Lilia Arellano
“Hoy, el ser humano no es más inteligente que en la
época de Sócrates, pero sabe más”: Manés Sperber
- Reconversión del Cisen
- Fox, Calderón y Peña Nieto: uso faccioso de aparatos del Estado
- Centro Nacional de Inteligencia, necesario en 4ª. Transformación
- Llamarada de petate: EU y México alcanzan acuerdo migratorio
Ciudad de México, 10 de junio de 2019.- La reconversión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a Centro Nacional de Inteligencia en la 4a Transformación no parece ser la más adecuada hasta el momento, tras la conclusión de su desmantelamiento durante la administración de Enrique Peña Nieto, en la cual fueron despedidos 1 mil 164 servidores públicos capacitados en el arte del espionaje, la inteligencia y la seguridad nacional. Sin duda, durante los últimos tres sexenios hubo sólo improvisados al frente de la seguridad nacional y las consecuencias de ello ahora se viven con una mayor violencia en todo el país, el crecimiento del crimen organizado, una corrupción desbordante en los tres Poderes de la Unión y un alto nivel de injusticia e impunidad agravante para los mexicanos.
Es indiscutible que todo gobierno necesita recolectar y procesar inteligencia. Sin duda, eso es parte de la materia prima requerida para prevenir algunos acontecimientos, es un elemento en la construcción de la gobernabilidad de un país. Desparecer el área de Inteligencia de un Estado es bastante cuestionable, pues dejaría todo ese campo en manos de las fuerzas armadas, las cuales tienen poderosos aparatos paralelos al del desaparecido Cisen. El pasado 30 de noviembre de 2018 se creó el Centro Nacional de Inteligencia, al entrar en vigor las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Al frente del CNI está el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, con 70 años de edad y la mayor parte de su vida activo en las Fuerzas Armadas. Cuenta con una maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacional y es profesor de tácticas militares en la Escuela Superior de Guerra. Sin duda cuenta con las atributos indispensables para encabezar el CNI.
El CNI asumió las funciones del Cisen , pero ahora bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, entre las cuales sobresale: “Operar tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el Estado de Derecho”; “Procesar la información que generen sus operaciones, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país”; y “proponer medidas de prevención disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho”.
El Centro Nacional de Inteligencia deberá reasumir las labores para preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. De ahí que resulten necesarios los servidores públicos capacitados en las artes del espionaje, la inteligencia y la seguridad nacional. No es buena idea el despido de decenas, cientos, de estos elementos. ¿A qué se dedicarán ahora estos espías? El CNI opera con quienes eran empleados del Cisen y hereda sus viejos vicios: opacidad, falta de transparencia, espionaje (escuchas ilegales), falta de control y vigilancia, además de opaco ejercicio del presupuesto público, el cual por cierto sólo es 16% menor este año en relación a 2018.
El argumento sobre el cual se basa la labor del nuevo Centro Nacional de Inteligencia es la consideración del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber sido el Cisen un organismo encargado de elaborar archivos políticos usados por el Estado para perseguir opositores. “No todo lo que ahí se dice es cierto, hay muchos inventos. Acomodaban la información a conveniencia y cualquier dirigente social era tachado de subversivo. Mucha gente fue reprimida sin que le comprobara nada, porque actuaban como policías políticos, fue una etapa negra en la vida política del país. Nunca más se debe espiar ni perseguir a nadie”, señaló AMLO el pasado primero de marzo, cuando aclaró su gobierno no dará seguimiento a las investigaciones registradas en los archivos del Cisen.
Los resultados del espionaje político ejercido por gobiernos anteriores quedó al descubierto con la apertura de expedientes de la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN), en donde se integraron 1 mil 937 versiones públicas de instituciones, elaborados por las desaparecidas: Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Esos expedientes, con 3 mil 201 legajos actualizados a julio de 2018, contienen información de escritores, intelectuales, periodistas, actores, empresarios, luchadores sociales, líderes sindicales, políticos extranjeros, narcotraficantes, ex presidentes y funcionarios públicos mexicanos. Asimismo, existen documentos sobre empresas, organizaciones populares, guerrillas, partidos políticos, organizaciones religiosas e instituciones públicas como policías y gobiernos estatales, embajadas y universidades públicas.
Desde los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se llevo a cabo el desmantelamiento del Cisen, un órgano fortalecido por Ernesto Zedillo, el cual no era del total agrado de los panistas. Fox le quitó presupuesto así como atribuciones y personal. Desde la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel se opuso a ello y empujo a Eduardo Medina Mora como su director. El primer gobierno federal panista creó la Secretaría de Seguridad Pública, con Alejandro Gertz Manero al frente, enfrentado con Creel y con Rafael Macedo de la Concha, quien estaba como titular de la Procuraduría General de la República. Gertz se dedicó a desarticular las áreas de seguridad heredadas. Al mismo tiempo, Adolfo Aguilar Zínser fue colocado al frente de una Comisión Nacional de Seguridad, en la cual se pretendía que todas las áreas de seguridad, del Ejercito, la Marina y el Cisen, rindieran cuentas, pero este mecanismo no funcionó.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se crearon centros de fusión de inteligencia en México con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, como parte de una estrategia contra el crimen organizado, confirmó Guillermo Valdés Castellanos, ex titular del Cisen en la administración del michoacano. En algunos de estos centros de inteligencia incluso participaban agencias estadounidenses. Un documento desclasificado por el Pentágono en 2010, escrito por Pwill Weschler, cabeza de la oficina antinarcóticos y amenazas globales del Pentágono, explica que el “Centro De Fusión México”, cuenta con 10 computadoras que operan con protocolos secretos y conectadas a comunicaciones de inteligencia de EU. También dos estaciones para monitoreo satelital y equipo de comunicación segura de datos y voz. ¿Siguen operando?
