fbpx ESTADO DE LOS ESTADOS: Selectivo combate a la corrupción | Almomento | Noticias, información nacional e internacional

Lilia Arellano

“Detrás de cada fortuna hay un delito”: Honoré de Balzac

  • Selectivo combate a la corrupción.

  • Poder Judicial, también en la mira de la Cuarta Transformación

  • Sin rubor, contradice y desmiente López Obrador a secretarios

  • Carta a demócratas para aprobar el T-MEC, garantizan reforma

Ciudad de México, 14 de octubre de 2019.- La lucha contra la corrupción emprendida por la Cuarta Transformación no es generalizada, sino parece estar diseñada a combatir a viejos adversarios políticos y sus aliados en los poderes legislativo y judicial, además de litigantes y empresarios. Así se ha visto en el encarcelamiento de la ex secretaria de Estado, Rosario Robles, del influyente abogado Juan Collado y del empresario Alfonso Ancira –libre bajo fianza-; la fuga del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y la negativa a presentar ante el Ministerio Público a sus presuntos cómplices del gabinete de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, entre otros; la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, forzado a dimitir y no explicar las causas, aunque la UIF las precisó; y ahora la suspensión del magistrado Jorge Camero Ocampo. Otro racero muy diferente se usa cuando se trata de aliados políticos y magnates poderosos como Manuel Bartlett y Ricardo Salinas Pliego, e incluso de personajes podridos como el ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps, actualmente intocables, a pesar de las múltiples denuncias en su contra.

En la semana concluida, cobró relevancia la suspensión, por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para investigarlo, del magistrado de Primer Circuito, en la Ciudad de México, Jorge Camero, al cual en la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) consideraron parte de una red de corrupción, y acusan desde la SHCP de “inconsistencias financieras graves”, con depósitos por 80 millones de pesos, y en parte presuntamente relacionadas con una residencia del Pedregal. Camero, quien se ha desempeñado como presidente del Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y de la Asociación Iberoamericana de Jueces, Fiscales y Juristas de la Propiedad Intelectual, acumula 23 años como juzgador. El año pasado, diversas publicaciones dieron cuenta de que es dueño de una casa de 17.8 millones de pesos en Paseos del Pedregal, a nombre de sus hijos, la cual habría pagado de contado, pese a tener ingresos anuales de 2.5 millones de pesos.

Lo fundamental de su suspensión es que se trata de uno de los tres encargados de revisar, como última instancia, la lluvia de suspensiones contra el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), la obra de infraestructura tal vez más importante de la administración de Andrés Manuel López Obrador y que más polémica ha generado a lo largo de esta gestión. Aunque la suspensión se aprobó el miércoles pasado, todavía el jueves participó en una sesión del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en la cual se votaron tres recursos relacionados con la terminal aérea.

El colectivo #NoMásDerroches, el cual litiga contra el AISL, denunció el viernes que dos magistrados de Circuito revocaron el jueves cuatro suspensiones contra el proyecto, a pesar de que antes de la sesión se había planteado el impedimento de ambos juzgadores, y que debía resolverlo otro tribunal. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó las suspensiones y, en una de ellas, abandonó el criterio que el propio tribunal había sostenido, al proteger con una suspensión provisional a un piloto aviador por falta de estudios aeronáuticos y de seguridad del AIS, de acuerdo a lo publicado por el diario Reforma. Por eso, el colectivo acusó: “La existencia de inconsistencias, irregularidades e indicios apuntan a que los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, encargados de resolver la subsistencia o revocación de las suspensiones judiciales de la construcción del AISL, están siendo objeto de presión por el Gobierno federal para levantar a la brevedad todas las órdenes de suspensión concedidas tanto por ellos mismos como por distintos jueces de distrito”.

De acuerdo con “#NoMásDerroches”, los magistrados de la mayoría, Óscar Hernández Bautista y Alfredo Báez López, desecharon sin mayor trámite los impedimentos planteados en su contra, cuando en teoría, tenían que haberlos turnado a otro tribunal y congelar mientras tanto las resoluciones de la AISL. “Esto, incluso, en contra de lo sugerido por el tercero de los integrantes y de quien no se solicitó acusación al haberse mantenido firme y congruente en sus resoluciones –precisamente el magistrado Camero- y quien les hizo ver que no era correcto que ellos mismos se convirtieran en jueces de su propio impedimento y que debían, en todo caso, enviarlo a un diverso tribunal colegiado, como lo marca la Ley de Amparo”, indicó el colectivo.

Todo indica en los próximos días serán revocadas algunas suspensiones que aún mantiene “#NoMásDerroches”, a menos que la Suprema Corte de Justicia ordene detener las sentencias mientras resuelve si atrae los casos. Pero como están las cosas en la Tremenda Corte, es poco probable.

