Lilia Arellano
“Entre mendigar y pedir prestado, no hay mucha diferencia”: Gotthold Lessing
Estados: sin dinero y… sin crédito.
N.L., Q. Roo. y Chihuahua los más endeudados.
El país, sin margen para endeudarse, dice: S&P.
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2018.- Durante los últimos 18 años, las entidades federativas del país han incrementado sus niveles de deuda a grados alarmantes. A lo largo de los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los gobernadores incurrieron en errores administrativos, desvío de recursos y ausencia de rendición de cuentas, con la complicidad de la federación, por lo cual la situación financiera de más de la mitad de los estados es crítica por sus altos niveles de deuda y las obligaciones derivadas de ésta.
De todas las entidades federativas, sólo Aguascalientes, Querétaro, y Guanajuato estarán en posibilidades de garantizar su gasto y realizar inversión pública en 2019. Más de la mitad de las entidades del país enfrentan una situación difícil, incluso para solventar el gasto corriente, y tienen serias dificultades para poder desarrollar inversión, advirtió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. El saldo de la deuda alcanza al cierre del segundo trimestre de este año 574 mil 780 millones de pesos, mientras que en el año 2002 ascendía apenas a 116 mil 217.4 millones de pesos.
El pésimo e irregular manejo de los recursos públicos ha sido evidente en la mayoría de las entidades federativas, por lo cual diversos gobernadores han sido acusados de desvíos de recursos públicos por las nuevas administraciones. Verdaderos escándalos se han visto en las casos de los ex gobernadores Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; o Humberto Moreira, de Coahuila, por sólo mencionar algunos. A eso debe agregárseles los abusos realizados por mandatarios estatales y responsables de la hacienda pública de la emisiones bursátiles y fideicomisos no reportados. Así 10 entidades registran deudas per cápita superiores a la media nacional, la cual es de 4 mil 500 pesos.
Nuevo León, a partir del gobierno de Sócrates Rizzo García, pasando por los de Benjamín Clariond, Fernando Canales, Fernando Elizondo, José Natividad González, Rodrigo Medina y hasta Jaime Rodríguez, se convirtió en la entidad con la mayor deuda per cápita, con 13 mil 664 pesos. Le siguen Quintana Roo –a partir de la administración de Mario Villanueva Madrid- con 12 mil 952 pesos; Chihuahua –desde el mandato de Fernando Baeza, pasando por los gobiernos de Francisco Barrio, Patricio Martínez, José Reyes Baeza y César Duartes, hasta Javier Corral- con 12 mil 646 pesos; y Coahuila –especialmente en los mandatos de Humberto Moreira, Jorge Torres López y Rubén Moreira- con 12 mil 69 pesos.
De los estados con la deuda más alta con respecto a su Producto Interno Bruto destacan Chihuahua, Quintana Roo, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Michoacán, donde la correlación es de entre 4 y 7 por ciento. En más de la mitad de las entidades los pasivos equivalen a más del 50 por ciento de sus participaciones federales, una de sus principales fuentes de ingresos. En Veracruz, por ejemplo, la deuda local equivale a 98 por ciento, en tanto que en Baja California y Michoacán tienen comprometido más del 80 por ciento.
Entidades como Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila y Sonora no sólo tiene problemas por lo elevado de su deuda sino que muestran ya complicaciones de sostenibilidad. Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que la deuda de estados y municipios alcanzan el mayor saldo reportado desde 2001 y representa el 82% de las participaciones federales.
En los últimos 18 años, muchas entidades crecieron sus deudas pero sin incrementar su gasto en obra pública. Desde hace al menos 12 años se “garantiza” dicha deuda a través de las participaciones federales, es decir, sin tener relación alguna con los ingresos propios. En los hechos, los estados han renunciado a sus facultades fiscales y se han atenido a un sistema federal el cual les provee el 90% de sus recursos. Al mismo tiempo, la Federación es condescendiente y omisa, y no exime pulcritud, transparencia y rendición de cuentas, como lo ha denunciado la iniciativa privada.
La situación podría ser peor, pero durante el primer trimestre de este año se materializaron los efectos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La deuda pública presentó su menor crecimiento anual desde que la SHCP registra este indicador, en 1993. Al cierre de marzo de 2018, los financiamientos de los estados del país, que incluye a sus demarcaciones y organismos, aumentó 1.5% a tasa anual, un nivel inferior, para un mismo periodo, en comparación con años previos.
El promedio anual de ese rango de variación de 1993 al 2006 fue de 19.0 por ciento; del 2007 al 2012 los incrementos fueron de doble dígito; de entre el 2013 y el 2007 el rango de variación fue de 4.3 y 10.3 por ciento. Antes de que colocara cerrojos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo decreto se publicó el 27 de abril del 2016, los gobiernos locales se endeudaban sin considerar consecuencias futuras.
Los objetivos principales de ese marco normativo son promover finanzas sostenibles, uso responsable de la deuda pública y transparentar cuentas. Para ese efecto, se dispuso del Sistema de Alertas para medir, a través de tres indicadores, el nivel de endeudamiento de los entes públicos con financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Único de la SHCP, cuya fuente de pago sean los Ingresos de Libre Disposición. Y a pesar de todo el nivel de endeudamiento de las entidades federativas es histórico y alarmante.
De acuerdo con la calificadora Standar and Poor´s (S&P) México tiene un escaso margen de maniobra para elevar su endeudamiento. Nuestro país tiene actualmente una nota BBB+, con perspectiva estable, pero S&P señaló estará atenta a las medidas de política económica del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como al manejo de la deuda.
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