CIUDAD DE MÉXICO.- Con la detención, en Estados Unidos, de Genaro García Luna, ex director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ambas desaparecidas por corruptas, acabaron, al menos, tres décadas de impunidad del que fuera calificado como “el policía más corrupto de México”.
Su captura, realizada la madrugada de hoy en la localidad de Grapevine, en Dallas, Texas, se derivó de las declaraciones de Jesús Reinaldo “El Rey” Zambada García, hermano del mítico capo Ismael “El Mayo” Zambada que no ha sido detenido en 50 años de operar impunemente, durante el llamado “Juicio del Siglo” en contra de Joaquín Archibaldo “El Chapo” Guzmán Loera.
García Luna, a quien acusara “El Rey” Zambada de haberle entregado personalmente millonarios sobornos en dólares, es acusado de cuatro cargos: conspiración de tráfico de cocaína y otro más por falso testimonio, ante la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Zambada García, uno de los principales testigos en el juicio contra “El Chapo” Guzmán, aseguró en su declaración que entregó por lo menos 6.5 millones de dólares, en propia mano, a Genaro García Luna, quien era director de la Agencia Federal de Investigación y titular de Seguridad Pública en la gestión de Felipe Calderón.
Zambada afirmó que él y el abogado de su hermano, Óscar Paredes, le entregaron entre 2001 y 2006, cuando dirigía la oficina federal de investigaciones, 3 mdd y en una segunda vez, cuando ya era secretario de Seguridad, entre 3 y 5 mdd, bajo el mandato del entonces presidente Felipe Calderón.
Aunado a ello, fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron a esta casa editorial que también llevan a cabo investigaciones en contra del ex funcionario federal, contra el que hay diversas denuncias desde que era director de la AFI y luego secretario de la SSPF.
De acuerdo a la periodista Ginger Thompson, quien diera la exclusiva, García Luna “tenía en su poder todo tipo de fotografías con funcionarios de Estados Unidos en su habitación”; dicha práctica fue común en el ex funcionario, de quien se dijo, en su momento, que poseía valiosa e importante información de políticos y funcionario de primer nivel de México, que los “ataba” para proceder en su contra.
De acuerdo con La Opinión de México, apenas hace un año, en noviembre del 2018, tras casi seis años de autoexliarse y refugiarse en Miami, Florida, para evitar ser detenido, el polémico ex funcionario reapareció en México y criticó acremente al gobierno de Enrique Peña Nieto por la inseguridad, además de recriminarlo “por no haber seguido su ejemplo”.
A mediados de abril de 2018, en vísperas de que los candidatos presidenciales hicieran sus propuestas en materia de seguridad en lo que sería el primer debate presidencial, García Luna se presentó en el canal de televisión de El Financiero Bloomberg, a invitación de su ex compañero de gabinete, Jaime Domingo López Buitrón, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el sexenio pasado y ahora propietario del rotativo.
Como todo un experto en la materia, parapetado en la compañía GLAC Consulting (las primeras letras corresponden a los apellidos García Luna), que forma parte de un entramado de empresas de seguridad registradas en Estados Unidos y en México, donde operan con permisos federales y locales, presentó su trabajo académico denominado “Un Nuevo Modelo Integral de Seguridad”.
Ese nuevo modelo de “Seguridad con Bienestar”, ya lo había presentado en México el llamado “Súperpolicía”, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón y también al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, que, obviamente, no aprobó.
Aun así, el controvertido ex jefe policiaco reapareció para ofrecer soluciones “nuevas” a la crisis de inseguridad en el país y dijo que en la administración de Enrique Peña Nieto hubo una involución y se dio al traste con lo avanzado, por lo que la única solución era retomar lo que él hizo cuando fue secretario de Estado.
Acusó además al gobierno peñista, de haber demeritado su trabajo y de crear e infundir en la opinión pública la idea de que fueron ellos (García, Fox y Calderón) los que generaron la violencia en el país.
En contraposición, su desempeño siempre se vio enmarcado por montajes televisivos, diferencias con medios informativos, numerosas bajas, secuestros y desapariciones de sus mismos elementos, el ataque a agentes de la CIA de policías federales, la balacera entre agentes de la misma corporación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la disputa del control del narcotráfico y hasta el conflicto diplomático con Francia, luego de la detención y liberación de la secuestradora, Florence Cassez Crespín.
Censuró la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, del penal del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, en julio de 2015, pero no hizo mención de la primera escapatoria del capo, en enero de 2001, cuando recién se había estrenado como director de la Agencia Federal de Investigaciones, luego de desaparecer “por corrupta” a la Policía Judicial Federal.
Para que el lector se dé una idea del talante de García Luna, su trayectoria, salpicada de hechos corruptos, superó con mucho a la del desaparecido Arturo “El Negro” Durazo Moreno, sólo que el ingeniero mecánico en el plano federal.