Quien estuvo muy contento con la suspensión y la apertura de la indagatoria a Jorge Camero fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, y celebró ahora si el Poder Judicial actúe para combatir la corrupción. “Yo celebro el que se actúe en el Poder Judicial para combatir la corrupción (…) es un hecho inédito el que por corrupción o por presunta corrupción se destituya a un Magistrado”, indicó en mañanera conferencia de prensa. También aclaró: “hay que limpiar el Poder Judicial, con autonomía, con independencia, porque también se puede estar pensando que somos nosotros, yo ni sabía de la existencia de este magistrado, hasta ahorita me estoy enterando, no nos metemos nosotros en estos asuntos”. Seguro que no, son meras casualidades ¿o no?

JUSTIFICA AMLO OPACIDAD EN PLAN DE SANTA LUCÍA

Tras divulgarse que la Secretaría de la Defensa Nacional clasificó como información reservada, durante cinco años, todo lo relacionado con el diseño, construcción, operación y finanzas del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), el presidente López Obrador prometió toda la información relacionada con la construcción de dicha terminal aérea será abierta a la ciudadanía, pero… cuando concluyan los litigios los cuales han impedido, hasta ahora, el inicio de la obra.

“Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía, lo que tiene que ver con el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos, increíble, 140 amparos, 18 despachos, no se cuántos partidos, medios de información, nos quisieron mayoritear, entonces por eso se tomó esta decisión, pero terminando el proceso legal de amparo se abre”, prometió el titular del Ejecutivo federal, y aseguró: “no tenemos nada que ocultar, no somos igual a los conservadores, entonces, por eso es probable que se haya hecho la reserva en cuanto se terminara el juicio, pero la instrucción que se tiene es la de transparentar todo el proceso”.

AMLO aseguró existe consigna política contra la construcción del AISL y pidió a Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad (MCCI) “dar la cara” y presentar sus pruebas y aclarar los motivos de sus amparos contra ese proyecto. “No dicen la verdad, nosotros hemos cumplido con todo el procedimiento, tan es así que se acudió a que se considerara la construcción del aeropuerto de Santa Lucía como un asunto de seguridad nacional, hemos hecho todo lo que legalmente nos permite la ley, pero ellos tiene consigna política, ellos deberían informar a la gente cuáles son sus razones”, expuso y cuestionó: “Quién está pagando todo esto, de dónde sale el dinero, quién está financiando a estas sociedades, de donde vienen sus recursos, supuestamente es para combatir la corrupción, si no hay transparencia no se puede estar combatiendo la corrupción, que den la cara”.

La reserva de la Sedena, cuya resolución fue realizada por el Comité de Transparencia, integrado por los generales de división David Córdova y André Foullon, y por el general brigadier José Ramírez Zúñiga, incluye documentos técnicos como el plan nacional maestro, proyecto ejecutivo, estudios de seguridad y aeronavegabilidad. La resolución del pasado 18 de septiembre señala: “Ese Comité confirma y declara formalmente como información reservada la totalidad de la información relacionada con el proyecto de construcción de un aeropuerto mixto/militar de capacidad internacional, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, su interconexión con el AICM y reubicación de instalaciones militares, permaneciendo con tal carácter por el término de cinco años, pudiendo ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a la reserva”. Así, también confirmó la clasificación que había realizado la Dirección General de Ingenieros de Sedena, ante una solicitud para entregar “la versión más reciente del plan maestro” del AISL para aportarla como prueba en uno de los amparos que litiga el colectivo #NoMásDerroches.

Durante su primera sesión de este año, el Consejo de Seguridad Nacional declaró como asunto de seguridad nacional lo relacionado con la construcción del AISL, y también reservó toda la información. Y ahora, el Comité de Transparencia expresó una “prueba de daño” para justificar la reserva: “La divulgación de esta información representa un riesgo real, en virtud de que podría ser utilizada por miembros de la delincuencia organizada para consumar delitos de espionaje, terrorismo, sabotaje, traición a la patria, genocidio, dentro del territorio nacional”. Asimismo, refirió posibles actos contra las operaciones militares, el combate a la delincuencia, el personal diplomático, la seguridad de la aviación y las actividades de inteligencia del gobierno.

CONTRADICE AMLO A HERRERA

No son pocas las veces en las cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador contradice o de plano refuta las declaraciones de sus principales secretarios de Estado en temas fundamentales de la agenda nacional, con lo cual lo único generado hacia la población es la incertidumbre, al no saberse realmente qué ocurre al interior de la administración federal, en cuestiones las cuales afectan al grueso de la población. Las contradicciones también están a la orden del día, entre el decir y el hacer, así como en la diferenciación de la aplicación del racero de la ley a unos grupos, consintiéndoles incluso ilegalidades, como en las manifestaciones callejeras de las últimas semanas y la toma de autobuses y otra serie de acciones para alcanzar prerrogativas o privilegios, y la advertencia a otros quienes hacen justos reclamos al titular del Poder Ejecutivo federal, como los rectores de universidades, y su respuesta es tajante, propia de un líder o caudillo autoritario, cuando se supone contamos con un presidente demócrata “muy querido” por sus gobernados.

