Lilia Arellano
“El pueblo solo es soberano el día de las
elecciones”: Alfonso Rodríguez Castelao
Exhiben uno por uno los dislates del “Plan B”
Por unanimidad, consejeros del INE van con todo contra las reformas
Monreal: “no adelantemos vísperas”; habrá lluvia de impugnaciones
Quintana Roo: subieron al templete mañanero a Mara y a Doña Lety
Ciudad de México, 27 de enero de 2023.- Controlar la estructura del Instituto Nacional Electoral e implementar reglas ventajosas para los candidatos oficialistas de Morena fue la meta del “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador y, así, garantizar el triunfo de su “corcholata” en las elecciones del 2024, asegurando la continuidad de su régimen evitando ser juzgado el próximo sexenio por los errores cometidos por su administración, entre los cuales destacan el estancamiento económico y la extraordinaria violencia imperante en el país, con sus ya conocidos y denunciados pactos con organizaciones criminales permitiéndole controlar estados donde sus abanderados no tenían ninguna garantía de ganar.
Destruir al INE y pasar la responsabilidad de la organización de los comicios a Gobernación fue una meta no alcanzada con su reforma electoral constitucional rechazada por el Congreso de la Unión. Morena busca tener todas las ventajas en la elección federal del 2024 y darle carta abierta a sus “corcholatas”, desatadas y confrontadas. A estas alturas del proceso, está en las manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación poner a salvo a la democracia y la estabilidad política del país. Los mexicanos esperan sean los togados quienes frenen las cuestiones regresivas del “Plan B” electoral del presidente. Dicho plan supone desaparecer el 84.6% de las 2,571 plazas que integran al INE. Por ejemplo, de las 792 plazas hoy adscritas a la función registral (administrar el padrón electoral y expedir la credencial) sólo sobreviven 32. Lo más grave ocurre a nivel de las Juntas Distritales (los 300 órganos que operan las elecciones en el campo y permiten se lleven a cabo). Cada una de ellas se integra por 5 vocalías (todas ocupadas por miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, SPEN, cuyo ingreso al INE es por concurso público y son capacitados y evaluados permanentemente): la ejecutiva (coordina los trabajos y preside el Consejo Distrital); la secretaría (responsable de todos los temas jurídicos y administrativos); la de organización (a cargo toda la logística electoral); la de capacitación ( responsable de la selección, capacitación y asistencia de los funcionarios de casilla), y la del registro de electores (supervisa el funcionamiento de los módulos de atención ciudadana y garantiza la integridad del listado de votantes).
Todas ellas cumplen funciones esenciales concurrentes y paralelas durante las elecciones. Pues esas cinco plazas son sustituidas, en la reforma, por una vocalía operativa en manos de una sóla persona. El resultado, advierte Lorenzo Córdova Vianelo, consejero presidente del INE es, de prosperar los irracionales años, esté en entredicho la instalación de todas las casillas, su ubicación en donde corresponde y su integración conforme a la ley, lo cual no sucedió en los últimos 30 años. La mayoría oficialista de Morena y sus aliados en el Congreso empujan la destrucción del INE al aprobar modificaciones para favorecer el control de los comicios desde el gobierno federal que encabeza López Obrador, en lugar de haber hecho un ajuste a las reglas del juego democrático para mejorarlas. Durante su Consejo General, los consejeros del INE advirtieron: el “Plan B” significaría un retroceso en diversas áreas del sistema electoral. Destacan: módulos de credencialización: cambian los módulos del Instituto a edificios gubernamentales; a instalaciones con servicios deficientes para poder operar con el equipo; alto riesgo de pérdida o sustracción de datos personales de los ciudadanos. En cuanto a acciones afirmativas y paridad: reducen de 50 a 25 la obligación de los partidos de postular candidaturas a diputados para migrantes, jóvenes, indígenas, diversidad y afromexicanos; se restringe la intervención del INE para emitir lineamientos en la materia; establece que la prioridad será por la autodeterminación de los partidos; no contempla el 3 de 3 de la violencia política de género. En cuanto al Sistema de Fiscalización: se elimina la pérdida del registro como precandidato o candidato, si se omite el informe de precampaña o se rebasa el tope de gastos; se elimina el informe sobre capacidad económica, útil para imponer sanciones; el INE no podrá fiscalizar actividades irregulares de candidatos y partidos o los no previstos en la ley.
Sobre Funcionarios de Casilla: se afecta la objetividad en la asignación de los cargos para recibir y contar el voto; se privilegia a los de más edad, beneficiados por programas sociales. Sobre Propaganda Electoral: se permite quede exento todo funcionario público de una sanción o límites; se da el poder de decisión al titular del Órgano Interno de Control, Jesús George, aliado de Morena; contra la Constitución se propone pasen por sus manos decisiones, cuando su papel es el de fiscalizador. Como pocas veces ha sucedido, los consejeros electorales del INE están unidos, descalificaron el “Plan B” de AMLO y ordenaron a la Secretaría Ejecutiva presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los recursos legales para frenarlo. Advirtieron las consecuencias de una legislación sin un diagnóstico técnico, sólo político; incertidumbre en los resultados, lluvia de impugnaciones, nulidad de elecciones, caos en la jornada electoral, colapso laboral y hasta robo el padrón electoral.