Tanto él como sus más cercanos y principales colaboradores: Francisco Javier Garza Palacios, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Tomás Zerón de Lucio, Vidal Díazleal Ochoa, Ramón Eduardo Pequeño García, Manuel Becerril Mina, Edgar Eusebio Millán Gómez, Domingo González Díaz, Gerardo Garay Cadena y muchos otros más, se vieron en el ojo del huracán durante su trabajo como policías.
Algunos fueron cesados, otros pararon en la cárcel, los menos exonerados, merced a la muerte de testigos bajo protección que ya no alcanzaron a ratificar sus declaraciones y varios más ejecutados, en probables ajustes de cuentas, de tal suerte que el desempeño, al menos de la media docena de sus hombres que conformaban su cúpula, fue considerada polémica y, presumiblemente, con vínculos delincuenciales.
García Luna espía del CISEN
Genaro García Luna, nació en julio de 1968 en la Ciudad de México. Estudió para ingeniero mecánico en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero no ejerció su profesión porque, en 1989, a los 21 años entró al Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Por algún tiempo continuó en el CISEN, donde se especializó en labores de espionaje, al tiempo que entabló relaciones con el almirante Wilfredo Robledo Madrid, primo del ex gobernador de Quintana Roo. Mario Villanueva Madrid, detenido por proteger a Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”; luego extraditado a los Estados Unidos, después repatriado a México y ahora próximo a ser indultado con la ley de amnistía por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sus habilidades como espía le sirvieron para entablar relaciones con el entonces candidato a la Presidencia, Vicente Fox Quesada, quedando al servicio directo de Martha Sahagún Jiménez, a quien pasaba toda clase de información de sus adversarios políticos.
Sus facultades como “oreja profesional”, al resultar electo Fox, fueron premiadas y se le envió a la Procuraduría General de la República a colaborar con el procurador Rafael Marcial Macedo de la Concha, con la encomienda de erradicar la corrupción de la Policía Judicial Federal.
Se dijo que su nombramiento se había dado tras haber ganado un concurso de oposición, precisamente sobre el tema del combate a la corrupción, aunque para todos fue un secreto a voces que había sido por órdenes de la entonces ya Primera Dama que se convirtió en su “madrina”.
Atrás había quedado su vergonzosa salida de la Policía Feral, junto con el almirante Wilfredo Robledo Madrid, al verse inmiscuidos en la fraudulenta compra de 11 aeronaves, caso que puso al descubierto Alejandro Gertz Manero, al ser nombrado como primer titular de la Secretaría de Seguridad Federal, aunque las acusaciones nunca prosperaron.
Ahora, el doctor Gertz Manero es el fiscal general de la República y todo indica que las investigaciones en torno a ese asunto, sean reabiertas y concluídas.
García Luna fue el enterrador de la PJF y en su lugar, creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la que aseguró que sería la primera policía científica y estaría al mismo nivel que la Scotland Yard, de Londres, Inglaterra, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de los Estados Unidos o la Sürete Nationale de Francia.
Ese supuesto ejemplo de eficiencia y honestidad de su policía científica lo derrumbaría él mismo, al término del sexenio foxista, al tener que desaparecer a la AFI precisamente también “por corrupta”, aunque volvió a crear otra policía, la Federal Preventiva, ya como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, gracias, de nueva cuenta, a Martha Sahagún.
Como secretario de Estado, García Luna fue el primero que propuso el Mando Único Policial. Quería unificar todas y cada una de las corporaciones del país: aduanales, estatales, municipales, federales, fiscales, la de Caminos, todas. Pretendía tener bajo su mando un promedio de 600 mil elementos.
En su obsesión por el Mando Único, desmanteló archivos y equipo y se llevó a los pocos agentes que quedaron de la desaparecida AFI. Después tendría que “devolver” al personal que se llevó para que la PGR pudiera contar con la Policía que por ley debe estar bajo las órdenes del Ministerio Público y así volvió a “nacer” la Policía Federal Ministerial cuyo apéndice sería la actual y “renovada” Agencia de Investigación Criminal (AIC), pero los archivos, equipo y todo lo demás, nunca los devolvió.
En el tiempo que Genaro fungió como director de la AFI, se dieron infinidad de irregularidades, abusos, montajes, simulaciones, hechos de corrupción y, de manera preponderante, la protección a narcotraficantes, cuyos principales protagonistas fueron él y sus hombres más allegados.
En relación al tema, Vicente Fox asumió el cargo el uno de diciembre del 2000 y 49 días después, se fugó Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. La información oficial fue que lo hizo el 19 de enero del 2001 en un carrito de lavandería; también se manejó la hipótesis que salió por la puerta principal, disfrazado de policía.
La versión que los mismos internos del penal relataron una y otra vez, fue que el dueño de la prisión era “El Chapo”, que salía y entraba cada vez que quería, que desde los directivos hasta los celadores eran sus sirvientes e incluso que nunca faltaba al estadio Jalisco cuando jugaba su equipo de fútbol favorito; el Atlas y que desde el día 14 ya no se le volvió a ver en el penal.
