Lilia Arellano
“¡Contra la injusticia y la impunidad!
Ni perdón ni olvido”: Bertolt Brecht
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Inseguridad incontenible y muy costosa: 286 mmdp en 2018
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D. Trump contento con AMLO y Ebrard, los felicita en la ONU
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Impunidad: 9 de cada 10 delitos no se denuncian, revela Inegi
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Durazo: sólo justificaciones; sigue culpando a régimen de EPN
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2019.- Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, advierte con mucha precisión: “un país estable y próspero no puede ser un país con una percepción de inseguridad y vulnerabilidad”. La declaración es muy oportuna pues muchos pendientes va acumulando el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación. En primerísimo lugar está el tema de la inseguridad, la ola de violencia, la actividad irrefrenable de los grupos criminales, la carnicería humana desatada en todo el territorio nacional, la acumulación de víctimas, las cuales superan las 300 mil a la fecha desde el arranque de la llamada “guerra al narco” detonada por el calderonato. Y los costos económicos son estratosféricos: 286.3 mil millones de pesos el año pasado, de acuerdo a datos oficiales este martes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Lo peor es no observar una estrategia de Estado para hacer frente a esta compleja situación, pues la administración actual sigue utilizando la carta de echarle la culpa al anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no termina de tomar el control de la seguridad de la Nación, sólo se les va el tiempo en justificaciones.
No hay nada más importante para garantizar la justicia que la consolidación del Estado de Derecho, advirtió el diplomático estadounidense durante la inauguración del encuentro “Elaboración de Guías de Conducción de Audiencia Inicial, Intermedia y Juicio”, organizado por la Embajada de Estados Unidos y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En ese esfuerzo, añadió, México no está solo y cuenta con el apoyo de su país para avanzar en la implementación del sistema de justicia penal. También resaltó su gobierno da asistencia para fortalecer su capacidad en la investigación, enjuiciamiento y resolución de casos penales, incrementando la seguridad y reduciendo las amenazas de la delincuencia trasnacional para ambas naciones. No debemos olvidar los grandes retos en materia de salud pública enfrentados por el vecino país del norte derivados del excesivo consumo de estupefacientes, muchos de ellos adquiridos legalmente, en farmacias y centros comerciales, cuya adicción los hace presa fácil de las drogas duras surtidas por las organizaciones criminales, no sólo mexicanas, sino asiáticas y sudamericanas. Actualmente se calcula en más de 30 millones los estadounidenses adictos, los cuales han colapsado el sistema de salud de ese país.
Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concentró su atención en las amenazas e intenciones de hacer una nueva reforma –otra más- al sistema de justicia penal, al señalar debe dársele tiempo a la actual para mostrar resultados. Destacó gran parte del problema es la percepción de la gente de que los cambios en la justicia penal no han funcionado, pero advirtió si se da marcha atrás en este reforma se corre el riesgo de hacer un sistema de parches. La realidad es dura pues la implementación del sistema penal acusatorio en México no ha dado los frutos esperados, a pesar de haberse derivado de la revisión más profunda de la estructura legal en más de un siglo. El reparto de culpas y, sobre todo, la confusión siguen predominando en cada eslabón de la cadena legal.
SISTEMA PENAL ACUSATORIO REZAGADO
Los policías, con bajos niveles académicos, siguen careciendo de las capacidades para llenar correctamente formas laboriosas, exigidas y establecidas a partir de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio el sexenio pasado. Los fiscales se quejan cada vez más de los jueces por liberar a delincuentes cuya captura y colocación en proceso no fue fácil y les llevo muchas horas de trabajo. Los jueces acusan a los investigadores y policías de estar mal capacitados y de cometer errores en las escenas del crimen. Todos estos errores, juntos y combinados, hacen muy difícil la administración y procuración de justicia en México, donde los grupos criminales parecen tener ahora vía libre para sus actividades, en áreas convertidas en verdaderas zonas de guerra, ante la ausencia de una estrategia nacional por parte del gobierno federal para combatirlos, distraído en asuntos como la persecución de migrantes centroamericanos, principalmente, para atender los requerimientos del gobierno de Donald Trump y evadir la implementación de injustos y abusivos aranceles comerciales.
