Lilia Arellano.
“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”. Winston Churchill
- Campo minado
- Múltiples riesgos enfrentará el nuevo gobierno
- Indispensable prever acoso de poderes fácticos
- Inútiles y costosos planes contra la inseguridad
- En México urge un nuevo sistema de pensiones
- Conasami condena a la pobreza a 7.92 millones
- Roo: emisión de leyes contra una vida digna
- Tragedia por venir: migrantes dentro de trailers
Ciudad de México, 29 de mayo de 2018.- Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial, éste deberá ser acompañado por la participación de la sociedad civil a fin de generar realmente un nuevo régimen político, pues esta transformación no será automática. A mediano y largo plazo deben empujarse cambios como frenar el deterioro salarial en territorio mexicano, fortalecer el sistema de seguridad social e incentivar el mercado interno. Los riesgos para el nuevo gobierno no son pocos pues, sin duda, deberá enfrenar intentos de desestabilización por parte de algunos grupos empresariales, especialmente de quienes han alcanzado ganancias estratosféricas con la ejecución de políticas neoliberales desde finales del siglo pasado.
En las cúpulas de la iniciativa privada mexicana y de organismos financieros internacionales ya se asume anticipadamente la victoria en las urnas el próximo 1 de julio de López Obrador. Sin embargo, se gastan ríos de tinta y toneladas de papel para advertir de los presuntos riesgos que implica para el país el cambio de régimen. Esta guerra sucia fácilmente puede devenir en un franco acoso económico y político por parte de los poderes fácticos. Algunos empresarios pueden decidirse a repetir el esquema de “guerra de espectro completo”, aplicada actualmente en Venezuela, con el fin de generar inestabilidad y descontento, por supuesto, con el aval del actual gobierno de Estados Unidos en manos de Donald Trump.
Así lo advirtieron expertos y analistas políticos quienes participaron en el foro: “¿Qué hacer frente a las elecciones de 2018? Desafíos desde el Estado laico y los derechos humanos”. Carlos Fazio, periodista y analista político, destacó las elecciones presidenciales del 1 de julio están enmarcadas en un contexto geopolítico donde los proyectos que no cuentan con la simpatía de Washington son estigmatizados como “populistas” y se vuelven blanco de campañas de desprestigio mediático, pero también de ahorcamiento económico, a fin de facilitar la versión de que estos países deben ser “rescatados” en intervenciones “humanitarias”.
Los grupos empresariales pueden ejercer presión en contra de cualquier proyecto distinto al que a ellos les conviene, advirtió por su parte Dolores González, fundadora de la organización Servicios y Asesoría para la Paz, quien ejemplificó con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Tras anunciar Andrés Manuel López Obrador sus reservas ante la construcción de esa terminal aérea, “salió un pequeño grupo de empresarios a protestar y se hizo sentir la idea de que los intereses de ellos eran los de todos los mexicanos”, por medio de un aparato mediático el cual busca garantizar la hegemonía de los sectores más acaudalados.
INSEGURIDAD, CLAVO ARDIENTE
Existen vacíos legales en muchos de los problemas a solucionar en el corto plazo. De entre ellos sobresalen los relacionados con el manejo migratorio, con las necesidades actuales tomando en cuenta toda una región y no solamente lo referente a nuestro país o como respuesta a las exigencias del vecino del norte. La revisión a fondo del nuevo sistema penal es de extrema importancia aunado a la exigencia en tiempo y formas de capacitación de quienes aplican las bases de la justicia. De pronto ambos temas se han convertido en una amenaza para los ciudadanos al saberse de las acciones de grupos delictivos procedentes de Centro y Sudamérica y de la incapacidad de ministeriales y Fiscales para aplicar las nuevas normas.
En el sureste operan colombianos con su sistema crediticio “gota a gota”, con el cual aparentan entregar préstamos de buena voluntad, aunque con intereses altísimos para, al momento de registrar algún retraso en los pagos, incendiar autos, casas e inclusive matar a los deudores. La policía no hace nada para detenerlos a sabiendas de ser ya más de una docena los registrados en un solo punto y la expansión se presenta en virtud de la impunidad reinante. Se ha visto como tabla de salvación la llegada de militares a otras entidades señaladas en los últimos tiempos por el alto registro de inseguridad.
Sin embargo, no existen beneficios vistos cuando llega el Ejército, por el contrario son muchas las denuncias sobre resultados inversos. Una entidad como Quintana Roo padece de la llegada de esos grupos colombianos, venezolanos y hondureños los cuales no habrán de ser detenidos por los militares, esa es una tarea de judiciales, ellos deben presentarlos ante los ministeriales por la comisión de delitos denunciados y hacer el llamado a Migración a fin de cumplir con los procesos. ¿A qué se dedicarán los mílites? A los recorridos tal vez, a la permanencia en puestos de control y, dicen, a lograr abatir la inseguridad producto de muchos años de corrupción.
