CIUDAD DE MÉXICO.- En la Secretaría de Salud hemos implementado una política de salud pública cuyo objetivo es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres. Para alcanzar la meta, partimos de reconocer dos elementos: definir al aborto inseguro como un problema de salud pública, y la evidencia científica y recomendaciones internacionales de buenas prácticas, afirmó la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), Karla Berdichevsky Feldman.
Al participar en el foro virtual internacional “Celebrando la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”, convocado por la International Planned Parenthood Federation (IPPF) en el Día Internacional de la Mujer, Berdichevsky Feldman se manifestó a favor de políticas públicas encaminadas a proteger la salud de niñas y mujeres, tanto en México como en la región.
“Sabemos que tres de cada cuatro abortos en América Latina ocurren sin condiciones de seguridad. Esto significa que fueron procedimientos practicados por una persona que no cuenta con capacitación necesaria, que se utilizó un método obsoleto como el legrado, que se realizaron en un entorno que no cumple con las normas sanitarias mínimas, o bien, que se combinaron estas circunstancias”, enfatizó ante mujeres representantes de agencias internacionales y organizaciones civiles de Argentina, Chile y Estados Unidos que participaron en el foro.
En el evento virtual en el que también participó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Berdichevsky Feldman aseguró que es indispensable seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define el aborto como la terminación de un embarazo antes de las 12 semanas completas de gestación o cuando el producto pese menos de 500 gramos, para la atención del aborto seguro con medicamentos y aspiración manual endouterina, un equipo de salud multidisciplinario —que incluye enfermeras obstétricas y parteras profesionales— con competencia técnica, el manejo del dolor y la inclusión de una consejería y oferta sobre los procedimientos disponibles y anticoncepción, respetuosa de los principios de equidad, no discriminación y libre de estigmas.
Así, también la OMS indica que la atención al aborto seguro incluye aquellos que son espontáneos y el inducido, tanto para embarazos viables como no viables, de acuerdo con el marco legal vigente.
La evidencia científica muestra que, a mayor restricción legal, mayor número de prácticas inseguras que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres; además de que las interpretaciones restrictivas a las leyes y normas no disminuyen la incidencia del aborto inducido.
La directora general señaló que la Secretaría de Salud cuenta con estrategias puntuales para avanzar hacia la garantía del acceso a servicios de aborto seguro en el marco legal vigente en México, que incluye la Ley General de Víctimas y la NOM 046.
Puntualizó que el Sistema Nacional de Salud, en su totalidad, está obligado a brindar atenciones para los casos de violación, las causales de abortos legales en cada entidad federativa, y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas completas de gestación en las entidades federativas que han despenalizado el aborto.
Dijo que el CNEGSR cuenta con un proyecto prioritario que establece la instalación de servicios de aborto seguro con estándares de calidad, dentro de una red integrada de servicios de salud sexual y reproductiva. Como parte de su implementación se publicó en 2021 el Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, que establece criterios básicos de atención en las unidades de salud de la Secretaría de Salud y es de observancia, seguimiento y monitoreo obligatorios. Disponible en http://bit.ly/LinAbSeg
Señaló que para garantizar de manera efectiva los derechos sexuales y reproductivos en México, se requiere un marco legal fortalecido: “Nuestra Ley General de Salud es anacrónica con respecto a los convenios y compromisos internacionales signados por nuestro país y aún está pendiente reformarla para que considere temas clave de la salud sexual y reproductiva integral”.
Son necesarias reformas para incluir la violencia de género, la violencia sexual y el aborto seguro, por ejemplo. Igualmente, despenalizar el aborto es indispensable para romper las barreras de acceso, disminuir el riesgo de complicaciones y optimizar recursos.
En el evento “Celebrando la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y niñas” bajo la moderación de la directora regional de IPPF, Eugenia López Uribe, participaron: la relatora especial sobre el Derecho a la Salud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Tlaleng Mofoken; la directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos (OGA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Loyce Pace; la directora ejecutiva de Profamilia Colombia, Martha Royo Espinet; la presidenta y CEO de IPPF, Alexi McGill Johnson; la directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Cecilia Alemany; y la investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de la República Argentina, Dora Beatriz Barrancos.
AM.MX/fm
