LA PAZ.— La participación de organizaciones de la sociedad civil en asuntos públicos forma parte habitual de la vida democrática. En Baja California Sur, distintas agrupaciones trabajan desde hace años en temas como medio ambiente, movilidad, desarrollo urbano, transparencia y participación ciudadana.
En los últimos meses, sin embargo, documentos públicos y publicaciones periodísticas han vuelto a colocar sobre la mesa otro elemento de esa conversación: el origen de los recursos con los que operan algunas de estas organizaciones y el alcance de su participación en decisiones públicas.
Cómo Vamos La Paz, por ejemplo, se define como una organización dedicada al análisis de información, vigilancia ciudadana e incidencia en políticas públicas. En abril de 2026 renovó un convenio de colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con el que mantiene una relación de trabajo de más de una década. De acuerdo con ambas organizaciones, entre sus acciones se encuentra la participación pública en procesos de evaluación ambiental de proyectos turísticos e inmobiliarios.
La colaboración entre organizaciones también ha sido visible durante este año. En julio, La Jornada documentó un pronunciamiento conjunto de BCSicletos, Cómo Vamos La Paz, CERCA, Colaboratorio de Ciencias Sociales para la Sustentabilidad y otras agrupaciones respecto del proyecto El Saltito Segunda Etapa. Semanas después, ZETA reportó que integrantes de varias de estas asociaciones entregaron cerca de 20 mil firmas ante Semarnat y solicitaron cambios en la forma de evaluar los impactos de distintos proyectos en la zona.
⇒ Existen también antecedentes públicos de financiamiento proveniente del extranjero.
En 2016, Diario El Independiente reportó que International Community Foundation había destinado 337 mil 500 dólares a Cómo Vamos La Paz durante 2015 para distintos programas y actividades. La entonces directora de la organización, Lucía Frausto, rechazó que la recepción de esos recursos implicara responder a intereses particulares.
En el caso de BCSicletos, documentación fiscal estadounidense registra un apoyo de 70 mil dólares en 2020 por parte de Foundation to Promote Open Society para capacitaciones, reuniones y talleres relacionados con participación ciudadana.
Estos antecedentes, por sí mismos, no acreditan irregularidades ni permiten concluir que el origen de los recursos determine las posiciones adoptadas por las organizaciones. El financiamiento internacional de proyectos sociales, ambientales o comunitarios es una práctica existente en México y puede desarrollarse dentro del marco legal.
El tema adquiere una dimensión adicional cuando organizaciones que participan en política pública exploran también otros espacios de participación. En septiembre de 2025, Vanguardia, retomando información de Peninsular Digital, reportó una asamblea relacionada con un proceso para constituir una fuerza política y vinculó esa iniciativa con Cómo Vamos La Paz. La publicación planteó cuestionamientos sobre el origen de los apoyos alrededor del proyecto; sin embargo, esos señalamientos corresponden a los medios que los difundieron y no acreditan por sí solos la existencia de una intervención extranjera.
El conjunto de casos abre una discusión más amplia sobre transparencia y rendición de cuentas. Si una organización busca participar en decisiones públicas, resulta relevante conocer de dónde provienen sus recursos, qué alianzas mantiene y cuáles son los mecanismos mediante los que busca incidir.
La pregunta, por tanto, no es si toda cooperación internacional debe verse con sospecha. El punto es contar con información suficiente para distinguir entre financiamiento legítimo, participación de la sociedad civil e intervención política, particularmente en una entidad donde decisiones sobre territorio, turismo, agua y desarrollo tienen consecuencias económicas y sociales de largo plazo.
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