Si como se anuncia con bombo y platillo se incrementará en 30 mil el número de cuartos en la Entidad, el tamaño de la inseguridad crecerá y los factores no serán los mismos al percatarnos de que gran parte de esta delincuencia proviene también del desempleo y la pobreza, de la otra cara de los centros turísticos tan publicitados mundialmente como maravillosos. La terquedad de pretender resolver solamente por la vía policiaca, la militar, la inseguridad, no dará resultados en los cuales se vea disminuir el número de robos, asaltos, violaciones, asesinatos, ejecuciones. Se ha hablado en diferentes foros de una estrategia conjunta y mientras esto no se lleve a cabo todo seguirá igual.
De poco o nada sirven retenes y patrullajes si al momento de llegar a la mesa de los ministeriales no se ejecuta de inmediato la apertura del expediente y se inicia la investigación correspondiente. Al tiradero de la basura irán a parar los esfuerzos de algunos buenos elementos policiacos y del Ejército si al momento de ir tras los delincuentes los investigadores le piden a las víctimas dinero para la gasolina, o para cubrir gastos de traslado de varios días, o hacen manifiesta su impotencia de salirse de determinada esfera sin ordenes superiores y, con ello, limitar el campo en donde puede establecerse el refugio de quienes cometieron el o los ilícitos.
Con una sarta de buenos deseos y declaraciones para primeras páginas en los periódicos no se alcanza la seguridad y esto debieran tenerlo muy presente al darse a conocer siguen aumentando las alertas emitidas por las oficinas de Relaciones Exteriores de diversos países. Ahora, independientemente de la criminalidad, advierten sobre un clima enrarecido y presentan como agravante el proceso electoral. Siguen siendo los mismos estados y ciudades los considerados peligrosos para los turistas, el criterio no es distinto puesto que no existen resultados contrarios a los reportes recibidos durante los últimos meses, no ha disminuido la inseguridad porque tampoco se han atacado debidamente a las mafias y el número de asesinatos crece día con día.
Lo peor se ve en los parches, en los remiendos, en esas intentonas de hacer ver que se hace, cuando en realidad los mandatarios estatales están paralizados, a la espera de ver desaparecer sus tronos y encontrarse frente a la disyuntiva de tener, de verdad, que trabajar.
URGE NUEVO SISTEMA DE PENSIONES
Uno de los cambios fundamentales y estratégicos del nuevo gobierno lo será sin duda la transformación del actual sistema de pensiones, el cual es insostenible, de acuerdo con la opinión de diversos expertos, quienes advierten que, si la nueva administración federal no lleva a cabo una reforma integral a este sistema, el país será más desigual, pues habrá trabajadores quienes tengan pensiones excesivas y otros, muy bajas.
El gasto en pensiones actualmente representa 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero en el 2025 se estima que llegue a 4.5%, es decir, crece de manera acelerada, por lo cual es un problema que no debe seguir postergándose, advierte el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), quien acota: “el país no resistirá otro sexenio sin reforma, es un hecho que nos aproximamos a una crisis de pensiones en cuanto a que es un tema que no está debidamente fondeado y cubierto y no va a alcanzar para todos”.
A su vez, Alejandra Macías, coordinadora de pensiones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indica: “Ante la inercia que tienen las finanzas públicas y el gasto creciente de pensiones, de lo que tenemos que estar hablando no es sólo de parchar el sistema de pensiones, sino buscar una solución integral con mercado laboral”. La cuestión fundamental es cómo darle viabilidad financiera al sistema de pensiones. Para Macías, el problema debe abordarse desde dos ángulos: por un lado, las pensiones que se pagarán bajo el régimen de beneficio definido, como las de la denominada generación de transición, y las pensiones que recibirán las personas que estén en el régimen de afores (1997).
El problema de las pensiones tiene más de dos décadas, por eso se hizo la reforma en 1997, sin embargo, no se resolvió. Actualmente, preocupa pues se pagan pensiones de reparto muy altas, y el sistema de Afores pagará pensiones bajas. De seguir las cosas igual, las siguientes generaciones van a tener que ahorrar para su pensión y pagar una gran deuda de las pensiones pasadas. Para Enrique Díaz Infante, director del programa del sector financiero y seguridad social del CEEY, debe reforzarse la reforma de 1997 y acompañarse de una reforma fiscal que permita viabilidad financiera e incluya los trabajadores que se encuentran en la informalidad. A su vez, Federico Rubli, vicepresidente del comité nacional de estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), afirmó no se deben tomar más atajos para resolver el problema en pensiones y se pronunció por incrementar las aportaciones de 6.5%, la más baja entre países de la OCDE.
