Patricia Retana
CIUDAD DE MÉXICO.- El hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, como uno de los peores campos de exterminio del crimen organizado en México, que por cierto aún no se oficializa su condición los investigadores, pero que ha puesto bajo escrutinio a la Fiscalía Estatal de Jalisco, luego de que la Fiscalía General de la República revelara una serie de omisiones e irregularidades en la investigación del sitio.
En conferencia de prensa el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que el Ministerio Público local falló en procesar correctamente la información desde el cateo inicial, dejando sin registrar pruebas clave y sin integrar adecuadamente las declaraciones de testigos y víctimas.
De acuerdo con la FGR, la Fiscalía de Jalisco no cuenta con información suficiente ni confiable sobre los restos humanos localizados, lo que compromete la integridad de la investigación.
En septiembre de 2024, el rancho Izaguirre fue allanado por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, sin embargo, se descartó la existencia de pruebas concluyentes, permitiendo que el sitio quedara en estado de abandono.
Seis meses después, colectivos de búsqueda lograron ingresar al lugar y encontraron evidencias de incineración masiva, prendas de vestir, calzado y cientos de restos óseos, elementos que las autoridades locales no documentaron en su momento.
Uno de los hallazgos más inquietantes es que señalamientos de colusión entre la policía municipal de Tala y el crimen organizado no fueron investigados y se relaciona directamente al jefe local. Se han identificado al menos 10 detenidos vinculados al CJNG en la zona desde septiembre del año pasado, así como tres sobrevivientes que lograron escapar del rancho Izaguirre.
La Fiscalía de Jalisco no ha entregado información completa sobre los secuestrados que fueron rescatados, lo que refuerza la sospecha de que las investigaciones locales fueron deliberadamente obstaculizadas.
Además, no se realizó seguimiento adecuado a las víctimas identificadas en el rancho.
Testimonios de sobrevivientes y detenidos no fueron integrados en carpetas de investigación, lo que sugiere una posible protección a grupos delictivos por parte de las autoridades locales.
PRUEBAS CLAVE QUE FUERON IGNORADAS
Según la FGR, hay dos aspectos clave que no fueron debidamente analizados:
Los indicios de cremación: No se realizaron estudios detallados sobre las cenizas y fragmentos óseos encontrados en el sitio. La FGR señala que las temperaturas de combustión oscilaban entre 800 y 1,200 grados Celsius, lo que sugiere el uso de hornos clandestinos.
La custodia de la evidencia: Más de 400 prendas de vestir, zapatos y objetos personales recuperados en el rancho no fueron documentados ni preservados adecuadamente, lo que compromete su validez como pruebas en un proceso penal.
La cadena de custodia fue completamente violada, pues las pruebas fueron dejadas en el sitio sin resguardo oficial, lo que abre la posibilidad de alteraciones y encubrimientos.
Ante la gravedad de las omisiones, la FGR asumirá el caso y garantizará una investigación completa sobre los delitos de carácter federal cometidos en el rancho Izaguirre, la posible responsabilidad de autoridades locales en el encubrimiento del crimen organizado y la identificación y restitución de las víctimas a sus familiares.
El fiscal Gertz Manero subrayó que no se permitirá la construcción de una nueva “verdad histórica” que maquille lo sucedido en Teuchitlán.
Según testimonios, el lugar funcionaba como un centro de secuestro, tortura y ejecución masiva de personas reclutadas a la fuerza por el crimen organizado.
En los últimos días, se han localizado, cientos de restos humanos, en su mayoría calcinados, más de 400 prendas y objetos personales, restos de hornos clandestinos, utilizados para la incineración de cuerpos y zanjas con evidencias de restos óseos mezclados con sustancias químicas como sosa cáustica, usada para desintegrar cuerpos.
México vive una crisis de desapariciones sin precedentes. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), más de 122,000 personas han desaparecido desde 1964, con un incremento alarmante a partir de 2006, cuando inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
AM.MX/fm
