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Claudia PavlovichHERMOSILLO, SONORA, 7 de agosto (Almomento MX).-En relación a las declaraciones de la Gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich el pasado 4 de agosto, referentes a  modificar el código penal  de Sonora para eliminar el delito de estupro  a raíz de lo sucedido por el caso de la niña Citlali, víctima de violación sexual;  desde la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD declaramos lo siguiente:

  1. La intención de la Gobernadora Pavlovich de que se modifique el código penal no resuelve lo inmediato, en este momento se requiere la reparación del daño ocasionado a Citlali por la violación de sus derechos humanos y sanción a los responsables de ello.
  2. La Gobernadora debe garantizar las sanciones correspondientes a los servidores públicos que ignoraron los derechos de Citlali como víctima de agresión sexual; dado que hubo testigos de la misma y que denunció de inmediato ante el Ministerio Público; ella tenía derecho a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia para evitar el embarazo y ni siquiera se le informó de ese derecho.
  3. Consumado el embarazo, Citlali debió ser informada de que tenía derecho a la interrupción del mismo, producto de una agresión sexual; independientemente de la calificación del delito que hiciera el juez de la causa, fuera estupro o violación.
  4. El personal del sector salud en el estado de Sonora, conoció del asunto y se negó a practicar el aborto al que Citlali tenía derecho.

Esta serie de violaciones a los derechos de Citlali no puede quedar en la impunidad, la Gobernadora Pavlovich debe ejercer sus facultades para que se repare el daño causado.

La razón de la prevalencia del estado laico y democrático de derecho que promueve el PRD se sustenta directamente en el respeto irrestricto a los derechos humanos de la ciudadanía y en particular de las mujeres y las niñas, por tal razón el Estado Mexicano debe garantizar esa laicidad para que no ocurran atropellos aberrantes como los que se presentaron en el caso de Citlali, ningún dogma religioso debe imperar en las actuaciones de las y los servidores públicos cuya responsabilidad es garantizar derechos y aplicar las leyes.

AM.MX/fm

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