Otras propuestas de los expertos son: el establecimiento de la pensión universal; complementar la pensión con subcuenta de vivienda; fortalecer el sistema de Afores, ampliar régimen de inversión de Afores; modificar la estructura institucional del sistema de pensiones; y hacer una reforma en pensiones acompañada de reforma fiscal y laboral.
DESEMPLEO Y POBREZA
Al determinar no aumentar los sueldos, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) obligó y condenó por decreto “a vivir por debajo de la línea oficial de la pobreza” a 7 millones 926 mil 332 trabajadores mexicanos quienes ganan como máximo 88.36 pesos al día o 2 mil 650.80 al mes. Así lo aseguró la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), la cual aglutina a 60 organizaciones civiles, quienes rechazaron el aumento al salario mínimo genere presiones inflacionarias, pues, recordaron, el minisalario fue desindexado de tarifas y multas del sector público, además de que desde 2015 se homologaron las percepciones que había en tres zonas económicas sin subir precios o perder empleos.
La Conasami resolvió el pasado 21 de mayo no continuar con el proceso de revisión del salario mínimo vigente, argumentando la economía mexicana enfrenta “factores de riesgo considerables”. Sin embargo, la propia Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció por revisar el salario mínimo y sostuvo existen condiciones económicas para aumentarlo a 98.15 pesos por día. Además, refirió, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y decenas de organizaciones civiles y sociales, consideran “urgente, necesario y viable un alza en el salario mínimo”, como piso hacia una remuneración suficiente la cual permita a los mexicanos vivir con dignidad y sin miseria.
Por otro lado, este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó: el desempleo en México se incrementó durante abril de este año en comparación con el registrado en marzo, pues el 3.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA) ni siquiera trabajó una hora a la semana porque no consiguió empleo, pese a buscarlo y tener disposición para ello. También destacó el 83.7 por ciento de los desocupados son mexicanos (de mayor instrucción), es decir, cuentan con estudios de bachillerato o nivel superior, mientras que sólo 16.2 por ciento de quienes no tienen trabajo carecen de estudios completos de secundaria.
El Inegi precisó que la tasa de desocupación en abril apenas creció una décima si la comparación se hace con las cifras desestacionalizadas, es decir, eliminando o filtrando factores estacionales que pueden alterar el registro, pues en marzo 3.3 por ciento de la PEA estuvo sin trabajo. Respecto a los estados, más de la mitad, es decir, 14, superan el promedio nacional de desocupación. Tabasco encabeza la lista con una tasa de 6.8 por ciento, seguido del Estado de México (4.4%), Tamaulipas (4.1%), Durango (4%), Aguascalientes (3.9%), Coahuila (3.9%), Baja California Sur (3.8%), Nuevo León (3.7%), Chihuahua (3.7%), Guanajuato /3.7%), Nayarit (3.7%), Sonora (3.7%) y Tlaxcala (3.6%). Si sólo se toma en cuenta las 32 áreas urbanas más importantes del país resulta que el desempleo en abril fue de 4.2 por ciento, mayor en una décima al de marzo.
ANDANZAS CARIBEÑAS
Son muchos los problemas sin resolver en Quintana Roo, no solamente es la inseguridad reinante, el número creciente de cadáveres regados en todo el territorio, sino otros temas en extremo importantes. Uno de ellos, la nueva Ley de Asentamientos Humanos y un largo etcétera que incluya urbanismo y medio ambiente. Está en vías de ser publicado este maligno engendro de favelas como si las del fraccionamiento Villas Othoch Paraíso no fuesen suficiente. Carentes de conocimiento de las costumbres del lugar tienen interiores en los cuales es imposible colocar una hamaca.
Los frentes serán de solamente seis metros y el terreno de escasos 108 metros, nada se dice de la calidad de los materiales y de los requisitos a cumplir en las construcciones que permitan a los habitantes estar seguros en caso de huracán. Densidades y usos de suelo están al mejor postor y nada de tener que entregar zonas de donación para la construcción de escuelas o de parques o de áreas de beneficio común. Éstas pueden ser compradas por el fraccionador y construir en ellas más viviendas o dejárselas al municipio quien deberá donarle al estado el 20 por ciento del espacio. Despoja el estado de ingresos a los municipios y, por si fuera poco, no abarca los lineamientos necesarios para el cuidado del medio ambiente y mucho menos garantiza una vida digna al permitir el hacinamiento y generar violencia ante un medio no sustentable ni garante de salud tanto física como mental.
