CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la reparación del daño, a favor del Estado Mexicano, en un proceso entablado contra un exfuncionario de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y un rector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), en el caso denominado La Estafa Maestra.
La reparación del daño fue por la cantidad de 62 millones 877 mil 192 pesos y deberá ser cubierta por Ricardo Mejía Zayas y José Francisco Monroy Gaytán, quienes en su calidad de director General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y rector de la Universidad Intercultural del Estado de México, respectivamente, suscribieron un convenio.
En dicho convenio se advirtieron irregularidades, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que la casa de estudios referida, subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con la dependencia federal, a un precio inferior; lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal.
La @FGRMexico obtuvo la reparación del daño por 62,877,192 pesos a favor del Estado Mexicano, tras acreditar la responsabilidad de Ricardo “M” y José “M” por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso conocido como “La Estafa Maestra”, luego de… pic.twitter.com/oCgrwOWbhY
— SPR Informa (@SPRInforma) December 11, 2025
En junio de 2022, un juez federal con sede en el reclusorio Sur otorgó el beneficio de la libertad condicional a ambos involucrados; sin embargo, la autoridad ministerial “aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de estas dos personas”.
“Se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados”, es decir podrán continuar en libertad.
En este caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la FGR que la Sedesol signó un contrato por más de 124 millones con la UIEM para que integrantes de esa casa de estudios llevaran a cabo la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semi urbanas, para que la dependencia federal ubicara a personas que se identificaran en situación de pobreza extrema.
Sin embargo, ilegalmente la casa de estudios subcontrató siete empresas para que llevaran a cabo la aplicación de estos cuestionarios en diciembre de 2015, y ni las compañías ni la universidad entregaron los materiales establecidos en el contrato, lo que generó un daño al erario público y fue considerado como parte del caso La Estafa Maestra.
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