Lilia Arellano
“Educa a los niños y no tendrás necesidad
de castigar a los adultos”: Pitágoras.
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¿Perdón, borrón y cuenta nueva o justicia?
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Declaraciones cínicas de la Y. Polensky, CSG y de López Obrador
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Q. Roo: condonación e historial del prófugo Juan Pablo Guillermo
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Cocinan diputados el “terrorismo fiscal”, acusan oposición y ABM
Ciudad de México, 3 de octubre 2019.- Tras revelarse el perdón fiscal por 274 mil millones de pesos, entre 2007 y 2015, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, a empresas, industrias, hoteles, bancos, medios de comunicación, alcaldías, dependencias públicas y personas físicas como Carlos Cabal Peniche, Miguel Fernando Valladares García, Yeidckol Polevnsky, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Ahumada o el prófugo Juan Pablo Guillermo, ex secretario de Finanzas del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, entre muchos otros, la pregunta obligada es: ¿habrá perdón, borrón y cuenta nueva, o el régimen de la Cuarta Transformación buscará justicia al pueblo de México, defraudado en su patrimonio durante los sexenios pasados?
La cuestión se discute acaloradamente no sólo en los pasillos de Palacio Nacional, la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública, sino también en el Congreso de la Unión y las cúpulas empresariales, financieras y comerciales. Martha Tagle, diputada federal de Movimiento Ciudadano, indicó se debe investigar a cambio de qué se otorgaron esas condonaciones de impuestos. “Lo que sigue es se finquen responsabilidades y se investigue a cambio de qué se dieron esas condonaciones (…) Por lo menos hay conflictos de interés, moches y desvíos de recursos”, indicó. A la SFP, subrayó, le corresponde hacer una investigación sobre las condiciones en las cuales se otorgaron las condonaciones millonarias. El SAT es la autoridad responsable de las condonaciones otorgadas entre 2007 y 2015.
También la ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri, destacó el problema de las condonaciones ha sido su falta de transparencia y ahora se busca prohibir ese instrumento con una reforma constitucional. La diputada federal consideró que si Ana Gabriela Guevara tuvo ese beneficio de condonación de 9.6 millones de pesos, posiblemente fue porque tuvo problemas contables, y si la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky tuvo condonaciones por 17.4 millones de pesos, probablemente fue por su actividad empresarial.
Sobre este particular, la actual presidenta de Morena atribuyó a un error de su antiguo contador su aparición en la lista del SAT sobre la cancelación y condonación de créditos fiscales, al registrarla con actividad empresarial, cuando ya era senadora y se había integrado al equipo de AMLO. Polevnsky señaló no recordar la cantidad en adeudo al SAT, pero de acuerdo a la lista divulgada se le condonaron 16 millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto. Cabe destacar hasta no hace mucho la responsabilidad sobre la presentación de declaraciones de impuestos se compartía entre el contador contratado para ese efecto y el causante, pero ese compromiso compartido ya no existe y es ahora sólo exclusivo de quienes deben presentar correctamente sus declaraciones, sin ser expertos en la materia, lo cual los deja en la indefensión ante las autoridades hacendarias.
Según el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, otro de los políticos mencionados, el SAT no le ha perdonado impuestos. En una carta difundida en Reforma, señaló en la lista de condonaciones fiscales aparece una empresa que lleva su nombre. Sin embargo, explicó, el registro de esa compañía pertenece a una persona moral con la cual no tiene ningún vínculo. “No tengo ninguna relación con esa empresa y desconozco a qué se dedica, pero he instruido que se investigue sobre su existencia”, sostuvo. ¿Le creemos o la duda ofende?
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, las condonaciones fiscales fueron un “mal sueño” que ya terminó. Durante su conferencia de prensa mañanera, declaró esas condonaciones durante las administraciones de sus dos antecesores fue “una miscelánea fiscal”, y aseguró actualmente ya no hay condonaciones. Al referirse al caso de Polevnsky, dijo: “…eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados, les diría yo, legales, estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legal. En la presente administración se seguían dando condonaciones pero ya no existe eso”, y agregó: “cero impunidad, sea quien sea”.
AMLO subrayó “es muy injusto que campesinos, obreros, ustedes integrantes de clase media, comerciantes, todos paguemos impuestos y existan hijos predilectos, hijas predilectas, del régimen, que no pagan o se les condonan los impuestos. Eso ya terminó”. Recordó en el Congreso avanza la propuesta para prohibir condonaciones a fin de no existir interpretaciones en este tema. Según el titular del Ejecutivo federal “… esta bien la recaudación, estamos obteniendo más ingresos que el año pasado”, sostuvo, aunque la SHCP tenga otros datos. “Queremos que no haya evasión fiscal, que todos cumplamos con nuestra responsabilidad de contribuir. Quienes traen cuentas pendientes, rezagos, que no se han puesto al corriente, lo están haciendo”, dijo.
