Lilia Arellano
“Todo poder excesivo dura poco”: Séneca
⦁ ¿A dónde van drogas decomisadas y detenidos?
⦁ Fracaso total de la estrategia de seguridad de AMLO
⦁ EU: avanzan las investigaciones sobre narcopolicías
Ciudad de México, 17 de marzo de 2025.- Los reportes entregados por el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, abren una cadena de interrogantes, la primera de ellas es el supuesto éxito de decomisos y detenciones en unos meses cuando no hubo resultados durante los más de cinco años de gobierno de López Obrador y, por ende, se exhibe el fracaso de los “abrazos no balazos”. Deja también en claro se emprendieron acciones drásticas a partir de las presiones de Donald Trump, porque se recuerdan las frases de la presidentA al inicio de su mandato exaltando la estrategia seguida por su antecesor y estableciendo seguiría vigente. Lo visto, es todo lo contrario. Se informó el martes anterior, día de la exposición de logros en seguridad, del decomiso de más de 125.8 toneladas de droga, incluyendo mil 252 kilos y 738 mil 970 pastillas de fentanilo, siete mil 375 armas de fuego aseguradas, 475 laboratorios clandestinos desarticulados. Se dijo, en la mañanera tabasqueña, México no era introductor y mucho menos fabricaba pastillas de fentanilo, las carcajadas, la risa burlona se escucharon en más de una ocasión, negando todo lo puesto en la cruda realidad de la exitosa operación de los cárteles del narco. Pero la interrogante surge ante la falta de información: ¿A dónde va toda esa droga?, ¿la destruyen? ¿Dónde, cuándo, quiénes? Bien por el trabajo realizado y si las cifras mencionadas son verdaderas pero, ahí no terminan las acciones.
Se habló, además, de la detención de 14 mil 517 supuestos delincuentes de alto impacto y, si los números nos demuestran no fallan, distribuídos entre los 20 estados con mayor incidencia delictiva nos llevaría a la presentación promedio de cerca de 750 sujetos ante las mesas del Ministerio Público, lo cual también se vería reflejado en las actividades de las fiscalías y tal situación no se ha registrado en ninguna entidad. Ese número se hubiese convertido en un tanto igual de expedientes y no se darían a la tarea de desahogarlos, por lo tanto, las prisiones, saturadas en el presente, estarían en el gran escándalo de verse totalmente rebasadas. ¿Esa cifra es real o cuantos de ellos fueron detenidos sin tener pruebas de la comisión de los delitos de los cuales se les acusa y que no son del fuero común sino de alto impacto? La falsa conducción de Alejandro Gertz Manero, incide a dudar sobre los datos del García Harfuch quien, finalmente, ya sea por presiones o por ganarse esa posición en la cual se desenvuelve como pez en el agua, pone granos de arena sobre la gran inseguridad en el país, la cual alcanza grados mayores con la existencia de campos de exterminio, de hornos crematorios, de fosas clandestinas. El fiscal citó los macabros hallazgos en San Fernando, Tamaulipas, y se recuerda, de los primeros 72 cuerpos se determinó recibieron el tiro de gracia de los “Zetas” y eran migrantes no dispuestos a incorporarse a las filas del narco. El otro evento fue fosas clandestinas con más de 196 cadáveres de centro y sudamericanos que le costó el puesto a Cecilia Romero, panista, directora del Instituto Nacional de Migración.
Hoy, muchas preguntas, pocas, muy pocas respuestas y sobre investigaciones y deslinde de responsabilidades en las pésimas actuaciones de los integrantes y responsables de la construcción del primer piso de la transformación, el número preferido es el cero.