Esa tarea si que ha sido exitosa, al punto de que Donald Trump, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, agradeció este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador, su cooperación para frenar la migración hacia Estados Unidos. “Me gustaría agradecer al presidente López Obrador en México por la gran cooperación que estamos recibiendo y por poner a 27 mil soldados en nuestra frontera sur”, indicó el magnate en su discurso, y agregó: “México nos está enseñando un gran respeto, y yo los respeto de vuelta”. Su alegría se deriva de lo bien que el gobierno de AMLO, como en su momento lo hizo Enrique Peña Nieto, respalda sus ambiciones políticas, ahora rumbo a la reelección en la presidencia de Estados Unidos.
Mientras se observa se carece de una estrategia nacional para frenar la ola de violencia y las actividades del crimen organizado, los esfuerzos aislado son ahogados en el nuevo sistema de justicia penal, donde los jueces tienen mayor margen de acción para liberar a los sospechosos, en espera de un juicio, como en el sonado caso de Aytozinapa, el cual se ha convertido en otra asignatura pendiente para la actual administración federal. Un gran número de sospechosos son liberados por los errores cometidos por policías y fiscales, y porque la cadena de custodia de la evidencia es regularmente violada. Además, los juicios orales también han puesto en mayor riesgo a los jueces, quienes ahora se ven amenazados pues tienen enfrente a los criminales.
A la fecha, existe un grave rezado a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal. A pesar de los diversos esfuerzos para la consolidación del modelo acusatorio, durante el año pasado ninguna de las entidades alcanzó el estándar mínimo, de acuerdo al informe “Hallazgos 2018” de la organización México Evalúa, encabezada por Edna Jaime. “Siguen existiendo rezagos en la operación del sistema. El impacto de una falta de coordinación y articulación de políticas entre instancias ha derivado en esfuerzos aislados y resultados incipientes”, destaca el informe en el cual los estados de Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Sonora son los peor evaluados.
CRIMEN E INSEGURIDAD COSTOSOS
Este martes, el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) 2018, en la cual destaca el costo del delito y la inseguridad el año pasado fue de 286.3 mil millones de peso, esta cifra representa el 1.54 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Lo cual equivale a un promedio de 6 mil 468 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito”, de acuerdo al sondeo levantado entre marzo y abril de este año en 102 mil viviendas.
El reporte de la ENVIPE precisa: “Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares que asciende a 102 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron los 184.3 mil millones de pesos restantes (…) a partir de lo anterior, las víctimas de robo total de vehículo tuvieron una pérdida promedio de 25 mil 816 pesos; mientras las personas quienes sufrieron fraude perdieron 8 mil 277 pesos en promedio”.
A nivel nacional hubo 81 mil 966 secuestros el año pasado, de acuerdo al estudio, la cifra más alta de los últimos cuatro años. La tasa de víctimas de secuestro por cada 100 mil habitantes fue de 63 el año pasado; y 65 en el caso de la incidencia de ese delito.
En cuanto al total de víctimas y delitos, el año pasado se estima se generaron 33 millones de delitos asociados a los 24.7 millones de víctimas adultas, lo cual representa una tasa de 28 mil 269 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2018. Del total de delitos, 9.4 millones fueron robos o asaltos en la calle o el transporte público, y 5.7 millones fueron extorsiones. “Tan sólo estos dos delitos, el robo o asalto en calle o transporte público, más las extorsiones, cuentan por el 45 por ciento del total de estos 33 millones de delitos ocurridos en 2018”, destacó Julio Santaella, titular del Inegi. Así, agregó, uno de cada tres hogares en México fue víctima del delito.
Dentro de todo este espectro criminal, predomina la impunidad. Sólo se inició averiguación previa en el 6.8 por ciento del total de los delitos. En este sentido, la ENVIPE estima la cifra negra a nivel nacional el año pasado fue de 93.2 por ciento, cifra estadísticamente equivalente a la estimación de 93.2 por ciento en 2017, resaltó Santaella, quien explicó entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas, destaca la pérdida de tiempo, con 31.7 por ciento, y la desconfianza en la autoridad con 17.4 por ciento.
