Lilia Arellano
“El error es un arma que acaba
siempre por dispararse contra el
que la emplea”: Concepción Arenal
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Revolcones y fallas de la 4T
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Justicia en crisis: impunes 99 % de los delitos
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Arrancan “urgente” reforma al Poder Judicial
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Exhibe Culiacanazo contradicciones y errores
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“No renunciaré”, responde Alfonso Durazo M
Ciudad de México, 25 de octubre de 2019.- México resiente una profunda crisis en materia de justicia, reflejada en una impunidad del 99 por ciento de los 33 millones de delitos cometidos en el año reciente, ante los cuales el actual gobierno federal no encuentra la cuadratura al círculo. Las causas de esta problemática van desde la corrupción permeada a todo el aparato de administración y procuración de justicia, en la cual los casos de la renuncia forzada del ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora, y la suspensión del juez Jorge Arturo Camero Campos, integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, son apenas la cabeza del iceberg, pasando por las redes de intereses creadas, las cuales determinan el sentido de dictámenes, sentencias y sanciones, así como el nepotismo y la venta de plazas, con la contratación de familiares, amigos y allegados en puestos administrativos de tribunales y juzgados. El Poder Judicial se debe reformar, advirtieron senadores del PAN, PRI, PRD y MC, siempre y cuando no quede vulnerable y al servicio del Ejecutivo Federal, y no haya una manipulación de la Presidencia.
Ante esta compleja problemática, representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial iniciaron un ardua labor para llevar a cabo una “indispensable y urgente” reforma “de gran calado” al sistema de administración y procuración de justicia, pero, como advirtió el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, con la mayor colaboración de los poderes, con los mayores consensos. También, cuidando la independencia del Poder Judicial, sin intentar su desmantelamiento, lo cual, como alertó el senador de MC, Dante Delgado, sería también un acto de corrupción. Los intentos para “intimidar, presionar, coaccionar” al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son actos que “no podemos permitir. No se lo toleraremos al Ejecutivo y no se lo permitiremos a quienes están operando desde adentro el desmantelamiento de la Corte para ponerlo al servicio de la Presidencia (…) Cambios en el Poder Judicial sí, pero no para dejar de ser un contrapeso”, advirtió el legislador.
Desde el lunes pasado, a esta labor se ocupan los legisladores, el presidente y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces, el consejero jurídico de la Presidencia, el fiscal general de la República y representantes de universidades y barras de abogados. Iniciaron la revisión de las iniciativas presentadas por senadores de los diferentes grupos parlamentarios, considerando las opiniones de los integrantes del Poder Judicial, así como de la academia y juristas. Tras los desencuentros y críticas generados a raíz de las diversas iniciativas presentadas por Ricardo Monreal para terminar con el nepotismo, la corrupción y las redes de intereses creadas, el senador zacatecano se ha entrevistado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para explicarle el alcance de las iniciativas, quien admitió el Poder Judicial no tiene la confianza de la ciudadanía, en gran medida debido “al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción que, si bien están focalizados, tiene hondas raíces y un profundo impacto”. Y añadió: “estamos abiertos al escrutinio y a los planteamientos que abonen, entendiendo que la reforma que emerja debe ser producto de una construcción común, con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial”.
Al desarrollarse el foro Reforma con y para el Poder Judicial, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, consideró no será posible concretar el cambio de régimen sin reforzar la independencia, calidad y profesionalismo del Poder Judicial. Anunció el presidente López Obrador enviará al Poder Legislativo un paquete de reformas constitucionales para reducir la impunidad, la corrupción y mejorar la capacidad del Estado de impartir justicia y alcanzar la igualdad y la paz social. Destacó es necesario realizar cambios en la justicia local y federal para lograr una modificación sustantiva en su operación y entre sus actores, con el fin de mejorar el acceso, perfeccionar el ordenamiento penal y la impartición en su conjunto.
