CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre (AlmomentoMX).- Miguel Ángel Félix Gallardo podría lograr su libertad luego de que un juez revisa su caso y es posible que salga de la cárcel porque ya compurgó su pena o bien para que termina de pagar en prisión domiciliaria.
Sus abogados alegan que el juez que ratificó la sentencia de 37 años se equivocó en el conteo.
Argumentan que no fue correcto el cómputo y que el capo podría estar privado de su libertad al compurgar más tiempo del que establece la sentencia.
De acuerdo con su abogado defensor, el juez debió tener en cuenta que, para determinar la fecha de compurgación de la pena, debió realizar un cómputo teniendo en cuenta, al menos, el tiempo que el sentenciado ha estado privado de su libertad y la pena de prisión impuesta en la sentencia definitiva.
“Este ejercicio puede tener un impacto material en la libertad del quejoso, pues cabe la posibilidad de que, frente a un cómputo incorrecto, aumente o disminuya la pena –de facto –el tiempo que deba estar en prisión el sentenciado”, detalló el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Durante los años que lleva en reclusión, Félix Gallardo ha solicitado la prisión domiciliaria por edad, por buen comportamiento y porque ya le faltan al menos unos siete años para terminar de compurgar su pena. Pero se la han negado, a pesar de que sufre diversos padecimientos renales, oculares y cardíacos.
En su demanda de garantía, Félix Gallardo argumentó que tiene más de 70 años y que su estado de salud es precario, motivo por el cual alcanza el beneficio de la prisión domiciliaria y ha argumentado que si no se la conceden sería un acto de discriminación.
En este caso, un tribunal resolvió que el otorgamiento de la prisión domiciliaria, por edad, constituye una facultad potestativa del Poder Judicial, es decir, no es un derecho de la persona sino una facultad de la autoridad judicial y dependerá de cada caso en específico si la persona puede o no cumplir con la pena impuesta.
Al borde de la muerte
Miguel Ángel Félix Gallardo, se encuentra al borde de la muerte por el precario estado de salud en el que se encuentra, así lo manifestaron sus hijos María Delia Félix y José Luis Félix, quienes indicaron que a pesar de que existe la orden de un juez para ser trasladado del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco a uno de mediana seguridad para recibir la atención médica que requiere se la han negado bajo el argumento de “no porque yo digo”.
En entrevista con Al Momento Noticias, señalaron que durante su estancia en los penales de máxima seguridad, Miguel Ángel Félix Gallardo, ha perdido la vista del ojo derecho, la escucha del oído izquierdo, perdió los dientes frontales, sufre de problemas gastrointestinales y las vértebras de la espalda se encuentran lesionadas por lo que en ocasiones no puede ni siquiera caminar, por lo que tiene que casi arrastrarse apoyado en las paredes.
Denunciaron que Félix Gallardo es víctima de tratos crueles e inhumanos, tortura psicológico, negativa a proporcionarle atención médica en las especialidades de odontología, otorrinolaringología, oftalmología y gastroenterología; así como la falta de suministro de medicamentos, la segregación, aislamiento e incomunicación con los demás internos, el encierro en celda por más de veinte horas al día sin luz, ventilación y con humedad, y la prohibición de realizar actividades individuales o colectivas, así como deportivas, laborales y académicas.
Señalaron que el 25 de agosto de 2014, tomando en consideración que el derecho a la salud es continuo y universal, se promovió un amparo del cual tuvo conocimiento el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles federales en el estado de México, en el que se ordenó que se le diera a su padre el tratamiento médico que necesitaba, además se concedió el amparo y protección de la justicia, pero la autoridad responsable interpuso el recurso de revisión y actualmente se encuentra pendiente la resolución.
Señalaron que durante el transcurso del juicio de amparo 1198/2014 no se le brindó la atención médica, desatendiendo la orden que se dio en tal suspensión.
También, dijeron, durante ese lapso se ordenó su traslado a un centro de mediana seguridad por la Juez Cuarto de Distrito de procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, sin embargo, fue trasladado al centro Federal de readaptación Social número Dos “Occidente”, en Guadalajara, Jalisco.
Indicaron que de acuerdo con el expediente No. P-885-14, enviado al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señala que la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, en la causa 82/85 que actualmente se encuentra en instrucción, ordenó mediante resolución del 17 de diciembre del 2014, que Miguel Ángel Félix Gallardo fuera internado en la Comisaría de Prisión Preventiva de la Zona Metropolitana de Jalisco o bien en el reclusorio Preventivo metropolitano, ambos en el estado de Jalisco.
Indicaron que han pasado más de seis meses sin que se cumpla la orden del Juez, por lo que es evidente que se le han violado sus derechos humanos.
Refirieron que a su padre, se le siguió el proceso 103/85 y su acumulado 72/89 por el entonces Juez Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, actualmente 203/2000 del Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales federales en el Distrito federal, el que dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión, por los delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.
