Lilia Arellano
“Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez”: René Descartes
- Llegó el turno para la minería
- Presentan iniciativa para revisar concesiones
- BMV: caen acciones de G.México y Peñoles
La mano del próximo gobierno federal ya se sintió en sectores económicos antes protegidos y privilegiados e intocables durante los mandatos neoliberales de las últimas tres décadas. El martes pasado el precio de las acciones de Grupo México (GMéxico) y Peñoles cerraron la sesión en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con caídas de 5.4 y 4.7 por ciento, respectivamente, contra su nivel del viernes, lo cual resultó en una pérdida conjunta de mil 506 millones de dólares en su market cap. El miércoles las pérdidas siguieron. El deterioro en el valor de ambas emisoras fue provocado por la iniciativa presentada por la bancada de Morena en el Senado, la cual propone cambios a la Ley Minera.
En los últimos treinta años los gobiernos federales de corte neoliberal (del PRI y del PAN) repartieron el territorio mexicano en unas cuantas manos, principalmente extranjeras, para la explotación de las riquezas del subsuelo. Se trata de 20.8 millones de hectáreas de superficie repartidas en 24,709 concesiones mineras registradas hasta diciembre de 2017. De éstas, 54% de los proyectos mineros son sobre oro. Lo delicado de esta situación no es sólo el despojo de la riqueza mexicana, sino la generación de alrededor de 15 mil conflictos sociales relacionados con esta actividad económica la cual beneficia a unos cuantos, de quienes han logrado acumular fortunas estratosféricas.
Durante los tres últimos sexenios aumentó el número de títulos otorgados a particulares. Vicente Fox les dio 2 mil 156 concesiones mineras (42.47% del total de las otorgadas entre 2001 y 2006); Felipe Calderón, 6 mil 102 (61.3% de las expedidas entre 2006 y 2012); y Enrique Peña Nieto, 1,808 (65.7% del total de las otorgadas hasta junio de 2015). La extensión de suelo concedido a ciudadanos también ha estado aumentando. La administración de Vicente Fox les cedió 548 mil 339 hectáreas (0.3% del total de la superficie continental del país); Felipe Calderón les otorgó 6 millones 304 mil 725 hectáreas (3.2% del total de la superficie de México) y Enrique Peña Nieto, 2 millones 637 mil 969 (1.3% del total del territorio).
México es el quinto mejor destino a nivel mundial para la inversión en la industria minera, de ahí que 93% de las 345 empresas que operan en territorio nacional sean de origen extranjero, mientras que sólo 21 son mexicanas, según datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera. De las empresas extranjeras establecidas en el país, 65% son de origen canadiense, seguidas por las compañías estadounidenses. El resto de las mineras son, en su mayoría, de origen asiático. Desde el 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advertía: “los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normatividad federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación”. A partir de ahí, la ASF recomendó que “la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Economía, analizara la conveniencia de revisar la normativa y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas que garanticen utilidad pública y beneficios a la Nación”. Pero eso no se hizo. Por el contrario, en este sexenio por concluir se publicó el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, el cual tuvo entre sus objetivos detonar proyectos mineros de alto impacto, apoyar el financiamiento a la comercialización de minerales y concentrados, impulsar a la pequeña y mediana minería y a la minería social. Así se realizó la simplificación administrativa para el otorgamiento de concesiones mineras, que incluye trámites electrónicos y la reducción en los tiempos de atención.
De ahí la importancia de la propuesta de reforma realizada por senadores de Morena en la cual plantean cancelar las concesiones a las empresas mineras y personas que incurran en violaciones legales las cuales generen impacto social en las comunidades donde se lleve a cabo la explotación. Dicho proyecto de reformas establece que la concesión será cancelada en caso de que las empresas no rindan un informe anual al Servicio Geológico Mexicano en el cual incluyan la identificación, caracterización, predicción y valorización de los impactos sociales, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión. Asimismo, podrán ser sancionadas por no ejecutar o comprobar la ejecución de esas medidas de mitigación y por no destinar los montos económicos mínimos para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades en las cuales realicen sus actividades de exploración y explotación.
La senadora Angélica García Arrieta fue quien presentó la iniciativa en la cual pidió que se faculte a la Secretaría de Economía a declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo. Se busca con las modificaciones legales, según explicó la legisladora, que la dependencia federal pueda cancelar concesiones y asignaciones mineras por ese motivo. También pretende facultar al Servicio Geológico Mexicano para realizar estudios de impacto social en las áreas objeto de concesión y asignación mineras. De acuerdo al proyecto, debe garantizarse que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en las que se pretende desarrollar. Asimismo, la iniciativa turnada para su análisis a las comisiones de Minería y a la de Estudios Legislativos, pretende obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades y localidades en las que realicen sus actividades de explotación y explotación. Faltan las adecuaciones tributarias para llevarlas a los niveles mundiales en este renglón y, obviamente lo relacionado a la seguridad de los trabajadores, renglones ya previstos.
DE LOS PASILLOS
Tras salir de la oficina del presidente electo, Manuel Bartlett, próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), urgió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revelar las fórmulas para el cálculo de tarifas cobradas por el servicio de electricidad. Destaco que es la CRE, y no la CFE, la que ha llevado los incrementos en los costos registrados en los recibos y sus criterios para calcularlos los opacos. ¿Y la calibración de los medidores?
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