De acuerdo con Scherer, las propuestas del Ejecutivo en esta materia son seis: reforma al Código Penal Único, la cual permitirá contar con una norma homologada, con aplicación en todo el territorio nacional y garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles. Actualmente, se deja a la libre autoderminación de las entidades federativas la tipificación de los hechos relacionados con el aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia. Se propondrán cambios constitucionales para que las autoridades federales conozcan de los delitos en los cuales incurren funcionarios de corporaciones policiales, de las entidades y de los municipios, que infrinjan los principios establecidos en el párrafo noveno del artículo 21 de la Carta Magna. Asimismo, planteará una ley general sobre tipos penales especiales, para prevenir y sancionar los delitos de alto impacto, como el secuestro, la desaparición forzada y la trata de personas; una norma para homologar los procedimientos de procuración de justicia, la creación de un registro nacional de carpetas de investigación y las bases de atracción de los casos entre el Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas, y una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, resaltó los datos son abrumadores y las circunstancias actuales son las más críticas en muchos años. De acuerdo a la más reciente encuesta en la materia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año reciente se han cometido cerca de 33 millones de delitos, de los cuales el 99 por ciento han quedado impunes. El titular de la FGR manifestó su convicción absoluta de realizar un cambio fundamental en la procuración e impartición de justicia. Recordó que antes del 18 de enero próximo la dependencia a su cargo debe tener sus estatutos y su ley orgánica de conformidad con el decreto que la creó. El funcionario puntualizó: “No está el problema fundamental como se ha planeado, en los grandes capos, no, el problema está en las grandes cantidades de víctimas que tiene el país. Vamos a defendernos contra la puerta giratoria, la impunidad. No hay gobernabilidad si no hay justicia, si no hay seguridad”.
Esta legislatura tiene la responsabilidad histórica de elaborar, proponer y acordar, con los integrantes del Poder Judicial, el andamiaje normativo para asegurar que los jueces se conduzcan con absoluta visión de igualdad, inclusión, justicia social, protección a grupos vulnerables, paridad de género, derecho a la verdad y otros elementos de equilibrio funcional de la sociedad, puntualizó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.
“CULIACANAZO” EVIDENCIA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
El llamado “culiacanazo” exhibió la estrategia fallida en materia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo equivocado de su enfoque en el combate a los cárteles del narcotráfico, de sus “abrazos no balazos”, “amor y paz”, y la amnistía a criminales, incluidos los integrantes de bandas delincuenciales. El control de esta crisis de seguridad ha sido casi imposible, por la serie de mentiras y contradicciones sobre los hechos por parte del mandatario mexicano así como de sus integrantes del gabinete de seguridad, empezando por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de quien se exige su dimisión ante la incompetencia exhibida. “No renunciaré” respondió el funcionario quien acudirá al Senado la próxima semana a confrontar los señalamientos de la oposición sobre el operativo en el cual se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López y su medio hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Al estallar la crisis, Alfonso Durazo había externado la versión de haberse realizado un patrullaje de rutina y se toparon por pura casualidad con el hijo del más famoso capo sinaloense. Sin embargo, esta declaración no fue tomada en serio por nadie ante las imágenes televisivas mostrando a varias camionetas militares en un operativo y no un simple patrullaje de rutina. Todo apunta a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a López Obrador apresurar la detención de los vástagos de “El Chapo” Guzmán, lo cual en principio no fue admitido por el tabasqueño, quien posteriormente aceptó había una orden de captura y petición de extradición.
Las evidencias mostraron un operativo fallido, precipitado y mal planeado, el cual dejo libre la semana pasada a Ovidio Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán. El enfrentamiento entre fuerzas federales superadas ampliamente por grupos del crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, dejo como saldo inicial ocho fallecidos: un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno del penal de Aguaruto y cinco hombres armados, así como 10 elementos heridos: un policía estatal, dos municipales y siete militares. Se registraron al menos 14 ataques contra el Ejército y la Guardia Nacional y 19 bloqueos de diferentes vialidades. Hubo fuga de 39 reos federales y 10 del fuero común del penal de Aguaruto.
Integrantes del gabinete de seguridad admitieron el operativo fue deficiente y precipitado. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, admitieron una acción mal planeada, precipitada, la cual tuvo consecuencias en la población civil. “El grupo responsable de esta acción policíaca, en su afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencia de la intervención”, declaró el general Crescencio Sandoval.
Según Durazo, el personal quien participó en el operativo tomó el control del inmueble en el cual se encontraban cuatro personas, uno de ellos Ovidio Guzmán -su medio hermano Iván Archivaldo ya había sido liberado-, sin embargo, “al verse rodeados por una fuerza mayor y todo el despliegue de agresión contra la población civil, y el hecho de no haber recibido oportunamente la orden de cateo, se ordenó al personal abandonar el inmueble”. Dicha orden no llegó con la oportunidad que habría sido planeada con el diseño del operativo y eso llevo a modificar las decisiones finales.
