CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio (AlmomentoMX).- El pasado 5 de junio, durante el Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que sirvieron para modificar un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 totales del país.
El presidente utilizó la figura legal de los decretos. Modificó el estatuto de las vedas existentes sobre 40% de las cuencas del país, que contienen 55% de las aguas superficiales de la nación.
La consecuencia de estos decretos es eliminar la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua.
El pretexto es establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años.
Con el fin de legitimar su decisión, EPN invitó a la ONG, World Wildlife Fund, quien aplaudió la decisión del presidente.
Estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobreexplotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país. Jorge Rickards, World Wildlife Fund
¿Qué ocasionarían estos 10 decretos?
Abren la puerta para que 55% del vital líquido se utilice para fines lucrativos como:
Privatización directamente del manejo de agua en organismos operadores empresariales municipales
Entregar concesiones de agua para las distintas empresas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
Todo esto a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos que han cuidado y protegido este bien natural.
Debido a sus consecuencias, estos decretos equivalen a una “reforma estructural”, pero sin pasar por el poder Legislativo.
Viéndolo así, el levantamiento de veda significa la más poderosa de las reformas estructurales de Peña Nieto. Implicará dirigir el principal recurso y bien común de los mexicanos para alimentar las distintas dinámicas de acumulación de capital que predominan ahora en México.
AM.MX/fm