De esta manera, Miguel Ángel Félix Gallardo, sufrió dos reveses legales en menos de un mes. Ambos fallos, en juicios de amparo, están relacionados con su traslado desde el penal de Almoloya de Juárez el 31 de enero de 2015, al CEFERESO 2 Occidente.
Por una parte, un Tribunal Unitario le negó el amparo para que sea cambiado del penal federal a uno de los penales estatales de Puente Grande, y sea al Reclusorio Preventivo o al Reclusorio Metropolitano. Las autoridades de Jalisco se negaron a recibirle en todo momento. La Fiscalía de Reinserción Social (FIRES) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), argumentaron que el centro preventivo cuenta con sobrecupo y además el reo es de alto perfil criminológico, mientras que el flamante reclusorio metropolitano se encuentra inconcluso en su construcción.
Otro factor adverso a los intereses del interno es que ninguno de los establecimientos carcelarios mencionados cuenta con las condiciones necesarias para brindarle la atención médica que requiere, dados sus múltiples padecimientos crónicos y degenerativos.
En la otra resolución, un Tribunal Colegiado en Materia Penal de la misma entidad confirmó la negativa a amparar al capo en contra de la revocación del traslado de la prisión del Estado de México a Jalisco, lo que implicó su retorno al centro carcelario del Altiplano.
En noviembre de 2014, cuando se autorizó el cambio de penal de Miguel Félix, éste expresó en audiencia “Yo le suplico a la juez que se me traslade al Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en donde se encuentra mi proceso. Mi cuello no sube sangre al cerebro, aquí no puedo ni siquiera meter un papel para defenderme, tengo riesgo de infarto y la altura de aquí me perjudica, mi proceso está en el Juzgado, solicito mi trasladado para poder enfrentar el proceso con la imparcialidad que es debida”.
El precario estado de salud y la atención a la causa criminal pendiente en Jalisco motivaron su traslado; sin embargo, el Ministerio Público de la Federación apeló a este auto y un Tribunal Unitario revocó la autorización del cambio de centro penitenciario. El hombre de 69 años de edad purga una sentencia de 40 años de prisión dictada en el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal por su responsabilidad en la comisión de los delitos de acopio de armas, cohecho y contra la salud.
Además de otras condenas, aún está pendiente de dictarse sentencia definitiva en contra de Félix Gallardo por el secuestro y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en 1985.
“Hace más de tres años, sin justificación alguna, las autoridades carcelarias lo mantienen segregado, aislado e incomunicado del resto de los internos y le han suprimido toda actividad física, cultural, deportiva y educativa”, afirmaron.
“No debería estar allí, se le han violado sus derechos humanos. Dicen que los derechos humanos son el sustento de la democracia, pero no se cumple”, agregó María Delia Félix.
Félix Gallardo fue detenido en 1989 y cumple una sentencia de 40 años por delitos relacionados con narcotráfico y armas, sin que existieran pruebas.
El 9 de abril de 1989, encontrándose en su domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Miguel Ángel Félix Gallardo, acompañado de su esposa atendieron un llamado a la puerta, donde se encontró con el comandante Guillermo González Calderoni, quien iba acompañado de varios agentes de esa corporación, inmediatamente fue golpeado por dicho comandante y procedieron a introducirse a su domicilio sin orden de cateo, más tarde fue llevado a las oficinas de la Procuraduría General de la República, donde se le acusó de tener armas en su domicilio, así como cocaína.
Los hechos fueron consignados por el Juez Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, quien le dictó auto de formal prisión por tales ilícitos y su defensor en ese entonces promovió la acumulación de proceso 72/89 al 103/86, a los que habiéndose acumulado anteriormente diversos delitos del fuero común como fueron los relacionados con cohecho.
Los delitos de cohecho que eran del fuero común, se hacían consistir en que Félix gallardo había entregado dádivas a policías para que le ayudaran en sus actividades ilícitas, situación que negó desde un principio. Sin embargo, a los policías se les instruyó juicio en juzgados del fuero común y todos fueron absueltos, causando ejecutoria sus resoluciones, las cuales fueron exhibidas ante el Juzgado Décimo de Distrito que le instruía proceso al señor Félix Gallardo.
Después de más de 26 años de permanecer detenido, solicitó la aplicación de beneficios y la adecuación de la pena restando la prisión preventiva; sin embargo, esta le fue negada, pues no se tomó en cuenta que al acumular los procesos debería descontarse la prisión preventiva de cada uno de los beneficios deben de abonarse en el descuento de la sanción desde que se comete el delito y no a partir de que se dicta la sentencia.
Sus hijos, María Dalia y José Luis, pidieron que se haga justicia, que vean al ser humano que está enfermo y en peligro de muerte.
Manifestaron que insistirán en que su padre pueda ser beneficiado con la prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad y a su precario estado de salud.
“Esperamos que el gobierno demuestre que puede cumplir con los cambios que dice son para beneficiar a la sociedad”, señaló María Dalia.
AM.MX/fm