Cuando Fox llegó a la Presidencia, en uno de sus primeros discursos dijo que libraría la “madre de todas las batallas contra el narcotráfico” y que atraparía “peces gordos y no charales”. Lo cierto es que el incipiente gobernante no contaba con gente experimentada y capaz para cumplir lo prometido.
Fue entonces cuando “se dio la fuga” del narcotraficante, que aún no tenía la importancia que cobraría 12 años después.
A los cuatro meses de su escapatoria caería el primer pez gordo: el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, protector de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos” y días después su lugarteniente, Alcides Ramón Magaña, “El Metro”, ambos del Cártel de Juárez.
A éste le seguirían muchos otros más que serían atrapados o abatidos, como los hermanos Ramón y Benjamín, Arellano Félix, su operador financiero, Jesús “El Chuy” Labra Avilés, del Cártel de Tijuana; los hermanos Osiel y Antonio Cárdenas Guillén y los principales lugartenientes del Cártel del Golfo.
Esa misma situación se daría los siguientes seis años, ya con Felipe Calderón Hinojosa, quien también puso oídos sordos a las numerosas quejas, señalamientos y denuncias en contra del ingeniero y de su gente.
Curiosamente todas las organizaciones antagónicas al “Chapo” Guzmán fueron diezmadas o incluso aniquiladas, pero el Cártel de Sinaloa se mantuvo intacto y “El Chapo” ilocalizable durante las gestiones de Fox y Calderón
Experimentados comandantes federales, agentes del Ministerio Público de la vieja guardia y expertos en materia del combate al narcotráfico, coincidieron en señalar que además de proteger al “Chapo” le estaban “limpiando” el camino para que operara sin problemas.
Una muestra más de la abierta protección que recibía “El Chapo”, quizá por su “colaboración” para que fueran capturados o abatidos los “peces gordos”, antagónicos a él, fue que los narcotraficantes, en el tiempo que estuvieron junto al “Chapo” también eran intocables, pero cuando se separaron de su organización toda la fuerza del Estado se volcó contra ellos y no se detuvo hasta aniquilarlos.
Los hermanos Alfredo, Arturo, Carlos y Héctor Beltrán Leyva; parientes en segundo grado del mismo “Chapo”; su jefe de sicarios, Edgar Valdez Villarreal “La Barbie” e incluso Ignacio “Nacho Coronel Villarreal, tío-suegro de Guzmán Loera, lo mismo que muchos otros narcos enemigos, terminaron también presos o bajo la metralla de las Fuerzas Armadas.
La infiltración del “Chapo” en distintas esferas gubernamentales, principalmente policíacas y militares, fue de tal manera que le dio un poder absoluto y trastocó por completo la posición del crimen organizado, en relación a las autoridades que quedaron por abajo del Gobierno Federal; los papeles se invirtieron y los federales pasaron a ser sirvientes de los barones de las drogas y a figurar en sus nóminas.
Antes, la extinta Policía Judicial Federal estaba por encima de los narcotraficantes, controlaba el paso de los estupefacientes y realizaba grandes decomisos de droga, aviones, joyas, dinero y residencias, propiedad de los capos, pero tras el arribo de Genaro García Luna, primero como director de la AFI y luego como secretario de Seguridad Pública Federal, las posiciones se invirtieron.
En la década de los noventas, una frase alertaba sobre el crecimiento del narcotráfico en suelo azteca: “¡México se colombianiza!”; años después, otra expresión revelaba la lacerante situación que impera: ¡Colombia se mexicaniza!
El poder del “Chapo” había cobrado tal dimensión, que contaba ya con expertos en contrainteligencia y una sofisticada infraestructura para enterarse, siempre a tiempo, de las acciones que pudieran emprender en su contra.
Detectar acciones antinarco, liberaciones de integrantes de su organización o de grupos enemigos, alerta de cateos y cualquier tipo de acción que pudiera afectarlo, la recuperación de vehículos asegurados, contactar a funcionarios adscritos a los radares de intercepción aérea y ubicar y ejecutar a miembros de organizaciones criminales enemigas, entre otras actividades ilícitas, eran controladas por “El Chapo”.
Contaba con números telefónicos y grados de altos mandos de la SSP.
Tenía tanta información del brazo operativo de la corporación federal, que algunos de los documentos a los que tenía acceso, eran el Directorio General de Comunicaciones Actualizado y la Propuesta de Reubicación de los Agrupamientos Desplegados de las Fuerzas Federales de Apoyo”.
Ambos eran confidenciales.
El segundo documento era tan detallado, que planteaba la reubicación a Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Cananea, Sonora, de 116 efectivos de la Primera Brigada, destacamentados en Chilpancingo; 74 en Zihuatanejo, 59 en Acapulco y 57 en Ciudad Altamirano.
El primer documento era más preciso, pues revelaba la identidad de cada inspector adscrito a las bases de la Ciudad de México, incluido el Centro de Mando, donde la PF resguarda a los narcotraficantes de mayor peligrosidad que eran arraigados.