DEL OTRO LADO DE LA FRONTERA
Agencias del gobierno de Estados Unidos avanzan en sus investigaciones contra encumbrados políticos integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) vinculados con organizaciones criminales y que han sido protegidos y blindados resistiendo las presiones de la administración de Donald Trump para detenerlos y entregarlos a la justicia estadounidense. Además de las amenazas en relación a la aplicación de aranceles a productos de origen mexicano, para que se sigan apretando a las pandillas criminales y reduzcan el tráfico de estupefacientes, hay fuertes presiones para ampliar investigaciones contra narcopolíticos de la 4T encumbrados en el actual régimen en donde han sido blindados, no son tocados ni siquiera con el pétalo de un citatorio judicial. Por el contrario, han sido política y judicialmente blindados y son defendidos con toda la fuerza del Estado por el simple hecho de ser parte del primer círculo de poder de la actual administración federal. Entre los lugares privilegiados de la lista de políticos reclamados por las autoridades estadounidenses están los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, involucrados en investigaciones iniciadas hace más de un año. También la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por sus presuntos vínculos con la facción de Los Rusos, integrante del Cártel de Sinaloa. En el mismo caso se encontraría el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.
La participación e involucramiento de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa está ampliamente documentada, así como su participación en el secuestro y posterior detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos. Además, están las ligas de empresarios mexicanos involucrados en el manejaban del robo de combustibles en el noroeste del país, con lo cual financiaron diversas campañas en el noroeste de la nación en 2021, con la operación directa de la dirigencia nacional de Morena, encabezada entonces por Mario Delgado, actualmente protegido con el cargo de secretario de Educación Pública. En esas listas, también estarían incluidos legisladores federales como el coordinador de Morena, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, y el líder morenista en la Cámara de Diputados, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila. Adán Augusto López Hernández es señalado por Javier May, actual gobernador de Tabasco, de haber nombrado como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, quien era el jefe de una organización criminal, La Barredora, un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo cual comprobaría la alianza del gobierno estatal encabezado en ese entonces por el aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Por lo que toca al zacatecano Ricardo Monreal Ávila, su historia política y familiar está relacionada con narcotraficantes en Zacatecas, y es muy cercano al vicecoordinador en el Congreso, Pedro Haces, quien tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos.
Una larga lista de políticos mexicanos relacionados con las organizaciones criminales han sido mencionados en las declaraciones en la Corte de Distrito Este de Brooklyn. Hay testimonios donde se menciona a funcionarios mexicanos durante los juicios de Joaquín “El Chapo” Guzmán –cuyos hijos Ovidio y Joaquín están negociando ser testigos protegidos-, y del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ya imputó abiertamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador; está la información del hermano del rey del huachicol Sergio Carmona, Julio; ni hablar de toda la cadena de involucrados a quienes puede y menciona Ismael “El Mayo” Zambada. Los involucrados tienen sobre sí participaciones suficientes para no dormir y temer encontrarse en el filo de la navaja o tal vez en la cuerda floja. A estas alturas, el gobierno estadounidense tiene información suficiente para proceder contra políticos mexicanos. Sin embargo, busca la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum para que las investigaciones, detenciones y extradiciones sean parte de un acuerdo bilateral. Por lo pronto, el primer “descabezado” podría ser el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a quien se le persigue por fraude para lograr su detención y después ponerlo en la bandeja de ofrenda a DT. Será difícil, pero ya no se ve tan imposible, la entrega de algún o algunos morenistas. Hacerlo equivale a borrar sus estribillos de honestidad valiente, de no mentir, no robar, no traicionar y dejaría en claro la inexistencia del combate a la corrupción. O sea, se cae el teatro y no solo el telón.
DE LOS PASILLOS
Mientras la Fiscalía de Jalisco negó existan hornos en el rancho Izaguirre en Teuchtlán, la líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, reiteró la existencia de tres hornos clandestinos ubicados en ese lugar y pidió continúen las labores en un nuevo sitio. Mediante una transmisión en redes sociales, detalló la reunión que tuvieron el jueves con integrantes de la Comisión de Búsqueda y otras autoridades. Sobre los hornos clandestinos localizados en el sitió, señaló se trabajará en cuadrantes señalados. “Son los puntos que se van a trabajar. Ahí conde ven el toldo se localizaron los hornos. Ahí fueron localizados”, dijo. Esta declaración se contrapone a lo expresado por la Fiscalía del Estado de Jalisco que, mediante un comunicado, negó la existencia de estos hornos tras el recuento de lo registrado como evidencia… La organización civil Amnistía Internacional (AI) urgió al gobierno de México a investigar el hallazgo de fosas y crematorios clandestinos, campos de exterminio, en Jalisco y Tamaulipas, en un país donde diariamente desaparecen alrededor de 30 personas.
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