Lilia Arellano
“La dictadura se presenta acorazada porque ha
de vencer. La democracia se presenta desnuda
porque ha de convencer”: Antonio Gala
- En duda la revocación de mandato
- No es momento y carece de reglamentación
- Multimillonario botín para partidos políticos
- Sheinbaum ignora “riesgo máximo” existente
En el cúmulo de pendientes en poder de la actual Legislatura federal destaca la expedición de la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato, a través de la cual el presidente López Obrador pretende renovar el voto y respaldo popular con el cual llegó a la Presidencia en 2018, ello pese a una gestión para muchos decepcionante por los pobres resultados alcanzados al atender las crisis multifactoriales resentidas en México: la ola de violencia, la inestabilidad económica y la emergencia sanitaria. A través del novedoso proceso cuyos detalles habrán de definirse en las próximas semanas, el actual inquilino de Palacio Nacional busca implantar imagen y poder, presentarse como el hombre más fuerte del régimen justo en la recta final de su mandato y en el proceso de elección de su sucesor.
Por instrucciones presidenciales, la dirigencia nacional de Morena, a cargo del cuestionado Mario Delgado, y la bancada de ese partido en el Senado, encabezada por Ricardo Monreal, buscan un periodo extraordinario de sesiones buscando aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual reglamentaría la reforma al artículo 35 constitucional, apartado 8 Fracción IX, aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2018. AMLO pretende ganar con amplio margen la revocación de mandato e infringir una derrota contundente a sus adversarios, no sólo a los partidos de oposición sino también a dirigentes empresariales y otros grupos de interés. Intenta tener una doble victoria: una derrota “moral” y anticipada de los “conservadores y neoliberales” y una ratificación para llegar fuerte a la recta final de su mandato, y a la sucesión presidencial del 2024, en la que estará en juego la continuidad de su movimiento y proyecto político.
El mandatario pretende tener el control total de su sucesión anticipada y apuesta a ganar otras seis gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, con lo cual Morena aspira a controlar en total de 24 gobiernos estatales. Dos años antes de la elección federal presidencial, el tabasqueño apuesta a derrotar a sus adversarios y enfrentar una oposición debilitada en 2024, para que él y sólo él decida quién lo sucederá en la Presidencia de la República. Por eso, López Obrador reta a sus adversarios a aliarse en su contra y poner fin a su gobierno.
Pero los analistas políticos independientes cuestionan la coyuntura en la cual se dará este proceso. En primer lugar, critica Luis Carlos Ugalde, la consulta para la revocación de mandato en esta gestión federal violaría el principio de no retroactividad de la ley, pues la figura de revocación debería entrar en operación hasta el siguiente sexenio, no en este, porque en este se legisló. No fue, destacó, una de las reglas bajo las que fue elegido el presidente en 2018. Consideró el aplicarla en 2022, a medio sexenio, sería burlar el sentido de la voluntad ciudadana que eligió en 2018 a un presidente por seis años, no a uno cuyo mandato podría revocarse al cuarto. Ugalde advierte que el presidente y los poderes del Estado deben cumplir ese mandato, no sujetarlo a revisión. El mandatario electo en 2018 debe terminar sus seis años de gobierno para cumplir la tarea y los tiempos para los que fue electo, sin existir entonces la posibilidad de separarlo del puesto en un plebiscito.
Para el analista, la refigura de revocación de mandato introduce una incertidumbre política cuyos efectos son todos indeseables para la normalidad y la estabilidad del gobierno. En todos los casos tendría un efecto de polarización y conflicto; lo mismo si el Presidente no es revocado que si es revocado, igual si se reúnen los votantes necesarios para que la consulta sea vinculante (40 por ciento), que si no. De acuerdo con Ugalde, la oposición debe abstenerse del todo en esta consulta y desinflarla ignorándola.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova adelantó que solicitará para 2022 una partida presupuestaria para organizar posibles consultas populares o revocación de mandato. A través de un video publicado en el sitio oficial del INE en la red social Twitter, Córdova señaló: “En acatamiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE solicitará en su proyecto de presupuesto para 2022 los recursos necesarios para los probables ejercicios de democracia participativa que podrían celebrarse en 2022, por un lado las consultas populares y, por otro lado, revocación de mandato”.
Córdova detalló el presupuesto a solicitar para el próximo año el cual se divide en tres rubros: funcionamiento del INE, prerrogativas a partidos políticos y una partida para la eventual organización de consultas populares o la ya referida revocación de mandato. Precisó: sólo para las prerrogativas a partidos políticos el presupuesto a repartir será de cinco mil 800 millones de pesos y recordó que para la realización de consultas populares o revocación de mandato, es necesario se dote de recursos para sostener todas las actividades y procedimientos los cuales garanticen condiciones de legalidad, equidad, transparencia y certeza.
