CIUDAD DE MÉXICO, 23 de enero (AlmomentoMX).- La Ley de Seguridad Interior que pretende “legalizar” los excesos y despropósitos de la militarización de la seguridad pública ya tiene seis recursos de anticonstitucionalidad presentados ante la Suprema Corte de Justicia, a pesar de la insistencia de voceros oficiosos por hacer creer que no iba a ser impugnada, señaló la senadora Dolores Padierna Luna.
Indicó que los promotores de estas acciones han sido los integrantes del Senado que votamos en contra de esta ley y dimos una extensa batalla y un diálogo de “sordos” el 15 de diciembre pasado, además de los diputados federales que se opusieron.
Señaló que también presentaron recursos de este tipo ante el máximo tribunal del país el municipio de Cholula, Puebla, a pesar de las presiones evidentes del alto mando militar, el partido Movimiento Ciudadano, el Congreso Nacional Ciudadano, y los órganos autónomos como la CNDH y el INAI.
“No son iguales estas seis acciones de anticonstitucionalidad. Más bien cada una puso el acento en las consideraciones más importantes frente a una ley que sólo tiene 34 artículos, pero presenta violaciones en más del 80 por ciento de éstos”.
Refirió que por ejemplo, la CNDH impugnó 19 artículos, más el tercero, cuarto y quinto transitorios, argumentando que la subordinación de las autoridades civiles frente a las militares, va en contra del artículo 21 constitucional. También afirmó en su recurso ante la Suprema Corte que los artículos impugnados vulneran el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, ya que perpetúan la intervención de las Fuerzas Armadas.
Añadió que el INAI presentó una amplia impugnación al artículo 9 porque el candado que se le interpuso al acceso a la información en materia de seguridad nacional viola el principio de máxima publicidad, establecida en el artículo 6 constitucional. El INAI también cuestiona el artículo 31 porque afecta su propia autonomía y la de otros organismos autónomos como la CNDH, el INE y el INEGI porque los obligaría a dar toda la información, incluyendo datos personales de los ciudadanos, cada vez que las fuerzas armadas lo requieran.
Comentó que organismos no gubernamentales como el Movimiento Ciudadano contra la Ley de Seguridad Interior impugnó toda la ley porque “creemos que pone en riesgo también cuestiones de procedimiento”. Se centraron, sobre todo, en los artículos que atentan contra el derecho a la libre reunión y a las manifestaciones político-electorales.
“Sin duda, las acciones más completas son las de los 43 senadores del PT-Morena, PRD y algunos del PAN porque consideramos que esta ley viola 11 artículos constitucionales y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
A su vez, los diputados federales del PAN, PRD y MC, así como de Morena presentaron una acción que impugna 28 de los 34 artículos porque contraponen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Manifestó que no se puede evadir tal cantidad de impugnaciones, por más que sigan presumiendo en el gobierno federal que se trató de un “proceso legislativo normal”.
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