DURAZO SIGUE CULPANDO AL RÉGIMEN DE PEÑA NIETO
Al participar en un seminario en el Colegio de México, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredó un Estado arrinconado y con territorios no necesariamente gobernados por las autoridades. Resaltó la estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar ya probó sus limites y generó múltiples decepciones. Por eso, la actual administración federal decidió no seguir con la idea de la lucha contra el narco, la cual calificó de conservadora. Ahora, agregó, “enfrentamos la inseguridad sin echarnos la bolita, sin repartir culpas y asumiendo responsabilidades”.
El ex secretario particular de Vicente Fox señaló la estrategia antinarco fue atractiva para los gobiernos en turno y el “espectáculo mediático” rindió sus frutos políticos, pero terminó por empoderar a los criminales. En la ponencia titulada “La estrategia de seguridad en la 4T”, la cual por cierto eludió mostrarla o explicarla, Durazo aseveró el uso indiscriminado de la fuerza pública implica riesgos altos de represión como método de acción del Estado. “Además –justificó- no vamos a dar sustento a la propaganda que pretende precisamente pintarnos como un gobierno autoritario”.
Y explicó, por si alguno nos quedaran dudas: “El Plan de Paz y Seguridad plante igualmente la necesidad de repensar la seguridad nacional para utilizar las capacidades, la experiencia y los activos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por una temporalidad de cinco años”. Es decir, ¿tendremos algún resultado hasta el final del sexenio?
Durante gran parte de su ponencia Durazo se dedicó a defender a la Guardia Nacional. Acusó el uso de bots para criticar en redes sociales al nuevo cuerpo de seguridad de la gestión lopezobradorista, y reveló la contratación de dos empresas para difundir criticas contra la nueva fuerza de seguridad, a través de 500 mil bots.
Hay fines conservadores detrás de quienes exigen el uso de la fuerza pública para desactivar movilizaciones sociales, acusó el también ex secretario particular del extinto Luis Donaldo Colosio, quien insistió: “El despliegue general y permanente de la Guardia ha sido también criticado, igualmente se nos ha criticado por no usar la fuerza pública contra algunas expresiones sociales (…) Las críticas han llegado, lo digo con todo respeto, fundamentalmente a través de adherentes a la iniciativa de la guerra contra el narco. No podemos desestimar fines conservadores detrás de los llamados a usar la fuerza pública a la menor provocación”.
Bueno, al menos ya tenemos la justificación de que a la fecha no se tenga resultado alguno en materia de seguridad y contención de la ola de violencia resentida en el país.
DE LOS PASILLOS
Todo parece indicar México carecerá también este sexenio de un sistema educativo a la altura de sus requerimientos y necesidades, e indispensable para competir en el contexto y mercado internacionales. Los acuerdos alcanzados por el gobierno de AMLO con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) echaron por tierra la propia reforma educativa impulsada por el tabasqueño, la cual también se centró en los aspectos laborales de los docentes y dejo de lado los trascendentales contenidos a enseñar a los educandos… Este martes, los ahora victoriosos docentes disidentes de la Sección 22 de Oaxaca instalaron casas de campaña y carpas frente al Senado de la República, en Paseo de la Reforma, en espera y para vigilar se cumpla el proceso legislativo de aprobación de la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros… Al escribir estas líneas, las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos sesionaban para analizar las leyes secundarias de la reforma educativa, las cuales se intentaban pasar sin observaciones al Pleno pese al rechazo de las bancadas de oposición… De ser aprobadas tal cual, es segura su impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de los partidos PAN, PRI y PRD, cuyos legisladores consideran violan preceptos constitucionales; dan la espalda a los educandos y provocarán retrocesos lamentables al establecer disposiciones a modo para un grupúsculo sindical, en detrimento de la educación de 32 millones de mexicanos inscritos en los niveles educativos básico, medio superior y superior.
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