Exige senadora Murguía pronto esclarecimiento de los asesinatos del juez Villegas y su esposa

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CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez condenó los cobardes asesinatos del juez federal, Uriel Villegas Ortiz, y de su esposa, sucedidos ayer en Colima, y exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) el pronto esclarecimiento del caso y castigo a los responsables.

Es un hecho que agravia profundamente al Poder Judicial, pero también a toda la sociedad, lo cual, desafortunadamente, dijo, no es un caso aislado, porque se tiene conocimiento de que en el país hay 303 juzgadores amenazados y que desde 2019 han solicitado protección.

Por la información que se nos ha proporcionado 79 jueces ya cuentan con seguridad en estados como Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Guerrero y Estado de México, ante agravios y amenazas de diferente manera, manifestó en conferencia de prensa virtual previo a la sesión de la Comisión Permanente.

El juez Uriel Villegas también contaba con elementos de seguridad, toda vez que había sido víctima concretamente de amenazas de la delincuencia organizada, pero desafortunadamente, quizá por razones presupuestales, se eliminó esta protección que se le había brindado, denunció.

«Son de verdad hechos lamentables, no podemos hablar de que exista un Estado de derecho mientras estos hechos permanezcan impunes y no se haga justicia. Necesitamos acabar con la impunidad y que quien comete estos actos, como digo, como autor intelectual o material, sea responsable y esté sujeto al imperio de la ley y a la sanción correspondiente», indicó.

La senadora Guadalupe Murguía consideró que los asesinatos de Uriel Villegas y de su esposa, cometidos con lujo de violencia, constituyen una grave amenaza a los juzgadores de este país, a su profesionalismo y a su objetividad para impartir justicia, «porque se hacen casi con la garantía de que los autores no van a pagar las consecuencias».

Por ello, demandó a la FGR identificar y someter a proceso a los responsables de estos hechos y lamentó la incapacidad del gobierno federal para impedir este tipo de crímenes.
AM.MX/fm

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