Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México ha fijado una postura contundente respecto al trágico incidente en el inmueble de San Antonio Abad 124, donde tres trabajadores perdieron la vida el pasado 9 de marzo. A través de la Secretaría de Vivienda (SEVIVIENDA), las autoridades aclararon que los mecanismos de agilización administrativa no eximen a ninguna instancia del cumplimiento estricto de las normas de seguridad. Este pronunciamiento busca delimitar las competencias legales y garantizar que el proceso de deslinde de responsabilidades se realice bajo un marco de transparencia y apego a la ley.
SEVIVIENDA aclara que las facilidades administrativas no sustituyen las licencias de demolición
El titular de la dependencia, Inti Muñoz Santini, fue enfático al señalar que existe una confusión sobre la naturaleza de los apoyos gubernamentales para la reconstrucción. “Hay una interpretación equivocada de lo que tal vez no se entiende o no se conoce. El acuerdo de facilidades administrativas para obras relacionadas con la reconstrucción… es un mecanismo que busca agilizar el inicio de las labores de demolición de edificios en alto riesgo estructural”, explicó. Bajo esta premisa, el funcionario subrayó que estos beneficios operan estrictamente dentro de la legalidad: “Como lo dice claramente la propia ley, esto no está por encima de ninguna disposición de carácter legal y por supuesto no está por encima de la Constitución”.
La dependencia puntualizó que simplificar trámites secundarios no otorga un “cheque en blanco” a las empresas o autoridades locales para omitir la vigilancia. “La aplicación del acuerdo de facilidades no es una licencia y no exime a las autoridades competentes de llevar a cabo, a pie juntillas, sin interpretación de por medio, lo que señala la ley orgánica, el reglamento de construcciones”, sentenció Muñoz Santini. En este sentido, recalcó que “el acuerdo de facilidades exenta algunos trámites de carácter complementario pero no exime de la aplicación de las obligaciones en materia de ley”, las cuales describió como ineludibles.
Alcaldías mantienen la facultad exclusiva de verificar medidas de seguridad en obras
Respecto al deslinde de responsabilidades, la SEVIVIENDA recordó que el marco normativo vigente, incluyendo la Ley Orgánica de Alcaldías y el Reglamento de Verificación Administrativa, establece con claridad a quién corresponde la supervisión directa. “Es potestad exclusiva de las alcaldías verificar las disposiciones legales y administrativas en materia de construcciones y demoliciones”, detalló el secretario. En el caso específico de San Antonio Abad 124, se informó que si bien se otorgaron facilidades para la exención de ciertos pagos, “la autoridad debe revisar lo que le corresponde conforme a derecho”, integrando estas obligaciones en la documentación entregada al particular.
Finalmente, el Gobierno capitalino informó que los familiares de las víctimas ya reciben apoyo por parte de la empresa constructora, bajo la supervisión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene una investigación abierta donde se presentarán todas las pruebas documentales para determinar las causas del derrumbe. El funcionario reiteró que el particular solicitó adherirse al esquema de facilidades en octubre de 2025, pero recordó que “todo eso está especificado en la leyenda al final que indica los preceptos de ley que deben ser seguidos”, reafirmando que la seguridad estructural es una responsabilidad compartida que no admite omisiones.
AM.MX/CV
