Lilia Arellano
“Jamás hubo una guerra buena o
una paz mala”: Benjamín Franklin
- Inseguros y agachados
- En seguridad, sólo hay resultados desastrosos
- Subordinación de México a intereses de E. U.
- Cónclave: Navarrete y gobernadores panistas
- “Paz y reconciliación”: AMLO en el obispado
- Ilegal llevar a UBER a consulta en contienda
Ciudad de México, 16 de abril de 2018.- La seguridad es la más importante y grave asignatura pendiente de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y la más reiterada promesa de campaña nunca cumplida. La “guerra del narco” detonada por Felipe Calderón y continuada por su sucesor ha dejado al menos 200 mil muertos, más de tres decenas de miles de desaparecidos y más de medio millón de desplazados, lo cual causó una implosión al sistema de administración y procuración de justicia del país, ahora simplemente inoperante. Tras la total subordinación de la política de seguridad de México a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la última década, llama la atención que el tema vuelva a las primeras planas de los diarios internacionales por la recompensa de 20 millones de dólares que ofrece el FBI por el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, por el asesinato, en 1985, de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, caso del cual han hecho toda una leyenda en el territorio vecino.
Sin conocerse la verdad sobre el papel, la comisión, las órdenes con las cuales operaba Camarena Salazar, y sin estar debidamente aclarado si, como ha sido revelado por quienes formaban parte del grupo de la DEA, era una especie de “madrina” de agentes destacados de manera oficial, sacan a la luz de nuevo este caso en donde la versión gringa por escrito es una, la de las filmaciones es otra. Lo cierto es que entramparon, pusieron contra la pared a Miguel de la Madrid, exhibieron a familiares de ex presidentes y sacaron mucho lodo a relucir. Visto serenamente, Caro Quintero pagó lo que tenía que pagar en el país en donde, se dijo, causó graves daños.
Allá lo quieren por el crimen de uno de sus agentes, utilización de nueva cuenta en la cual reluce el nombre de “Quique” como si se tratara de un héroe cuando, a causa de ese altísimo consumo de drogas, de los millones de adictos gringos, cientos de miles de mexicanos han muerto y de este lado nadie ofrece recompensa por cazar a cada uno de los narcomenudistas y lavadores nacidos y operando en los Estados Unidos causantes de las masacres.
Al interior del país el tema ocupa y preocupa a las autoridades federales y estatales, a los ciudadanos en general y, por supuesto, a los aspirantes a la Presidencia de la República, sobre todo ante los recientes reportes sobre inseguridad en torno a las campañas electorales federales y locales, los cuales tienen pasmados y sobrecogidos a los electores. Tal vez en uno de sus últimos manotazos en el escritorio, Peña Nieto ordenó la evaluación de los programas de cooperación bilateral México-Estados Unidos, entre los cuales se encuentran acciones conjuntas para combatir narcotraficantes, tráfico de armas, de personas y de dinero en la frontera, así como operativos focalizados e intercambio de información de inteligencia con agencias estadounidenses como DEA, ICE, FBI y CBP.
Además, el jueves, Alfonso Navarrete Prida, quien sustituyó a Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, se reunió en privado con siete gobernadores del PAN, a quienes solicitó mantener coordinación con la Federación y generar condiciones de bienestar para el desarrollo de los comicios. El funcionario dijo a los mandatarios panistas que en materia de seguridad es indispensable continuar con un esquema de trabajo entre las distintas autoridades del gobierno federal con los estados y municipios, el cual dicho sea de paso ha arrojado resultados desastrosos.
Esta alarma en los mandos federales y estatales tiene bases sólidas. La consultora Etellekt difundió esta semana un reporte en el cual da cuenta de 173 agresiones directas a políticos y al menos 78 asesinatos, durante los últimos siete meses anteriores al proceso electoral mexicano, del 8 de septiembre de 2017 hasta del 8 de abril pasado. Adicionalmente, el miércoles fue asesinada Maribel Barajas, candidata del PVEM en Michoacán. El jueves fue ejecutado por un comando armado el presidente municipal de Tlanepantla, Puebla, José Efraín García, cuando viajaba en su vehículo. Desde septiembre de 2017, un total de seis alcaldes han fallecido víctimas de atentados.