Respecto al caso del panista Diego Fernández de Cevallos, López Obrador consideró le parecía correcto que aceptara tiene un adeudo y que está en pláticas para ponerse al corriente. “No evade su responsabilidad, da la cara, así tenemos que actuar todos..”, indicó. En el Senado de la República, la fracción parlamentaria de Morena exigió que el Congreso llame a rendir cuentas a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el perdón fiscal que empresas, personas físicas, medios de información y dependencias públicas obtuvieron entre 2007 2015.
Salomón Jara, coordinador de la bancada de Morena, acusó y tanteó: “Son los culpables. Deben explicarnos por qué se afectó la economía del pueblo. No estamos dando ningún borrón a nadie. Tiene que haber justicia, por eso el pueblo los castigó el 1 de julio (de 2018). Pero esto no puede quedar con un borrón y todo se acabó”. De acuerdo con al senador de Oaxaca, las instancias judiciales y legales deben intervenir para llamar a quienes tuvieron en sus manos esta responsabilidad.
“No puede quedar en el olvido, en el borrón y cuenta nueva”, insistió Jara. Alejandro Armenta coincidió con él y consideró: “Tienen toda la responsabilidad Felipe Calderón y Peña Nieto, porque la corrupción en el país no puede concebirse sin la participación de los presidentes de la República. Hay que decirlo con claridad: la responsabilidad es de los presidentes de la República”, recalcó.
QUINTANA ROO: CONDONA SAT IMPUESTOS AL PRÓFUGO JUAN PABLO MOLINA
Al revelarse el listado completo de los beneficiados con la condonación de sus impuestos por parte del SAT, se comprobó que el prófugo de la justicia Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación en el gobierno de Roberto Borge Angulo, obtuvo ese beneficio, ahorrándose 355 mil 258 pesos el año pasado.
La lista hecha pública luego de que la asociación Fundar ganara un litigio de cuatro años de duración, la cual incluso está incompleta pues hay 201 personas amparadas, beneficiadas con 101 mil 443 millones de pesos, comprueba que para el periodo más reciente, es decir, de 2015 en adelante, Juan Pablo Guillermo Molina logró beneficiarse con la condonación de 355 mil 258 pesos en impuestos por parte del SAT. En ese periodo, el ex secretario de Finanzas no había podido asumir su curul en la Cámara de Diputados, se encontraba amparado contra un juicio político, había perdido los amparos de diversas denuncias penales en su contra y, también, se hallaba prófugo.
Juan Pablo Guillermo fue director de Finanzas del ayuntamiento de Solidaridad de 2008 a 2011; luego se incorporó a la administración del gobernador Borge Angulo como subsecretario en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la cual posteriormente fue su titular dos años, no obstante que desde 2014 enfrentaba una denuncia por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos ante la Auditoría Superior de la Federación. A partir de ahí se incorporó la círculo más cercano al mandatario, con quien comparte al menos siete carpetas administrativas, vinculado al millonario desvío de recursos en esa gestión priista.
A Juan Pablo N. se le vincula al presunto desvío de recursos mediante prestación de servicios y suministro de bienes realizado durante la gestión de Román Quián Alcocer como edil de Solidaridad. La última vez que se le vio de manera pública fue el 20 de septiembre de 2016, cinco días antes de que concluyera el mandato de Borge Angulo, cuando en su calidad de secretario de Finanzas y Planeación compareció ante diputados. En ese cargo fue el responsable de incrementar la deuda pública del estado mediante la contratación de créditos e incremento de pasivos, los cuales alcanzaron los 21 mil millones de pesos incluyendo el ellos el pago de becas a estudiantes y las liquidaciones a terceros institucionales como Fovissste, cuya pasivo acumulado dejo a miles de trabajadores endeudados.
También se le acredita la adjudicación de toda la localidad de Ulilá, ubicada en el municipio yucateco de Ucú, la cual le fue otorgada a su hermano Manuel Alberto a través de 639 predios adjudicados “legalmente”, proceso iniciado desde 2013. Asimismo, se encuentra relacionado con las carpetas administrativas del caso VIP Saesa, el cual se estima en alrededor de mil millones de pesos; en la investigación sobre el préstamo superior a 560 millones de pesos solicitados a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), y la ampliación de contratos con Aguakán de más de mil 100 millones de pesos.
Más casos a los cuales está vinculado Juan Pablo N.: el desvió de más de 700 millones de pesos a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el que se falsificaron firmas para simular entrega de apoyos a comunidades y campesinos para proyectos del campo; el desvío de recursos y la falta de comprobación de múltiples obras realizadas a través de la Secretaría de Infraestructura (Sintra). Cuenta con al menos siete denuncias penales interpuestas por la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado.
Pero se les peló, sigue prófugo y a salto de mata, con la alforja repleta y, seguramente, depósitos cuantiosos en paraísos fiscales.