De acuerdo a declaraciones posteriores de los integrantes del gabinete de seguridad, decidieron suspender el enfrentamiento para proteger la vida de las personas, pues el arresto del hijo de “El Chapo” Guzmán detonó un enfrentamiento entre sicarios del Cártel de Sinaloa y militares en calles de la capital sinaloense. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en principio se resistió a declarar sobre la operación para atrapar a Ovidio Guzmán, respaldó esa decisión porque, dijo, “no se trata ya de masacres” y subrayó la estrategia anterior “convirtió al país en un cementerio”.
Esa determinación, dijo AMLO, marca una diferencia en el país. “Ayer hubo un evento complicado en Sinaloa y se tomó una decisión que marca la diferencia, había una orden de detención de un presunto delincuente famoso pero hubo una reacción de esa banda y se estaba poniendo en riesgo la vida de mucha gente, tanto de los mismos delincuentes como de soldados, policías, de servidores públicos y de gente civil”, dijo el mandatario. En Tlaxiaco, Oaxaca, López Obrador recordó lo más importante de su gobierno es la paz, tranquilidad y justicia.
La orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López, en la cual se fundamentó el operativo, es con fines de extradición, confirmó López Obrador el viernes 18 de octubre desde la capital de Oaxaca. Ante las fallas del operativo, AMLO descartó pedir las renuncias de Alfonso Durazo, titular de la SSPC, y de Audomaro Martínez Zapata, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tras la exigencia del PAN de exigir la renuncia del gabinete de seguridad y la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del presidente y de Durazo por liberar a Ovidio.
Ante las consecuencias jurídicas por derivarse, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, exculpó a López Obrador de cualquier responsabilidad en el operativo fallido en la detención de Ovidio Guzmán López. Ante las denuncias interpuestas contra el mandatario y su disposición para comparecer como responsable del operativo y la decisión de liberar a Ovidio, el fiscal dijo eso es inaceptable. “No es una tarea del presidente de la República una acción como la que se llevo a cabo en Culiacán, hay instituciones, individuos, funcionarios, servidores públicos que tienen esas tareas. Involucrar al Presidente de la República me parece en mi opinión personal algo absolutamente inaceptable”, declaró Gertz Manero, quien adelantó se creará un grupo especial de fiscales experimentados para el caso Culiacán, Sinaloa, y “se llegará hasta las últimas consecuencias” con los responsables del operativo.
Horas después, en su conferencia matutina del martes 22 de octubre, López Obrador sostuvo, contradictoriamente, no estaba informado sobre el operativo para detener a Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, y responsabilizó al general Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quien, dijo, le tiene mucha confianza. “Cuando me enteré que se había generado este conflicto y me informan y les pido que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta, yo la avalo que eso era lo mejor”, explicó el tabasqueño, ya deslindado del asunto.
López Obrador recalcó se busca detener a Ovidio Guzmán –¿y a Iván Archivaldo Guzmán?-, cuidando siempre a la población, y “sin derramamiento de sangre”. Sin embargo, esta crisis no será fácil superarla para el gabinete de seguridad del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”. Sobre todo ante la resistencia de Alfonso Durazo a presentar su renuncia.
DE LOS PASILLOS
Tras otorgarle el Senado de la República a Rosario Ibarra de Piedra la Medalla Belisario Domínguez, ésta la entregó en custodia al presidente Andrés Manuel López Obrador y le pidió se la devolviera cuando se haya hecho justicia a quienes fueron víctimas de desaparición forzada. “Te pido que me la devuelvas, junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los cubrirá con su halo protector”, expresó la activista en el discurso leído por su hija Claudia Piedra, en la vieja sede de Xicoténcatl. A un año de entrar en funciones el gobierno de AMLO “creyeron –las familias del Comité Eureka- firmemente que sería el añorado”, pero “no ha sido así”, destacó la activista y dos veces candidata presidencial al acusar: “hoy seguimos igual, recibiendo escarnio y burla de los funcionarios”. Aludió a la desaparición forzada, que afecta a cada miembro de la familia, como al nieto que la acompañó desde niño y ahora está enojado y lleno de rabia, porque el gobierno “justo” que por fin llegó, no ha terminado “con la angustia que tanto los agobia”… El presidente López Obrador prometió su gobierno “hará todo lo humanamente posible” para la búsqueda de los desaparecidos.
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