Las elecciones del 1 de julio de 2018 son las más grandes y complicadas de la historia del país, explicó Rubén Salazar, director general de Etellekt, durante el foro “Los retos y las amenazas a la seguridad durante las elecciones”, organizado por el Jenkins Graduate School, de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP). “Hay más de 3.400 puestos en juego, y esto representa un serio desafío para el estado mexicano en lo que se refiere a brindar seguridad a los aspirantes y actores políticos involucrados en estos procesos”, destacó el Tercer Informe de Violencia Política en México 2018.
Salazar resaltó que las conductas delictivas del crimen organizado “se están centrando en el ámbito municipal”. Las agresiones ocurrieron en 29 de los 32 estados del país y en un total de 167 municipios (casi el 7 por ciento del total de municipios de México). “El crimen organizado ha aprovechado el periodo de precampañas para llevar a cabo estas agresiones” indicó y precisó: de los 78 políticos asesinados en los siete meses analizados, el 66 por ciento lo fueron en periodos de precampañas e intercampañas. El sistema de protección del gobierno “no contempla la protección de los precandidatos”, por lo cual esta seguridad debe pedirse al gobierno federal, y ya tenemos suficiente información de cómo opera la garantía de seguridad otorgada por las autoridades federales.
RIDÍCULAS ANDANZAS CARIBEÑAS
Estando el panorama nacional bajo estas circunstancias, cuando falta muy poco para la celebración de los comicios más importantes en la historia de México, la falta de sensibilidad política, pero también de conocimiento de las leyes, se hizo presente en Quintana Roo. Un afán de protagonismo hasta cierto punto perverso pretende ejercerse bajo el manto de una figura, de la consulta pública, para determinar un asunto que tiene que ver con las leyes, con los reglamentos, con la autoridad y no necesariamente con la voluntad popular y menos aún si quienes van a disfrutar del servicio son justamente quienes ni siquiera votarán. Ese es el caso de determinar si UBER debe o no circular en territorio benitojuarense.
De entrada se convierte al municipio Benito Juárez en un territorio de excepción. Pese a que la circulación de vehículos puede realizarse por todo Quintana Roo, solamente los habitantes de Cancún son quienes determinarán si se pone o no en marcha la aplicación de referencia. Son pues estos habitantes quienes toman decisiones, al parecer, por todos los quintanarroenses, ¿serán los de primera? Si bien algunos habitantes muestran simpatía por la llegada de los uberianos, los más interesados son los hoteleros pese a que en la parte externa de sus inmuebles están dispuestos para el servicio al turista tanto vehículos como camionetas en perfecto estado y ya, inclusive, detectadas por sus botones, conocidos, generando así suficiente seguridad en los traslados de huéspedes.
Un argumento sobre el cual basan la necesidad de introducir esta plataforma se basa en su fama mundial, en consecuencia ¿deberían sufragar los turistas? Eso es imposible y por lo tanto invalida un aspecto en el cual no se contempla a quienes prestan el servicio de transporte en las terminales aéreas, empresas cuyas erogaciones son importantes al deber liquidar renta por las instalaciones internas, las externas, el estacionamiento, etcétera. Los de UBER llegan, recogen el pasaje y se retiran con su dolaritos garantizados y sin realizar ningún pago.
Si hay ex gobernadores propietarios de cientos de placas, ex líderes del sindicato con iguales prebendas, etcétera, nada mejor que retirárselas al tiempo de marcar una estricta reglamentación en virtud de tener ya un registro muy puntual de los autos, sus conductores, los propietarios, etcétera, lo cual en estos momentos es una invaluable garantía de seguridad en, por lo menos, contar con bases para iniciar investigaciones en los casos de comisión de delito.
Aunque fuera de lo anterior está otro punto: el legal, el cual no parece ser el fuerte de la administración de don Carlos Manuel Joaquín González. Según la Ley Federal de Consulta o Consultas Populares, está establecido se convoque al Congreso y éstas se deben realizar el mismo día de la jornada electoral, pero la petición se tiene que hacer a más tardar el 15 de septiembre del año previo a la jornada electoral. Así que para la jornada de este primero de julio ya no podría hacerse una consulta. Lo anterior está en los artículos 8 y 13 y es federal. Ahora bien, hay que identificar la autoridad que organiza la consulta, es decir, si es una autoridad federal o local ya que existen también diversas figuras de consultas en las entidades federativas.