COCINAN DIPUTADOS “TERRORISMO FISCAL”
Todo indica el Paquete Económico 2020 armado por la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, deberá ser rearmado en los próximos días en la Cámara de Diputados. Diversas propuestas fiscales planteadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podrían afectar a los de menor ingreso y además inhibir la inversión en el país, alertó la Asociación de Bancos de México y diputados federales del PAN, PRD, PRI, MC, integrantes de la Comisión de Hacienda, quienes reclamaron a Gabriel Yorio González, nuevo subsecretario de Hacienda, las “excesivas facultades” que las nuevas disposiciones fiscales otorgan al Servicio de Administración Tributaria (SA) para aplicar un auténtico “terrorismo fiscal”.
El pasado 10 de septiembre, el Senado de la República aprobó con los votos de los legisladores de Morena y sus aliados PT, PES y PVEM, y con la abierta pero inútil oposición de los legisladores del PAN y PRI, las reformas que tipifican la defraudación fiscal como delito cometido por el crimen organizado, y lo considera como una amenaza a la seguridad nacional, la defraudación fiscal, para el que aplicará la prisión preventiva oficiosa.
Dicho dictamen, ahora en la cancha de la Cámara de Diputados, reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, y establece que cuando tres o más personas se organicen para cometer, en forma permanente o reiterada, delitos como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, por ese solo hecho serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada.
Igual sanción aplicará para quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. De acuerdo a la enmienda al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, se consideran “amenazas a la seguridad nacional” los “actos ilícitos en contra del fisco”. Los cambios al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación prevén imponer sanción de cinco a ocho años de prisión al que por si mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
A consecuencia de los impactos que tendrá en los sectores productivos y financieros del país estas enmiendas, así como lo establecido en el Proyecto de Paquete Económico 2020 presentado por la SHCP, en la Cámara de Diputados se realizan reuniones entre legisladores y representantes de los sectores financiero, empresarial comercial y de servicios, para modificar lo impuesto por las fracciones parlamentarias afines al titular del Ejecutivo Federal. La Asociación de Bancos de México, en voz de su presidente Luis Niño de Rivera, externó su rechazo a las iniciativas sobre impuestos al ahorro, el tope a deducibilidad de intereses y en la Ley de Extinción de Dominio, pues tras revisar las propuestas fiscales para 2020 manifestaron su inquietud de que se aprueben como fueron enviadas, por sus impactos negativos, los cuales impactarían la inversión de la Iniciativa Privada en México, y podría generar efectos en las empresas que recurren a deuda para financiar proyectos a largo plazo.
Respecto a la iniciativa que equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada, y que incluye la extinción de dominio, Niño de Rivera sostuvo inhibe la inversión y acaba con las garantías individuales de derecho a la libertad, propiedad, audiencia, debido proceso, así como la presunción de inocencia. “El contribuyente queda en indefensión absoluta y manda un mensaje negativo a inversionistas nacionales y extranjeros”. Destacó se está proponiendo no sólo un tema fiscal, sino uno penal, pues se anulan las garantías individuales y se sustituyen “con prisión preventiva oficiosa, solamente con indicios y no con hechos reales.
Destacó además se tiene previsto apliquen “la incautación de bienes de manera arbitraria, congelamiento de cuentas bancarias con base en presunciones, sin hechos claros y contundentes, y la pérdida de control de las empresas sin hechos probados”, lo cual los mantiene preocupados y ocupados en modificar esas disposiciones.
DE LOS PASILLOS
Desde el paso 23 de julio se había advertido se bloquearían de manera oficial las cuentas del dirigente petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps, así como de sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán. La lista incluía a su esposa Blanca Rosa Durán Lima, pero hasta la fecha no hay nada en su contra, a pesar de la presentación de al menos dos denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR). ¿Ya entró en la amnistía promovida por el régimen de la Cuarta Transformación?… Fue el propio gobierno morenovallista quien intentó se dispensaran las necropsias a los cuerpos de la mandataria de Puebla, Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, y también sugirió se les incinerara, admitió el ex secretario general de gobierno y posterior gobernador interino, Jesús Rodríguez Almeida. Activistas de la entidad sostiene existen elementos para suponer o que no se realizaron las autopsias o que no se hicieron con el rigor necesario, pues fue mínimo el tiempo dedicado al análisis de cinco víctimas, en un día en el que generalmente no hay suficiente personal en el servicio médico. Por ese motivo, han interpuesto una denuncia contra quien resulte responsable del delito de desaparición de pruebas… La organización Futuro 21, en la cual se encuentran inscritos “los chuchos”: Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo, denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como a su familia por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, y solicitaron al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se investigue al funcionario. Pero sólo presentaron como prueba información periodística… Aún sigue pendiente en el Senado de la República la iniciativa de reforma constitucional a la Ley de Amparo para sancionar a quienes ejerzan la profesión de la abogacía procesal de manera indebida, obteniendo ventajas al presentar testigos o documentos falsos, entorpecer o distorsionar deliberadamente el proceso jurisdiccional. ¿Nos quedaremos también sin la protección del amparo?
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