Cabe destacar la violencia en México se aceleró a partir del gobierno de Felipe Calderón, en 2008, y se apremió en 2011, con casi 17 mil muertos sólo en se año, originada por grupos de delincuencia organizada con gran poder económico, social y militar, combinado con un largo historial de corrupción y complicidad institucional, en buena parte a nivel local.
Enrique Peña Nieto siguió el proceso de desmantelamiento del Cisen y terminó cerrándolo, no sin antes darle un uso faccioso para beneficiar a los grupos políticos del Estado de México y de Hidalgo. Durante los primeros años de la administración del mexiquense, el Cisen solicitó al Poder Judicial la intervención de 2 mil 789 comunicaciones privadas, mientras en todo el sexenio de Felipe Calderón sólo pidieron 319. El máximo de solicitudes para espiar privados se alcanzó durante 2016, pues hasta el 5 de diciembre ya llevaban 844 trámites de este tipo.
El espionaje político durante la gestión federal de EPN se hizo prácticamente sin control. Dos días después de iniciar las campañas presidenciales de 2018, la entonces PGR compró por más de 4 millones de dólares un software espía para geolocalización de celulares. Esta herramienta y otras similares para la intercepción de comunicaciones, fueron utilizadas de manera arbitraria poniendo en riesgo derechos fundamentales como el de la privacidad, el acceso a la información y presunción de inocencia.
Las principales instituciones de seguridad tanto a nivel nacional como estatal, adquirieron y utilizaron hardware y software para fines de espionaje. Su compra no es ilegal, pero si su uso sin cumplir con las leyes que marca la Constitución. Entre 2016 y 2017, solamente alrededor del uno por ciento de las veces que se ejerció Localización Geográfica en Tiempo Real se hizo con una autorización judicial previa.
Otras herramientas de espionaje, programas y equipos, fueron adquiridos por el gobierno federal y las entidades federativas, las cuales en la actualidad siguen activas. Una de éstas es el programa Tayopa, el cual fue desarrollado bajo el mando de Jesús Murillo Karam y consistió en el armado de camionetas para espionaje, cuyo costo aproximadamente fue de 8 millones de dólares. Las plataformas adquiridas el sexenio pasado, las cuales siguen utilizándose para interceptar llamadas telefónicas y extraer información de los celulares, son JCI para AT&T y Trinity para Telecel y Movistar.
Equipos similares fueron adquiridos por gobiernos de las entidades federativas. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo compró el 10 de marzo de 2017 un “software para geolocalización” con 2 mil 700 consultas marca Geomatrix por el precio de un millón 879 mil 200 pesos; en noviembre de 2016, Rodolfo García Garza, entonces titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, autorizó la adquisición de un “Sistema de intercepción y localización de teléfonos (G12 de la marcar Verint), cuyo costo fue de 25 millones 520 mil pesos; Baja California hizo lo mismo con equipo de vigilancia, análisis de comunicaciones y forense celular para la Procuraduría General de Justicia del Estado por 16 millones de pesos.
MÉXICO Y EU ALCANZAN ACUERDO Y EVITAN ARANCELES
Luego de extensas negociaciones, los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en materia migratoria y se frenó la imposición de un arancel de 5% a productos mexicanos con el cual amenazó Donald Trump. El presidente estadounidense informó del acuerdo y señaló México ofreció implementar medidas duras para frenar la ola migratoria. “Me complace informarles EU ha firmado un acuerdo con México. Los aranceles programados para entrar en vigor el lunes quedan suspendidos de manera definitiva”, publicó Trump en Twitter.
“A cambio, México ha accedido a tomar fuertes medidas para contener la ola migratoria en México y en la frontera sur de EU. Esto se hace con el propósito de reducir dramáticamente, o eliminar, la migración ilegal hacia Estados Unidos. Los detalles serán revelados por el Departamento de Estado”, señaló el mandatario estadounidense.
México, cuya economía depende en gran medida del comercio con EU, batalló para evitar los tributos e hizo diversas concesiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que en aranceles impulsados por Trump a productos mexicanos se esté mezclando el tema migratorio con el comercial. Además, agregó, no se han analizado las causas de la migración. “No se toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, la crisis profunda de nuestros hermanos centroamericanos, en particular la crisis de Honduras”, dijo en su conferencia de prensa mañanera. El mandatario reiteró su disposición de mantener el diálogo y las buenas relaciones con el gobierno de EU.