De dicha sede en Iztapalapa, aparecían nombres, grados, e-mails, celulares y Nextel de 69 inspectores y subinspectores, incluidos sus indicativos claves, como: Aries, Vulcano, Galgo, Halcón, Corsario, Carreón, Dragón, Tajín, Vigía, Delta, Atlante, Bucanero y Sagitario, entre otros.
También los datos de los 46 elementos de igual rango, adscritos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; 12 del edificio de Constituyentes, dos de la base de Calzada de las Bombas, ocho de CONAFRUT y hasta del Grupo de Operaciones Especiales.
Durante la captura de Roberto Beltrán Burgos, “El Doctor”, operador de “El Chapo” en Sinaloa, se encontró una Hummer, en cuyo interior había documentos oficiales membretados con los números de celulares de los principales mandos operativos.
“El Chapo” Guzmán sabía todo de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) de la Policía Federal, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y conocía a detalle las investigaciones que realizaban la Marina y la SIEDO (ahora SEIDO), sobre los presuntos vínculos de su banda con las capitanías de puerto y sobre los buques pesqueros que usaba para importar cocaína desde Sudamérica.
El Ejército había encontrado en Culiacán documentos propiedad de la banda, que no sólo exhibían su narconómina y los pitazos que recibían, sino que contaban con información que sólo circulaba entre unos cuantos altos mandos del Gobierno.
La contrainteligencia del Cártel de Sinaloa era tal que, al menos hasta 2012, cada paso que daba el Gobierno federal contra sus intereses era conocido con mucha anticipación por los delincuentes.
Cada despliegue de las Fuerzas Federales de Apoyo a nivel nacional, con la cantidad exacta de efectivos por localidad, así como la cantidad de vuelos y autobuses para movilizarlos, llegó a estar en manos del Cártel de Sinaloa en papeles membreteados de la SSP federal, antes que iniciaran los operativos.
El grupo poseía, de acuerdo a la indagatoria PGR/SIE DO/UEIDCS/189, documentos oficiales con la descripción de grados y cargos, claves distintivas, correos electrónicos, números de teléfonos celulares y números de identificación de los radios Nextel de los inspectores generales del AICM, de la base de Calzada de las Bombas, del Centro de
Mando y de la sede de Constituyentes, donde despachaba García Luna.
Su sistema de espionaje era tan complejo que inclusive también le servía para conocer, con antelación, los reportes que la DEA o el FBI entregaban a México sobre su organización.
También se localizó una narconómina, inscrita en clave, donde había un calendario de depósitos para todos los servidores públicos que colaboraban con el Cártel de Sinaloa.
A la fecha no ha sido totalmente descifrada, aunque si detallaba que cada día 22 de cada mes pagaban una renta a “Loba Inter Estatal”; el día 23, a “Secre de Aguacate”, “Inteligencia Culiacán Aguacate” e “Inteligencia Mazatlán Aguacate”.
Cabe aclarar que el término “aguacate”, lo aplican despectivamente los narcos a los militares, por el color verde de sus uniformes.
El 24 tocaba el turno a “Agüita Maza y sus tres hijos” del Centro de Inteligencia Marítima y el 28 al “Inspector Montenegro ‘Fray’ del 20” e incluía a 4 comandantes operativos de Guamúchil, Guasave y los Mochis.
También se mencionaba a un Regimiento de Caballería y tres comandantes operativos, así como tres mandos de las Fuerzas Especiales, registrados como “20 R”.
En una libreta de taquigrafía, que en la portada tenía el nombre de Maricela Ramírez Medina, se mencionaba que estaba pendiente depositarle a los policías Arrote, Fontaner Popeye PFP, Ponce, Rodríguez Balderas, José Luis González, Diablo Blanco, Chamán, Limón, Cobra., “Teniente Roberto García Ramírez depositar 10,000 Morgan ya informó Cmte Tristán” y “Comprarle su Pick Up al Cmte Balderas y al MP Sotelo Mesa 4”, son algunas de las anotaciones en las que se mencionaba a un sujeto llamado “Dámaso”.
El único individuo con ese nombre, vinculado a ese grupo delictivo, era el ex subdirector de Seguridad y Custodia en el penal de Puente Grande, Dámaso López Núñez, durante la fuga de “El Chapo” en 2001.
López Núñez, alias “El Lic”, quien fungiría como su sucesor tras la recaptura del “Chapo”, también participaría posteriormente en su segunda evasión del penal de El Altiplano.
López Nuñez sería detenido el 6 de mayo de 2017 y un año y dos meses después, el 6 e junio de este año, fue extraditado a los Estados Unidos, igual que su ex jefe, “El Chapo” Guzmán.
En operativo posterior, se descubriría que también la Marina, aunque en menor grado, había sido infiltrada por el capo, al detectar al ex cabo, Mario Partida Chiquete, detenido a bordo del buque Polar I, que transportaba 7 toneladas de cocaína, cargadas en el puerto peruano del Callao, con destino a Mazatlán, Sinaloa.