De acuerdo a la Ley de Consulta Ciudadana del Estado de Quintana Roo, en su Título Segundo, del Procedimiento de referéndum, plebiscito, consulta popular; en el Capítulo primero de la presentación, calificación de requisitos y trascendencia, su artículo 43 ordena:
“La solicitud de plebiscito deberá presentarse en un plazo no mayor de sesenta días naturales siguientes al acto, decisión o la manifestación de intención de realizar una obra o implementar una política pública. En el año de elecciones la solicitud de referéndum, plebiscito y consulta popular, deberá presentarse cuando menos noventa días antes de la fecha de la jornada de la consulta, la cual será el día de la jornada electoral”. Como el requisito en Quintana Roo es presentar la solicitud cuando menos 90 días antes del día de la elección, simple y sencillamente no puede llevarse a cabo ninguna consulta el primero de julio.
Al parecer los 123 ejecutados en lo que va del año, los 17 feminicidios registrados en igual tiempo, no son materia de ocupación del gabinete estatal, lo importante es darle palo a los taxistas, quedar bien con determinados grupos gustosos de abanderar cualquier avance o inclusión de la entidad en operaciones internacionales sin importar si esto, tarde o temprano, servirá justamente para derrumbar sus propios capitales. No es un juego considerar lo tenso de las relaciones con el vecino del Norte y la utilización de cualquier esquema mexicano, sobre el cual pueda DT recargar sus aspiraciones de reelección e incrementar el rechazo de sus seguidores sobre todo lo relacionado con los latinos y, obviamente, con los mexicanos.
ENCERRONA CON PANISTAS
En el conjunto Bucareli, Alfonso Navarrete Prida, junto con Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad; Álvaro Vizcaíno, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Alberto Bazbaz, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal; y Víctor Manuel Torres, comisario general de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, se reunieron el jueves con los gobernadores del PAN: Francisco Vega, de Baja California; José Rosas Aispuro, de Durango; Miguel Márquez, de Guanajuato; José Antonio Gali, de Puebla; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Miguel Ángel Yunes, de Veracruz. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, confirmó que no acudió al encuentro con sus compañeros porque “se perdió toda comunicación e interacción con Gobernación”, luego de la confrontación de su administración con el gobierno federal.
Rosas Aispuro, mandatario duranguense, confirmó que en la reunión se revisan los temas de seguridad existentes en cada entidad. “Se analizaron los temas y las circunstancias de cada estado, fue más que nada una reunión de seguridad”, indicó y adelantó se revisarán los avances en los índices de criminalidad de cada estado, de acuerdo con la información que cada entidad posee. El tema fue el análisis de seguridad de los siete estados que estuvimos presentes y la necesidad de sumar esfuerzos en esta materia, comentó. Los gobernadores panistas reiteraron su total disposición a seguir trabajando de manera coordinada con la Federación.
Pero la estrategia seguida hasta el momento no brinda resultados satisfactorios, por el simple hecho de que está enfocada a garantizar al seguridad estratégica de Estados Unidos y no la paz y tranquilidad de México.
SUBORDINACIÓN A E.U.
Un reporte de la Comisión Nacional de Seguridad, difundido recientemente, detalla los programas bilaterales vigentes, ahora bajo análisis, para determinar cuáles se mantendrán, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto –después de los desencuentros con Donald Trump- instruyó que todas las dependencias realicen un diagnóstico de la coordinación con la administración del cuestionado y polémico magnate, quien ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la franja fronteriza, presuntamente para reforzar la seguridad.
La total subordinación de las políticas en materia de seguridad que se aplican en México a la estrategia de administración de estupefacientes a la creciente población adicta estadounidense, se exhiben en dicho informe: la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) lleva a cabo operaciones conjuntas con la Agencia de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para frenar la fabricación de pastillas con fentanillo, cuyo consumo ha sido clasificado como epidemia por el gobierno estadounidense, pues ha dejado miles de muertos por sobredosis.