Ante las presiones de Donald Trump, el titular del Ejecutivo Federal aseguró la Guardia Nacional puede colaborar para detener el flujo migratorio en frontera, luego de que el canciller Marcelo Ebrard informó a funcionarios estadounidenses del envío de 6 mil elementos a la frontera sur. El despliegue en la frontera, explicó AMLO, es parte de un plan nacional que contempla 266 coordinaciones de seguridad pública. Los elementos de la GN desplegados en la frontera sur coadyuvarán en atender la migración porque es una de sus facultades constitucionales, explicó. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, confirmó la GN será desplegada tanto en la frontera sur como en la norte, en los estados de Tamaulipas (Reynosa), Chihuahua, Chiapas (Tapachula), y Oaxaca.
AMLO reprochó también el incumplimiento del gobierno de Estados Unidos del plan de inversión conjunta para el desarrollo de países de Centroamérica para contener la migración. Criticó la administración de Donald Trump solicite medidas coercitivas contra la migración sin que haya entregado los recursos comprometidos para atender la crisis en El Salvador, Honduras y Guatemala. Recordó el ofrecimiento de entregarle a Centroamérica 5 mil millones de dólares y 4 mil 200 a México, pero no ha llegado nada, lamentó. Cabe destacar que AMLO rechazó reeditar el Plan Mérida.
López Obrador dijo que el acuerdo será celebrado mañana en Tijuana a las 17:00 horas (tiempo local).
DE LOS PASILLOS
A pesar de que Fitch Ratings degradó la calificación crediticia de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó presión a las finanzas por las notas negativas sobre la deuda soberana de México y la deuda de la petrolera emitidas esta semana. Ello, aseguró, no planteará un cambio al esquema de rescate financiero a Pemex propuesto por su administración. AMLO consideró las calificadoras no han sido objetivas ni profesionales con Pemex… La reducción de la calificación de Pemex por parte de Fitch, degradándola de “BBB-“ a “BB+”, con lo cual pierde el grado de inversión, no implica que las medidas impulsadas por el gobierno federal no vayan en el camino correcto, consideró Alejandro Limón, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Esto se enmarca en una coyuntura donde Donald Trump tiene un conflicto comercial con México…
Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), advirtió: el gasto de gobierno está prácticamente detenido en la mayoría de las dependencias que tienen a su cargo proyectos estratégicos. Esto impacta en un menor gasto en la construcción y tiene efectos en toda la cadena productiva. En el primer trimestre del año se alcanzó 18.8% de avance financiero entre el monto pagado por las dependencias del gobierno y lo contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación en una decena de dependencias, pero con un ejercicio desigual, según los datos de la CMIC. Del dinero contemplado, el mayor avance se cuenta en Pemex, que llevó 23.8% del gasto y un monto contratado por 42 mil 41.57 millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad lleva un avance de 10.8 por ciento y recursos comprometidos por $4 mil 117.7 millones. Pero en el resto de las dependencias en dicho periodo no se avanzó en el gasto más allá de 5% de lo presupuestado, lamentó Flores González…
El juez Décimo Tercero de Distrito del Estado de México, Agustín Buenrostro Massieu, prohibió al gobierno, por tiempo indefinido, ejecutar cualquier obra del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, mientras no estén liberadas las autorizaciones y permisos en materia ambiental y arqueológica. Buenrostro concedió una suspensión definitiva en uno de los amparos que impugnan la cancelación del nuevo Aeropuerto en Texcoco, promovidos por el colectivo #NoMásDerroches. Ésta no prohíbe la construcción en Santa Lucía, pero sí la condiciona a dos requisitos: el visto bueno del Instituto de Antropología e Historia (INAH), para determinar si en la zona existen monumentos arqueológicos que pudieran ser afectados por las obras, que está a cargo de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Y la conclusión del trámite de Manifestación de Impacto Ambiental, que la Secretaría de la Defensa Nacional tramita ante la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental,
El Premio Nacional de Periodismo fue entregado este viernes. Entre los 49 galardonados por el Club de Periodistas se encuentran Julian Assange, el australiano creador de Wikileaks, preso en Gran Bretaña y sometido a proceso para ser extraditado a Estados Unidos; Ana Lilia Pérez, autora de grandes obras de periodismo de investigación sobre la corrupción en Pemex; el monero Fisgón (Rafael Barajas); ADN40 por la cobertura especial televisiva del proceso de cambio de poder; Javier Alatorre por la entrevista de semblanza, realizada al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador; Jorge Garralda por la campaña “Vive sin drogas”, la cual ha permanecido activa por más de 20 años; y Eduardo Martínez y Víctor Figueroa, reportero y camarógrafo de Telesur, por el acompañamiento informativo que hicieron de la caravana migrante de 2018 desde la frontera sur a la frontera norte, entre otros. Francisco Rodríguez, a nombre del jurado calificador, habló sobre el compromiso del periodismo con la sociedad.
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