fbpx Familiares de desaparecidos presentan al Senado propuesta de ley contra este delito | Almomento | Noticias, información nacional e internacional

desaparecidosCIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre (Al Momento Noticias).- El presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, se reunió este miércoles con organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas, quienes le hicieron entrega de una propuesta de ley sobre desaparición forzada.

El senador dijo que este instrumento debe nutrir la discusión legislativa, a fin de que en conjunto se pueda encontrar el mejor modelo, los mejores instrumentos y elementos para implementar una política de Estado que devuelva a sus familiares a aquellas personas que hoy no podemos encontrar.

Aseguró que esta iniciativa será tomada en cuenta y se comprometió a que los familiares de personas desaparecidas sean escuchados en el debate de las distintas propuestas que existen en esta materia.

Reconoció que el Estado mexicano tiene una deuda frente a las víctimas y sus familiares, por lo que la creación de un instrumento legislativo “potente” permitirá pagar esa deuda. De ahí, indicó, la necesidad de encontrar conciliaciones, equilibrios y acercamientos para impulsar un diálogo productivo y útil.

Recordó que como senador presentó una iniciativa de reforma constitucional y una de ley reglamentaria en materia de desaparición de personas., la cual puede tener muchas áreas de oportunidad, pero está construida con la mejor intención para crear un instrumento que permita resolver el drama humano que muchas familias del país viven.

Gil Zuarth hizo énfasis en que el Estado está obligado a fortalecer sus capacidades y diluir los círculos de impunidad y corrupción que impiden que las personas desaparecidas puedan ser encontradas y que cada desaparición sea investigada por una autoridad confiable y que rinda cuentas.

La senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que la Comisión de Derechos Humanos, que ella preside, buscará llevar a cabo una reunión de trabajo con las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, a efecto de integrar las propuestas entregadas, y elaborar un proyecto que permita un nuevo marco jurídico en la materia, “pues lo que ustedes piden es un compromiso que nosotros signamos”.

A nombre de familiares de personas desaparecidas, Janahui Paredes Lanchino manifestó que su voz es imprescindible para crear una ley que esté acorde y reconozca la dimisión y profundidad de esta tragedia.

Destacó que las autoridades están frente a una oportunidad histórica para reparar la confianza dañada y para crear una política de Estado que responda a las desapariciones, con la participación de las organizaciones de familiares de desaparecidos y de la sociedad civil.

Refirió que realizaron una serie de consultas con más de 70 organizaciones de familiares de desaparecidos en todo el país, en Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos, “cuyo resultado presentamos hoy ante ustedes”.

Queremos que esta ley sea una ley desde las víctimas, para las víctimas y con las víctimas, que se garantice la participación y el trabajo en conjunto con las familias en su formulación, implementación y evaluación; exigimos nuestro derecho a participar, apuntó.

En tanto, Araceli Salcedo Jiménez exigió que la nueva ley recoja de la realidad de las víctimas y sus familiares “porque nosotros sabemos lo que es este duro camino”.

Dijo que en México las investigaciones en casos de desaparición de personas están dirigidas por las mismos familiares de las víctimas, pues el Estado mexicano usa estrategias para deslindarse de las indagatorias; por ello, pidió que en la legislación se mantenga su derecho de coadyuvancia en el proceso sin importar la nacionalidad, ni el país de residencia de las familias y sus representantes.

Hizo notar la necesidad de que se tipifique correctamente el delito de desaparición forzada y la incorporación del ilícito de desaparición por particulares.

Para Juan Carlos Trujillo es indispensable crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, el cual debe ser una entidad con autonomía y facultades que le permitan impulsar las acciones necesarias en la desaparición de personas, sin importar la nacionalidad o ciudadanía.

El mecanismo de búsqueda tendría un órgano integrado por representantes de familiares, organizaciones de la sociedad civil, gobierno federal, estatal y municipal, a fin de crear mecanismos de coordinación interestatal e interinstitucional, incluso con autoridades de otros países.

En su turno Marta Camacho indicó que la ley debe crear una serie de programas sociales y adaptarlos a las condiciones particulares de vulnerabilidad en que se encuentran las familias de las personas desaparecidas, incluyendo a los migrantes.

Aseguró que la reparación integral del daño debe ser parte fundamental del proceso de justicia y proporcional a la gravedad del daño que hayan sufrido; sus medidas reparatorias deben ser prontas, adecuadas y efectivas, “deben realizarse de acuerdo a los estándares internacionales”.

Teresa Jiménez argumentó que debe reconocerse el legítimo derecho de las familias a ser parte de todo el proceso que posibilite encontrar a los desaparecidos. “Por ello exigimos un diálogo horizontal con los colectivos de familiares para la elaboración e implementación de la ley”.

El documento presentado por el Colectivos de Familiares y Organizaciones no Gubernamentales, señala que la Desaparición de personas en México, en la última década, ha tomado dimensiones como nunca en la historia reciente de nuestros Pueblos, el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, señaló que la “información recibida (…) ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas

“Esta ley debe:

  • Reconocer la problemática de las desapariciones forzadas y las desapariciones por particulares en su verdadera dimensión y profundidad: la magnitud, las causas estructurales y condiciones que han generado esta crisis de derechos; las limitaciones y vicios del quehacer institucional, todo ello para dar una respuesta en la medida y alcance necesaria para encontrar a todas las personas desaparecidas.
  • Garantizar la participación de los familiares en la formulación e implementación de la ley, entendiendo ésta como trabajo en conjunto, diseñando para ello los mecanismos y procedimientos adecuados.
  • La ley debe contemplar mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano sobre el desempeño de los servidores públicos y las instituciones en su implementación.

Queremos que esta sea una ley desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas.

Características de la Ley General:

  • Debe ser una ley Integral, que aborde las diferentes dimensiones de esta problemática.
  • En ella debe ampliarse el concepto de persona desaparecida para que sea reconocida como sujeto de derecho.
  • Debe ser autoaplicativa para que con su entrada en vigor se convierta en obligatoria para todas las instituciones en los tres niveles de gobierno.
  • La ley debe incluir y ser aplicada a todas las desapariciones, las del pasado, presente y las que desgraciadamente puedan ocurrir en el futuro.
  • La ley debe atender las desapariciones de personas migrantes, y tener un enfoque trasnacional.
  • Debe formularse desde una visión de derechos y con perspectiva de género.
  • La ley debe prever un enfoque diferenciado en atención a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad.
  • Entendemos que más allá de una ley, se requiere una legislación amplia en la materia. A partir de su aprobación debe generarse un proceso de armonización con todas las leyes y ordenamientos que se requieran para hacer posible su cabal cumplimiento.
  • A partir de su publicación se debe generar un proceso de información, capacitación y sensibilización de los funcionarios responsables de aplicarla.
  • Para que se convierta en un instrumento efectivo para los familiares de las personas desaparecidas, debe redactarse en un lenguaje sencillo y ser accesible para todos.
  • Finalmente la ley debe garantizar las condiciones para la búsqueda inmediata de la persona desaparecida, la investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido la investigación o la búsqueda, a quienes dieron la orden de perpetrar la desaparición, y a quienes de cualquier manera oculten información sobre el paradero de la persona”.

AMN.MX/fm

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