La carreta con la billetiza está en marcha y el botín para los partidos políticos es la base de los enfrentamientos actuales, es la farsa para quedarse con dinero para ser repartido entre unos cuantos, quien gobierne es lo de menos, el chiste está en tener votos para seguir contando con las mejores rebanadas de tan suculento pastel.
UNA ABULTADA AGENDA DE PENDIENTES
En este contexto, también resaltan los pendientes en cuanto a las reformas relacionadas con la elección consecutiva de legisladores; la Ley General de Seguridad Privada; las reformas a las leyes respectivas en materia del financiamiento de la educación superior; y la expedición de la Ley General en materia de Pensiones; la Ley General en materia de Movilidad y Seguridad Vial; y realizar las adecuaciones normativas en materia de paridad de género respecto a nombramientos de funcionarios.
De acuerdo con lo señalado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, durante su participación en el foro Agenda en Materia de Justicia, Retos y Oportunidades hacia la 64 Legislatura, son 46 los asuntos rezagados que deberán retomarse en el futuro inmediato, además de las 7 tareas relacionadas con las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte. La ex senadora y ex presidenta del PRI delimitó la agenda de pendientes cuya resolución urgente es responsabilidad de la 65 Legislatura.
Derivado de resoluciones de la Suprema Corte, dentro de esos pendientes, los futuros diputados también deberán expedir el Código Único en materia familiar y civil, cuyo plazo establecido por la Corte es el primer periodo ordinario de la próxima legislatura, es decir, el 15 de diciembre de 2021; se incluye la revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y su fundamento constitucional para su correcta implementación, toda vez que los ministros declararon inconstitucional diversos artículos de dicha ley relacionados con el origen lícito de los bienes implicados; efectuar la revisión de los artículos inconstitucionales por Corte de la nueva Ley General de Educación, relativos a las comunidades indígenas y afromexicanas. Y realizar las adecuaciones a las leyes generales y federales en materia de justicia cotidiana y solución de fondo de conflictos.
Sauri Riancho recordó que la Corte tiene pendientes por resolver: acciones de inconstitucionalidad a la legislación secundaria de la Guardia Nacional en materia de Registro de Detenciones, Uso de la Fuerza y la Ley de la Guardia Nacional. “No podemos hacer a un lado las definiciones que faltan en materia de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la importante reforma pendiente en materia del uso lúdico de la cannabis”, enfatizó. La ex dirigente priísta recomendó construir algún mecanismo para obligar a la Legislatura a la aprobación de los regímenes transitorios, a no dejar pendientes y cumplir con la armonización, adecuación y expedición de los plazos.
Y pensar sería todo lo anterior posible si, a los curuleros, les diera por trabajar, por desquitar el salario, por cumplir con sus compromisos, pero no es así ni entre morenos, amarillos, azules, tricolores, anaranjados y del color que falte.
DE LOS PASILLOS
La Ciudad de México se encuentra en “riesgo máximo” de acuerdo con las autoridades federales de salud, debido al aumento de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos provocados por la tercer ola de Covid-19. A pesar de todo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldada por el presidente, mantiene la posición de no restringir las actividades económicas de la capital de la República. Mientras, la mayoría de la población se olvida del confinamiento y sin mayor precaución se lanza a las calles, abarrota plazas y comercios, realiza fiestas y atiborra antros y bares que, en los hechos, ya operan sin medidas sanitarias. En México, la curva epidémica retomó su tendencia al alza: con 19 mil 555 contagios confirmados en las últimas 24 horas y un total de 2 millones 997 mil 885 casos. Las víctimas de la pandemia llegaron a 245 mil 476. La SSA reportó incrementos de un punto porcentual tanto en camas generales como con ventilador, lo que da una tasa de ocupación nacional de 54 y 45 por ciento, respectivamente. Pero el gobierno de la Ciudad de México ya adoptó, en la práctica, la política de que se muera quien tenga que morirse, particularmente aquellas personas con la desgracia de haberse infectado de Covid-19 y sus nuevas variantes y no tienen acceso a los servicios de salud ni dinero para contratar servicios particulares médicos….Claudita no tiene perdón de Dios. Sigue adelante con las instalaciones para sus celebraciones de los 500 años, se hacen los preparativos para el primero de septiembre y las fiestas patrias. Los trabajadores, ganandose el pan y no con el sudor de su frente sino arriesgando la existencia.