Durante la sesión del Consejo General del INE se difundió el informe sobre los efectos de la reforma electoral tanto en el proceso electoral de 2024, como en la actividad cotidiana del organismo electoral. Norma de la Cruz, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, calificó la reforma de regresiva, al desaparecer la Unidad encargada del tema y anular los avances de paridad y violencia de género. Criticó se limite al INE para garantizar la paridad, además de disminuir las candidaturas a la Cámara de Diputados para sectores vulnerables, como migrantes, indígenas o jóvenes. La consejera Dania Ravel indicó que los cambios sobre propaganda electoral permiten a todos los funcionarios hablar de temas prohibidos en el proceso, argumentando libertad de expresión. También, cuestionó se de el poder de decisión al titular del Órgano Interno de Control, Jesús George, aliado de Morena, pues, contrario a la Constitución, ahora se propone pasen por sus manos decisiones, cuando su papel es únicamente como fiscalizador.
La consejera Adriana Favela aseguró: el número de casillas o elecciones anuladas ha sido mínimo, y en casi todos los casos fue por culpa de los partidos, no del INE, lo cual habla de una organización impecable. Sin embargo, advirtió, ese panorama podría cambiar. Alertó: con la desaparición de las juntas distritales permanentes, una persona que quiera realizar un trámite en esas oficinas deberá trasladarse hasta la capital. El problema será para los ciudadanos habitantes de zonas alejadas. El consejero Jaime Rivera acusó se resta autonomía a la Unidad de Fiscalización, al convertirla en una dirección, además de suavizar los procesos. Por ejemplo, al limitar al INE a fiscalizar procesos electorales y de participación ciudadana y actividades ordinarias de los partidos, pero no en otros casos. Los consejeros criticaron el adelgazamiento de la estructura del INE, con la afirmación morenista de ahorrarse 3 mil millones de pesos, subrayando los cientos de despidos, entrando el organismo a una crisis financiera al realizar el pago de indemnizaciones, justo al arrancar la elección presidencial. Al finalizar su exposición, todos los consejeros ordenaron al Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, interponer los recursos legales necesarios para frenar la reforma. Lorenzo Córdova, presidente del INE, demandó a la Suprema Corte “poner a salvo a la democracia y la estabilidad política del país. Lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral. Debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto, ante lo que podría ser una evidente inequidad en las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios”.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dudó mantenga intacta la SCJN la reforma electoral aprobada en el Congreso de la Unión. El legislador zacatecano consideró que, al igual que a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuatro leyes pendientes del “Plan B” serán impugnadas ante la Corte por la oposición. “De lo que estoy seguro es que correrá la misma suerte de las dos primeras, es decir, serán impugnadas y que por la vía de la inconstitucionalidad, la Corte resolverá en definitiva, entonces no hay que adelantar vísperas”. La reforma a las leyes secundarias y el nombramiento de dos integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, serían los primeros temas a abordar por el pleno del Senado una vez inicie el periodo de sesiones, el 1 de febrero.
En efecto, diputados y senadores de la oposición presentaron dos acciones de inconstitucionalidad contra el primer paquete del llamado “Plan B”. Legisladores del PAN, PRI, PRD y MC reunieron las firmas para impugnar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 2022. Estas demandas se suman a las tres presentadas por el PAN, PRI y PRD, el lunes pasado, por separado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
DE LOS PASILLOS
Muchos dudan de la salud mental del inquilino de Palacio Nacional, por dichos como este: la nueva marcha en defensa del INE es una excusa para defender a García Luna. ¿Qué conexión existe entre una cosa y otra? Ninguna, solo él lo entiende. Lo malo es acostumbrarnos a las incongruencias y, por desgracia aún hay quienes le prestan atención…En diciembre pasado, la población ocupada en México disminuyó en 912 mil 014 personas respecto a noviembre, debido a los tradicionales despidos de fin de año, con lo cual el empleo formal se ubicó en 57.9 millones de personas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)…
No es para poner en saco roto las alertas sobre futuros acontecimientos violentos en diversas cárceles del país. Sólo le falta a Quintana Roo tenga, a nivel mundial, otro escándalo…Coincidimos: lo dicho por AMLO a Mara Lezama, es un llamado a cumplir su responsabilidad, no precisamente un apoyo, de ahí quiera la gobernadora repartir culpas y encabezar esta acción moviendole el tapete a la secretaria de Gobierno, la ex alcaldesa y ex notaria Cristina Torres…¿Desde cuando el templete mañanero es un tribunal de amplia sala y con medios de comunicación nacionales informando? Los casos ligados a diversos delitos son presentados, juzgados, calificados en ese lugar. Lo mismo se habla de quienes son liberados y exhiben a los jueces como si sus determinaciones estuvieran fuera de la ley, que se promueve el castigo ejemplar para otros. En el caso de “Doña Lety” y su hijo, uno a uno fueron desechados los cargos en su contra y de ahí su liberación al no presentar ninguna prueba documental de su participación en la venta de enervantes. Ambos fueron absueltos pero, contra quienes no se ha ordenado mover un solo dedo, es contra quienes llevaron a cabo el gran robo del siglo al abrir las cajas de seguridad en Cancún, extrajeron todo lo que quisieron y mencionaron a “Doña Lety” como la causante de tal acción al ser acusada, perseguida y pretendiendo incautar supuestos bienes ahí depositados. Finalmente le robaron a los usuarios y nunca comprobaron si en efecto había bienes de la detenida. La gavilla de Alberto Elías Beltran, quien anda amparado desde el 2020 sigue tan campante.
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