CIUDAD DE MÉXICO.- En 2017, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, demandó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el pago de 5 mil 810 millones de pesos por concepto de impuesto predial, impuestos sobre nómina y suministro de agua, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 a 2013.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió que los inmuebles del ISSSTE están exentos del pago de impuesto predial, al tratarse de bienes del dominio público de la Federación utilizados para cumplir funciones públicas.
De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución, en la Ciudad de México no pueden gravarse con impuestos los bienes inmuebles federales cuando están destinados a la operación de dependencias o entidades públicas.
Al analizar el amparo, el Pleno de la Corte, por mayoría de seis votos, determinó revocar la sentencia del Tribunal Colegiado, conceder el amparo al ISSSTE y devolver el asunto para que se revise si la autoridad fiscal capitalina acreditó correctamente que los inmuebles del Instituto no estaban destinados al servicio público de salud.
Respecto al impuesto sobre nóminas, la Corte también ordenó que el Tribunal Colegiado reevalúe los argumentos del ISSSTE. Sin embargo, sobre el pago por derechos de suministro de agua, el máximo tribunal no concedió la exención.
La SCJN también precisó que corresponde a la autoridad fiscal demostrar que los inmuebles federales no están destinados al servicio público para poder cobrar impuestos, y no al ISSSTE probar lo contrario, como había sostenido previamente el Tribunal Colegiado.
El monto que el gobierno capitalino buscaba cobrar —más de 5 mil millones de pesos— supera incluso el presupuesto anual asignado a instituciones como la Cámara de Senadores y la propia SCJN. Además, representa más del 20 por ciento de la recaudación total por impuesto predial proyectada para 2026 en la Ciudad de México.
Este caso no es aislado. En 2024, la SCJN resolvió un asunto similar en el que determinó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debía pagar más de 3 mil 575 millones de pesos por concepto de predial de la Central Hidroeléctrica Malpaso, en Chiapas, marcando criterios distintos según el uso y régimen de los inmuebles federales.
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