El cabo Partida era el responsable de coordinar la logística de la importación de cocaína para el Cártel de Sinaloa y era en Perú donde se abastecía de droga. Su involucramiento con el Cártel de Sinaloa no era reciente, pues el 31 de diciembre de 2005 fue puesto a disposición de la PGR en Manzanillo, acusado de transportar gasolina en el buque Blanca Estela IV, para reabastecer embarcaciones menores con droga en el Pacífico.
Tras las investigaciones, se estableció que “El Chapo” había ya infiltrado ocho capitanías de puerto y utilizado 28 buques de pesca para el transporte de cocaína desde Sudamérica.
El reporte militar indicaba que la complicidad con el grupo criminal podría abarcar las capitanías de puerto de Mazatlán y Topolobampo, Sinaloa; Yávaros, Sonora; Alvarado y Coatzacoalcos, Veracruz; Dos Bocas y Frontera, Tabasco, y La Paz, Baja California Sur.
Ese era el poder de penetración e infiltración del capo, con la complacencia de Genaro García Luna y algunos de los altos mandos de las Fuerzas Federales.
Por otra parte, se conocieron diversas propiedades de García Luna que nunca hubiera podido adquirir sólo con su sueldo de policía.
Residencias en Monte Funiar, en el exclusivo fraccionamiento Jardines en la Montaña; una mansión en Montaña de Omoa, con un valor de 7.5 millones de pesos y predios ubicados en Amate, en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, del municipio de Jiutepec, Morelos.
Sin embargo, en un intento por desvirtuar los hechos y culpar a Reporte Índigo que dio a conocer los hechos, ordenó la detención de fotógrafos y reporteros e incluso los exhibió en un boletín de“su secretaría”, como miembros de la delincuencia organizada, que querían causarle daño a su familia para debilitarlo y que dejara de atacarlos.
La manera tan burda cómo quiso deformar los hechos, derrumbó su versión y tuvo que dar marcha atrás a su difamación.
Ello le valió que la revista Forbes, lo incluyera en el cuarto lugar de una lista que elaboró con “Los Diez Mexicanos más Corruptos”, entre ellos Carlos Romero Deschamps, ahora senador, Raúl Salinas de Gortari, que exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “limpe su nombre” y Elba Esther Gordillo Morales, exonerada y liberada un mes después de que Andrés Manuel López Obrador triunfara en las elecciones presidenciales.
Tras los señalamientos de la revista de corte internacional, García Luna se indignó y aseguró que se trataba de infundios, que todo era falso, al tiempo que advirtió que procedería penalmente contra la publicación, pero sólo vociferó, ya que no hubo reporte alguno sobre alguna denuncia.
En cuanto a los hombres más allegados al ingeniero García Luna, éstos también se vieron involucrados en hechos delictivos, principalmente en lo que a protección al narcotráfico se refiere.
En el caso de Francisco Javier Garza Palacios, Tomás Zerón de Lucio y Vidal Díazleal Ochoa, cuando fungieron como altos mandos de la Policía Federal Preventiva, en Sonora, “no vieron” un convoy de una veintena de camionetas, artilladas, con más de 100 tripulantes, que circularon durante más de 300 kilómetros, de Cananea hasta Caborca, persiguiendo encarnizadamente a narcotraficantes rivales.
Les dieron alcance en un paraje de Caborca, donde ejecutaron a 15 narcotraficantes rivales, a cinco policías que presuntamente estaban a las órdenes de los narcos y a dos civiles.
Fue necesaria la intervención del entonces gobernador, Eduardo Bours Castelo, para que, aparentemente, fueran cesados los miopes servidores públicos.
García Luna dijo que Garza Palacios (a los otros dos ni siquiera los mencionó), quedaba separado del cargo, por cuestiones logísticas de la dependencia, pero días después, en un abierto acto de cinismo, ya que lo dio a conocer mediante un boletín, el supuesto destituido había sido nombrado agregado de la Policía Federal en Colombia.
Otro de los indolentes funcionarios, Díazleal Ochoa, ocuparía al paso de los años la Dirección de la renovada Agencia de Investigación Criminal de la PGR, de la que tuvo que salir por su anodina actuación, aunque regresaría por sus fueros como director de la Policía Federal Ministerial.
Mientras que Zerón de Lucio, por obra y gracia de la ex procuradora Arely Gómez González llegaría a ser titular de la Subprocuraduría Especial para la Lucha contra la Delincuencia Organizada (SEIDO).
Cuando todo mundo pensó que se le había echado de la PGR por haber sembrado pruebas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, resulta que se le premió con la designación como secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional de Gobernación.
Otro cuestionado personaje, cercano a García Luna, fue Domingo González Díaz, actualmente prófugo o desaparecido.
Conforme a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/013/04, el 11 de septiembre de 2004, aparecieron tres coronas de muerto en la esquina de Moneda y Santa Cruz, donde en ese tiempo tenía su sede la AFI, con la leyenda: “Especialmente Para Operaciones Especiales, Cuídense”.