Por fortuna son muchas, incontables, las pifias cometidas en esta nueva ley -enviada por el Ejecutivo Carlos Manuel Joaquín González, quien encontró en el diputado Carlos Pereyra a su operador maravilla- que resultará fácil tumbarla en instancias federales al excluir a la Secretaría de Medio Ambiente en las aprobaciones, al alterar la autonomía municipal y violar el 115 constitucional, así como no representar garantía alguna de convivencia en un ambiente sano. Pueden presentar controversia no sólo los munícipes, sino las agrupaciones dedicadas a proteger el medio ambiente, también las constructoras porque tal parece no han revisado la letra chiquita y salen también afectados. y los ciudadanos en general como terceros perjudicados y todo ello puede ir de manera directa hasta la Suprema Corte de Justicia, para no andar buscándole en tribunales locales en donde, al igual que con plena inconciencia lo hicieran los del Consejo Coordinador Empresarial, respalden no una ley sino una de tantas incongruencias del gabinete del gobernador.
Lo que se ve detrás es el gran negocio, otro gran negocio. Impedidos como están para seguir ofertando tierras, abren en su totalidad el abanico para poder vender lo existente permitiendo hacer lo que se quiera a quienes inviertan. Y en esto ya también entra el Verde al exigir la reactivación de los verificentros, cuando la contaminación de mayor padecimiento es la política con tanto manoseo, con la puesta en marcha de estrategias con las cuales pretenden hundir a 6 partidos políticos de los 9 existentes y sacar a flote dos con el sello Joaquín por delante.
Ni que decir del caso Tajamar y el respaldo de Enrique de la Madrid a semejante proyecto con total desconocimiento de los ordenamientos judiciales existentes. Sus declaraciones, se dice, son resultado de la negativa de la Federación de pagarle a quienes adquirieron los terrenos y ahora se ven impedidos de construir en ellos, aunque está a la vista como primer punto fuera de ley dejaron pasar muchos años para mantenerse especulando con esa tierra. Dice de la Madrid causaría una mala imagen y pésimos antecedentes no seguir con el proyecto, pero es peor seguirlos sustentando con afectaciones ambientales y fuera de la ley.
En las mismas y también por consideraciones de afectaciones ambientales está suspendido todo proyecto en Xcacel y habremos de seguir muy de cerca lo que pueda suceder en la Isla de la Pasión, en Cozumel, en donde se avanza en otro gran negocio tomados de la mano de la familia Calderón Hinojosa y para efectuarse en un futuro muy próximo.
DE LOS PASILLOS
Tendrá que abrirse un nuevo capítulo gubernamental titulado: tragedias por venir. Bien puede ser iniciado con La Bestia, tren en el cual ya no se trasladan quienes desde Centro y Sudamérica pretenden llegar a los Estados Unidos. No por lo menos en su exterior, como ocurría antes de que Miguel Ángel Osorio Chong, en sus funciones de titular de Gobernación, ordenara como vía de solución le dieran más velocidad para evitar se alcanzaran a trepar. Ahora los famosos “polleros” les cobran más caro el cruce por México porque los introducen a las cajas, a los vagones o ya cuentan con trailers para la transportación… Son miles de kilómetros los recorridos y no hay retenes en donde los detecten. Mujeres, niños, ancianos, jóvenes embarazadas protagonizarán otra tragedia ante la corrupta vista de autoridades de todos los niveles y uniformados de todos los colores…
La llegada de Santiago Nieto al grupo de Andrés Manuel López Obrador no es cualquier cosa. Al gabinete de Peña Nieto le dio un brutal sofoco por toda la información en manos de quien tuviera a su cargo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y fuese despedido a la llegada de Alberto Elías Beltrán como encargado de una ya muy desacreditada PGR. Ahora sí cuenta Morena con quien puede capacitar a fondo a los vigilantes del voto pero también a quien, dado el caso, pisará fuerte para evitar otro fraude electoral…
Tan de cabeza anda la aplicación de la justicia en México que, de manera totalmente incomprensible, se impugnan castigos en el caso de Odebrecht, se admiten amparos a quienes son funcionarios menores, pero les dejan vigentes sanciones anteriormente impuestas. Eso sí, de Emilio Lozoya ni se habla y de cancelar libertades, menos… Se recuerda la orden de la juez primera de distrito en Amparo Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, quien prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya. Agreguemos la declaración del ex titular de la PGR asegurando ya tenía completas las carpetas de investigación…
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