Hay seis operativos de la Policía Federal en la frontera de relevancia: Espejo, Salvavidas, Limpieza de Puentes Fronterizos, Sombra, Aéreos e Iluso. Adicionalmente, la PF ha diseñado estrategias especiales: Frontera Profunda, que consiste en operaciones localizadas en la línea fronteriza dentro del territorio de los seis estados del norte; y Frontera Inteligente, que se refiere a la cooperación e intercambio de información con las diversas agencias de EEUU. Además, se lleva a cabo la sectorización de corredores, consistente en la vigilancia en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila-sur de Texas; Coahuila y Chihuahua-oeste de Texas y Nuevo México; Sonora-Arizona y Baja California-California.
En los últimos dos años, el Centro de Delitos Electrónicos contra Menores (Cenadem) ha colaborado con el FBI y la Oficina de Investigaciones y Seguridad Nacional (HSI), y el Cuerpo de Alguaciles en investigaciones que permitieron la detención de 17 presuntos delincuentes; 15 por tráfico de personas, uno por pornografía infantil y uno por homicidio. La DEA (Administración para el Control de Drogas) ha impartido a la PF cursos para el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, así como la identificación y disposición final de precursores químicos para la elaboración ilegal de drogas.
Pero no sólo eso, investigaciones periodísticas han dado cuenta de las operaciones de la DEA en México, en donde sus agentes y fiscales del Departamento de Justicia se reunieron y negociaron, en secreto, con miembros de cárteles del narcotráfico para obtener información de organizaciones rivales, situación que incrementó la violencia en todo el país. Ninguna autoridad mexicana reportó al Congreso de la Unión esos encuentros, ni tampoco se abrió alguna investigación sobre dichas reuniones en territorio mexicano.
No obstante, el gobierno de Estados Unidos conoció y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con miembros de cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, para obtener información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Ese modus operandi implicó una violación del derecho internacional, pero no se hizo absolutamente nada pues todo se manejó en secreto.
Entre 2006 y 2012, durante el calderonato, el gobierno de Estados Unidos estableció con el mexicano convenios de colaboración sin precedentes en la historia del país para el combate al narcotráfico; y en paralelo creó una guerra secreta en México a través de sus agentes que se reunieron directamente con miembros de los carteles. Las reuniones de los agentes de la DEA y de la ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas), así como de los fiscales del Departamento de Justicia fueron autorizadas desde Estados Unidos, de acuerdo a documentos judiciales.
PAZ Y RECONCILIACIÓN
Ante el Episcopado Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, anunció que si gana la Presidencia de la República invitará al Papa Francisco, entre otros líderes espirituales y dirigentes sociales del mundo, a participar en un debate nacional para lograr la paz y la reconciliación de México. Tras una reunión en privado con los obispos, en las instalaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, AMLO resaltó el papel que el Pontífice ha jugado en otros procesos de paz. “El ha participado en procesos de reconciliación con los gobiernos de Cuba, Estados Unidos y Colombia para que haya paz y tranquilidad”. El político tabasqueño planteó a más de un centenar de prelados realizar foros entre el primero de julio –cuando confía ganar- y el primero de diciembre –cuando tomaría protesta-.
El candidato presidencial de Morena, quien encabeza por mucho las encuestas sobre intención del voto, informó que los obispos le hicieron preguntas sobre el cumplimiento de sus compromisos. “Lo que he dicho ya en plazas públicas: no les voy a fallar a los mexicanos. No voy a traicionar la confianza que han depositado en mí”, puntualizó.
DE LOS PASILLOS
La seguridad se ha vuelto una moneda de cambio política, aseguró ante senadores Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada. En el Foro “Hacia una nueva policía”, organizado por la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara alta, el autor del libro “Cómo poner un alto a la inseguridad en México” resaltó que en el pasado reciente “cada presidente ha intentado resolver esta problemática de la inseguridad con estrategias que han fracasado. Nunca se le ha preguntado a un candidato cuánto piensa gastar en seguridad pública y qué beneficios nos piensan dar a cambio. Pero eso sí, mientras están en campaña nos prometen que la inseguridad quedará resuelta”, con resultados que hasta la fecha han sido desastrosos. “Hoy gastamos mil veces más que hace 30 años, y tenemos 10 mil veces más inseguridad que entonces”, destacó el especialista, quien sostuvo “la seguridad debe dejar de ser rehén de los gobernadores y presidentes municipales, de los diputados y senadores”.
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