Se dijo entonces que Domingo no había cumplido lo pactado en cuanto a la protección ofrecida a los narcos Eloy Treviño García y a Sergio Villarreal Barragán, enviados por Dionisio Román García, “El Chacho”, quien tenía rencillas personales con “Los Zetas”.
Un año y tres meses antes, en julio del 2013, los jefes de la dirección de Operaciones Especiales de la AFI, a través del director del Centro de Mando, Domingo González Díaz, habían acordado, mediante el pago de cuatro millones de dólares, catear ocho domicilios de Osiel Cárdenas para detenerlo y a su vez desmembrar a toda la banda de “Los Zetas”.
El acuerdo se realizó el 4 de mayo de 2002 en el Vips de La Viga y Lorenzo Boturini, en el Distrito Federal, donde estuvo el contador público José Luis Morales, quien en un tiempo estuvo al servicio del ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), Mariano Herrán Salvatti.
Domingo le dijo al contador que “el trabajo por reventar y capturar a Osiel les costaría cuatro millones de dólares, porque el catear esas propiedades y detener o matar al líder del Cártel del Golfo, implicaba mucha responsabilidad.
Al día siguiente, Domingo viajó a Monterrey, junto con el contador José Luis Morales y Luis Jaffet Jasso Rodríguez, jefe de departamento de la Dirección de Operaciones Especiales de la AFI para entrevistarse con Eloy y Sergio.
En un hotel de Monterrey, acordaron que los pagos de los cuatro millones de dólares se iban a realizar en parcialidades. El primero de los pagos, de 850 mil dólares, se hizo el 7 de mayo, a las 8 de la noche, en el sótano del estacionamiento del hotel Marriott, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El dinero iba dentro de una llanta de refacción de una camioneta Suburban, que recogieron y trasladaron al estacionamiento de la AFI, ubicada entonces en San Antonio Abad. Después se dieron los demás pagos que, según Domingo, entregó a su jefe, Francisco Javier Garza Palacios.
En ese ínter, Eloy y Sergio, presuntamente, traicionaron a su jefe Dionisio, ya que luego de la primera reunión llevada a cabo en Monterrey, un grupo de 20 sicarios lo sacaron de su casa en la Sultana del Norte y apareció muerto días después en Río Bravo, Tamaulipas.
Posteriormente, por órdenes de Garza Palacios, Domingo envió un grupo especial para catear las casas del jefe del cártel del Golfo, de donde sustrajeron droga, joyas y dinero en efectivo, que no pusieron a disposición del Ministerio Público Federal.
Más tarde, se comunicó telefónicamente con Eloy Treviño y Sergio Villarreal, para informarles que ya había cumplido con el “trabajo”, pero que en ninguna de las casas cateadas en Ciudad Victoria, Miguel Alemán y Reynosa, Tamaulipas, se había localizado a Osiel Cárdenas, pero que seguirían buscándolo.
Sin embargo, el trabajo había sido hecho “a medias”, ya que el tiempo transcurrió y Osiel nunca sufrió ningún atentado y siguió libre, por lo que se dijo que Eloy y Sergio fueron los que enviaron las ofrendas fúnebres.
Domingo se encuentra presuntamente prófugo o desaparecido, el dinero nunca apareció y Osiel fue detenido en marzo de 2003 y tan sólo seis meses después, cayó Eloy Treviño. Sergio fue atrapado hasta septiembre de 2016.
Por lo que respecta a Luis Cárdenas Palomino, que ahora, presuntamente es jefe de seguridad de una cadena televisiva, es todo un caso, ya que lo mismo fue fichado por homicidio que relacionado, igual que su jefe y amigo, Genaro García, con diferentes cárteles de la droga.
Desde 1987, mucho antes que llegara ser la “fulgurante estrella policíaca” de la AFI y después de la PFP, Cárdenas Palomino fue fichado como copartícipe en un triple homicidio calificado.
A la fecha, los hechos permanecen impunes y los presuntos nunca fueron castigados, gracias a la protección que recibieron del entonces director de la Policía Judicial del Distrito, Jesús Miyazawa Alvarez, fallecido en enero del 2014.
Conforme a las averiguaciones previas 13/4413/987 y 13/4419/987, Cárdenas Palomino, en ese entonces de 18 años, René Alavéz Rosas, de la misma edad y Octavio Navarro Medellín, de 21, estuvieron involucrados en el crimen de un taxista y de dos automovilistas. Nunca fueron detenidos, aunque Cárdenas Palomino si fue incorporado al fichero delincuencial y se hizo su ficha signalética.
Pese a sus antecedentes, ingresó a la AFI como uno de los altos jefes y año y medio después, en mayo de 2002, surgió el primer escándalo con la captura del canadiense Kenneth Charles Fisher y los mexicanos Arnulfo Pisllonett (a) “El Capitán” y Raúl Ríos Escalante.