Tal vez el caso más reciente sobre las contradicciones o de plan refutaciones mencionadas, sea el derivado de las enredadas declaraciones de Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que la edad de retiro subiría en el futuro, y que en el próximo año o año y medio la dependencia discutirá con los fondos de pensiones de trabajadores y organismos empresariales una solución al respecto. En la pista de arranque legislativo se encuentra la discusión de una reforma al sistema de pensiones en México y, en la Cuarta Convención de Afores: “Diálogo por una reforma al sistema de pensiones”, Herrera garantizó la semana pasada no se aumentará la edad de retiro y la tasa de aportación obligatoria si no es consensuada con los trabajadores mexicanos. En el tema de pensiones, puntualizó, “lo mejor es ir de una manera muy disciplinada, acercándose a los que ellos (trabajadores) creen que sería la solución”.

Las afirmaciones de Herrera, como es natural, tuvieron impacto en todo el país, pues el tema afecta a los trabajadores en cada una de las entidades de la República, y fueron tema central en la mañanera conferencia de prensa del presidente López Obrador, quien de inmediato, por tercera ocasión, lo desmintió: “No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro”. Y atajó: “De una vez lo expreso: mientras yo sea presidente no se va a modificar la edad en lo que nosotros corresponde… no queremos saber nada del periodo neoliberal”. En marzo pasado, AMLO desmintió a su entonces subsecretario de Hacienda por unas afirmaciones hechas al diario Financial Times, al negar se fuera a detener la construcción de la refinería de Dos Bocas. Un mes después, en abril, López Obrador refutó la afirmación de su subordinado en el sentido de que el gobierno planeaba restablecer el impuesto a la tenencia. ¿Qué sucede?, se preguntan los ciudadanos. ¿No hay líneas permanentes de información y comunicación entre el inquilino de Palacio Nacional y sus secretarios de Estado? ¿La visión de país en el futuro inmediato del Presidente no es compartida por sus secretarios y demás colaboradores, y de ahí se generan las contradicciones? Independientemente a la respuesta a estas interrogantes, lo único generado es más incertidumbre, en un momento por demás complejo para el México.

Respecto al tema de las pensiones, el proyecto de Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro regresó a la Cámara de Diputados; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por mandato de dicha ley comenzará la elaboración de una reforma al sistema de pensiones. Para ello, primero deberá crearse un comité de expertos, y a través de éste se va a generar una propuesta y se comenzará a discutir. Al verse refutado por su jefe, Herrera aclaró él nunca hizo la propuesta de aumentar la edad del retiro, pero dijo siguen abiertos al debate tripartita, sin especificar a qué partidos se refería. Esa y cualquier otra modificación en su momento se tendrá que conciliar si hay consenso entre trabajadores y patrones, explicó y precisó: “no hay ningún pronunciamiento de nosotros sobre ellos y ni siquiera estamos estudiando a detalles cuáles van a ser los efectos”.

Sin embargo, en la Cuarta Convención Nacional de Afores, Herrera subrayó el único propósito de los fondos de pensiones es garantizar un retiro digno para los trabajadores, “pero no vamos a poder llegar a una solución sobre esto si no la construimos entre todos, eso quiere decir que vamos a tener que trabajar nosotros con los fondos de pensiones, con los propios trabajadores y con los organismos empresariales, y esa va a ser parte de la agenda que vamos a estar discutiendo en el próximo año, año y medio”. El funcionario detalló: “se necesita que se contribuya (los trabajadores) más a lo largo del periodo del trabajo y, eso se puede hacer de diversas formas, como hacer que se ahorre más (aumentar la tasa obligatoria de 6.5 por ciento); puede ser que haya más ahorro voluntario o que en algún momento se pudiera considerar, por alguna razón, que hubiera un aumento en la edad de retiro”.

Para Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el sistema de pensiones en México es anticuado y requiere de una reforma con visión integral, considerando las contingencias fiscales. En este sentido, consideró: “Las propuestas deben ser responsables; suena muy bien extender la edad de retiro, incrementar el nivel de aportaciones, reducir el nivel de aportaciones, reducir el nivel de semanas cotizadas, destacar los retos de la informalidad y los bajos salarios de los mexicanos, pero si estas propuestas no se consideran de forma conjunta e integral, se va a terminar por crear incentivos perversos que no resultarán en mejores pensiones y que se traducirán en un desperdicio de recursos fiscales”. ¿Qué tal?

DE LOS PASILLOS

A través de un mensaje grabado en Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de que el Congreso de Estados Unidos ratifique el T-MEC. Señaló dedicó las primeras horas de este domingo a escribir una carta para los congresistas estadounidenses, en la cual se compromete a mejorar paulatinamente las condiciones de los trabajadores mexicanos, sobre todo en cuestión de salario y libertad sindical. En territorio estadounidense, las centrales de trabajadores desconfían de las intenciones del gobierno mexicano y de su capacidad para cumplir dichos compromisos en materia laboral.

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