Jalisco y Nayarit, que dejó como saldo 18 fallecidos.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y ante la escalada de violencia que sufre nuestro país apoyamos la labor que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra estas células criminales. Sin embargo, creemos que ante los hechos es prioritario que se incremente la cantidad de elementos para poder replegar, contener y asegurar la paz en las zonas donde más se ve afectada la seguridad de la ciudadanía”, sostiene.
Geovanna Bañuelos subraya que la fuerza de los grupos del crimen organizado necesita de la respuesta coordinada de los tres órdenes del gobierno para restablecer la paz en las entidades, por ello, es imperioso que se impulse una estrategia para poder devolverle a las y los mexicanos la paz.
Por ello, también solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigar y, en su caso, proceder al congelamiento de las cuentas bancarias de las personas y empresas relacionadas con el crimen organizado. Así como, a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
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