José Luis Santiago Vasconcelos anunció la desarticulación de una red internacional de narcotraficantes en la llamada “Operación Maple”, pero el cerebro financiero nunca apareció. Después se sabría que Cárdenas Palomino y su gente, lo habían aprehendido en la colonia Portales, junto con su esposa que estaba encinta, pero “en el camino se les perdió”. Se habló entonces de un arreglo multimillonario para que ni siquiera figurara en la averiguación previa.
Otra de las vergüenzas que tuvo que pasar el ex procurador Rafael Marcial Macedo de la Concha, quien apadrinó la boda de Cárdenas Palomino con Minerva Castillejos Cervantes, hija del abogado Marcos Castillejos Escobar (ejecutado el 9 de julio de 2008), fue cuando en la conferencia de prensa del 9 de marzo de 2004, dio a conocer la captura de 16 peligrosos secuestradores.
Entre los plagiarios, fue mostrada la fotografía del “secuestrador” Roberto Santos Prado Córdova, contra quien, dijeron, ya se había ejercido acción penal, sólo que al verse en las pantallas televisivas, el “plagiario” aclaró que sí había sido detenido, pero por un “error de la AFI” por lo que tuvieron que liberarlo.
Ello provocó que el entonces procurador tuviera que aclarar la situación y ofreciera una disculpa pública al haber sido difamada una persona inocente.
En diversas ocasiones, Cárdenas Palomino fue mencionado no sólo como protector del “Chapo” Guzmán Loera, sino también del Cártel del Golfo, lo que originó ejecuciones de varios de esos altos jefes, al no cumplir con lo pactado con los capos y atreverse a vender dos veces una misma plaza a organizaciones fuertes y rivales entre sí.
Cuando se hizo mención de sus presuntos vínculos con el narcotráfico, Cárdenas Palomino era ya dueño de cuatro fastuosas residencias, a nombre de su esposa Minerva: una en Cuernavaca, otra en Bosques de las Lomas, una más en Acapulco y otra más en La Herradura.
Otro craso error de Cárdenas Palomino, fue la “fallida” captura de Lui de la Barreda Moreno , contra quien había cinco órdenes de aprehensión por su participación en la “Guerra Sucia”.
La explicación resultaba simple:
Cárdenas Palomino era quien debía detenerlo, mientras que Marcos Castillejos Escobar, suegro del entonces director de Investigación Policial, era el abogado defensor del presunto, además de que Humberto Castillejos Cervantes, cuñado del jefe policiaco, era asesor de Macedo de la Concha.
Luis de la Barreda Moreno, falleció de muerte natural el 9 de junio de 2008 y, obviamente, nunca fue localizado y menos detenido.
El “Pollo”, como era apodado Cárdenas Palomino, también se vio involucrado en la extorsión y asesinato de Enrique Salinas de Gortari, ya que en su calidad de director de Investigación Policial, se dijo que habría desviado las pesquisas, además de que mal informó a la INTERPOL.
En el caso de la banda de plagiarios “La Flor”, se sabe que desde el año 2003, Cárdenas Palomino y Facundo Rosas sabían de su existencia y su modus operandi, además de que fueron los que llevaron directamente a Lorena González Hernández, “La Lore”, a la AFI, para asumir la subdirección que ocupaba Omar Ramírez Aguilar, otro de los hombres de Genaro, que sería ejecutado en octubre de 2007.
En diciembre de 2005, Cárdenas Palomino, junto con Lizeth Parra, fueron los autores de la “recreación” que se hizo de la captura de la banda de secuestradores de la que formaba parte la francesa Florence Cassez, montaje que llevó al ridículo a la justicia mexicana a nivel internacional.
Asimismo, tanto Genaro como su gente fueron señalados en narcomantas y en averiguaciones previas, de ser protectores de narcotraficantes, principalmente del Cártel de Sinaloa del “Mayo” y el “Chapo”.
Edgar Valdéz Villarreal, “La Barbie”, lo señaló directamente como quien recibía dinero del narco, lo mismo que Garza Palacios, Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y otros jefes policíacos. El argumento de Genaro fue que era una reacción lógica de los narcotraficantes afectados que trataban de desprestigiarlo con acusaciones falsas.
En esas denuncias, se mencionó también a Víctor Gerardo Garay Cadena y a Edgar Enrique Bayardo del Villar, quienes fueron arraigados, El segundo se acogió al Programa de Testigos Protegidos y declaró en contra del primero y de otros de sus ex compañeros.
Garay Cadena finalmente fue absuelto, ya que Bayardo del Villar no pudo ratificar sus declaraciones, pues a pesar de la protección que supuestamente recibía, fue asesinado cuando tomaba un café en un restaurante de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.
El 8 de mayo del 2008, fue ejecutado otro de los principales hombres de confianza de García Luna: Edgar Eusebio Millán Gómez, director de Despliegue Regional de la Policía Federal, de quien se dijo que fue víctima de una venganza en contra de su jefe.
Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, segundo en jerarquía dentro de la organización de los hermanos Beltrán Leyva, fue detenido en enero de 2008. Se dijo que había sido delatado por su primo y anterior socio, “El Chapo”, lo que originó la ruptura definitiva entre ambos.
La noche del 7 de mayo de ese mismo año, Millàn Gómez estuvo a punto de atrapar a Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, líder máximo de la organización, pero pudo escapar protegido por sus sicarios. Se dijo entonces que de nueva cuenta, el “Chapo” había dado informes a la gente de Genaro García Luna para que Arturo fuera detenido.
Tras el fallido operativo, Eusebio regresó a su base para rendir su informe y al enterarse que tendría que volver temprano al otro día, decidió no irse a su casa, al sur de la Ciudad de México, sino ir a ver sus padres, en las calles de Magnolia, en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México.
Serían las tres de la madrugada del 8 de mayo, cuando llegó al inmueble, pero ya los sicarios lo esperaban dentro de la misma construcción y en cuanto bajó de su patrulla y trató de ingresar al inmueble, lo asesinaron a balazos.
Con su muerte, quedó al descubierto que también había traidores dentro de la Policía Federal, pues sólo sus compañeros sabían que iría a ese lugar y alertaron a sus victimarios.
Cómo olvidar el caso de las indígenas Hñähñú (otomíes), Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, vendedoras de aguas frescas y nieve en un tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Fueron acusadas de haber atacado, sometido y secuestrado a seis agentes de la AFI, durante un operativo en el tianguis, realizado el 26 de marzo de 2006. Los federales, sin justificación legal, realizaban un operativo en el tianguis, para decomisar piratería. Los comerciantes, cansados de las raterías de los agentes se opusieron y se originó el zafarrancho. Ese día no detuvieron a nadie, pero cinco meses después, las mujeres fueron aprehendidas.
En un juicio en el que no se presentaron pruebas en su contra, no hubo interpretes (las mujeres casi no hablaban español) y se fabricaron declaraciones, fueron sentenciadas a 25 años de cárcel y a pagar a los “indefensos agentes” 90 mil pesos a cada uno.
Tres años después, un Tribunal Unitario revocó la sentencia. Las exoneró y en 2009 fue liberada Jacinta. Las otras dos indígenas quedaron libres al año siguiente. En mayo de 2014, ocho años después de la injusticia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), luego de la demanda de resarcimiento moral y material interpuesta por las afectadas, dictaminó: “Jacinta, tienes razón. La PGR hizo mal su trabajo por lo que se te va a indemnizar”.
Aun así, la PGR interpuso el recurso de apelación para evitar la disculpa pública y la reparación del daño a las indígenas. Tuvieron que transcurrir dos años más para que el 25 de mayo de 2016, la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), dictara la sentencia definitiva que obligaba ala PGR a acatar el mandato.
Arely Gómez González, entonces procuradora y después encargada de actuar contra funcionarios corruptos, conoció del fallo pero dijo que lo “analizaría” y, de proceder, cumpliría la ejecutoria. Se fue y jamás acató el mandato.
Tocó a su relevo, Raúl Cervantes Andrade, ofrecer la disculpa pública y reparar el daño causado a las mujeres indígenas. El “usted perdone” se dio pero la reparación de año aún está pendiente.
En el 2002, agentes de García Luna asesinaron a golpes a Guillermo Vélez Mendoza, instructor de un gimnasio. Fue acusado de formar parte de la banda de secuestradores “Los Ántrax”. Lo detuvieron y lo torturaron hasta matarlo. La PGR, a través de su oficina de prensa, se encargó de exhibirlo como plagiario. La versión oficial fue que había opuesto resistencia por lo que los agentes tuvieron que actuar. Ello provocó que los familiares perdieran su empleo y que en todos lados fueran señalados como secuestradores, por los señalamientos de la PGR.
La familia emprendió un litigio que duró siete años, hasta que en noviembre de 2009, un tribunal de alzada ordenó que la PGR ofreciera una disculpa pública y reparara el daño. La madre del joven ya no se enteró del triunfo. Murió medio año antes, agobiada por la larga lucha.
Se condenó a un comandante y a cinco agentes a pagar más de 10 millones de pesos. Los federales se declararon insolventes y la PGR tuvo que absorber el pago.
Pero tuvieron que transcurrir cinco años más, para que en abril de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, ofreciera disculpas públicas y ordenara el pago de los 10 millones de pesos.
Otra de las acusaciones en su contra, es que cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el sexenio de Felipe Calderón, favoreció con información confidencial a la compañía Icit, propiedad de la familia Weinberg, que tiene una relación estrecha con el ex funcionario.
El ex funcionario otorgaba a Icit información pública, como detenciones de importantes narcotraficantes, al grado de que la empresa tenía conocimiento de los hechos antes que cualquier medio de comunicación.
El grupo Icit es reconocido como uno de los principales proveedores de equipos y tecnología de seguridad israelí en Latinoamérica.
Ese es un somero panorama de la trayectoria del llamado “Súper Policía”, que en un tiempo, con media docena de incondicionales, soñó con ser el jefe único y absoluto de todas las policías de México y que ahora se halla detenido acusado de ser uno de los principales protectores del Cártel de Sinaloa.
AM.MX/fm
