“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner
en tela de juicio su propia humanidad”: Nelson Mandela
Lilia Arellano
- Migración y narcotráfico, retos de CS con DT
- EU: planes de deportación masiva de inmigrantes
- Iglesia Católica exige al gobierno pacificar al país
- En 41 días acumula el régimen 3 mil 39 cadáveres
Junto con el complejo tema del comercio bilateral, la migración y el narcotráfico son los asuntos más sensibles de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con el recién electo gobierno de Donald Trump, quien prometió en campaña cierre de fronteras y deportación masiva de migrantes ilegales, además de un combate frontal a las organizaciones criminales mexicanas. Para los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) la política seguida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un éxito, sí, sin duda, pero para el gobierno estadounidense, pues la migración hacia ese país se desplomó 76% al convertirse México, en los hechos, en tercer país seguro y contenedor de los flujos migratorios centro y sudamericanos.
Donald Trump se comprometió a llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos el 20 de enero cuando asuma el cargo; amenazó con imponer aranceles a México si no detiene el flujo de migrantes y fentanilo hacia el norte; y describió planes para utilizar al ejército como parte de su ofensiva, contemplando desplegar a la Guardia Nacional para ayudar en las deportaciones si es necesario. Esta política enfrenta resistencias al interior de Estados Unidos. Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo: “muchas de las políticas que Trump defiende y promete, como el uso de las fuerzas armadas son ilegales y estamos preparados para desafiarlas”. Una “hoja de ruta” de la ACLU sobre la elección de Trump contempla planes para presionar a los legisladores para bloquear las deportaciones y hagan recortes a las operaciones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. También prevé “un cortafuegos de derechos civiles” para proteger a los inmigrantes y latinos contra las deportaciones. Las intenciones de Trump de implementar políticas desastrosas apuntando a la separación de familias, desestabilizar comunidades y debilitar la economía, mantienen en alerta a organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes, como la Inmigrant Defenders Law Center, con sede en Los Ángeles.
“Utilizaremos todas las herramientas que tengamos para proteger y defender los derechos de todos los inmigrantes y solicitantes de asilo”, dijo Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva y presidenta del Inmigrant Defenders Law Center. El presidente electo Donald Trump nombrará como nuevo “zar de la frontera”, para aplicar su férrea política de control fronterizo, a Tom Homan, quien ya formó parte del equipo del expresidente en su anterior mandato. En su anuncio, dijo, su política incluirá la defensa de la “frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y de la aviación”. El plan de deportaciones masivas de Donald Trump conlleva muchos riesgos para la economía estadounidense, advierten organismos internacionales y especialistas. Un estudio del Center for American Progress, alerta: “la estrategia de deportación tendría el efecto acumulativo de drenar 2.5 billones de dólares de la economía estadounidense en 10 años”. También se enfrentaría una recesión al perder millones de trabajadores, según un estudio del American Immigration Council. Además, habría una crisis en el sector agrícola, estima la American Farm Bureau Federation. John Feinblatt, presidente de New American Economy, ha destacado el impacto en la construcción y los servicios. “La mayoría de los indocumentados trabajan en sectores que ya sufren una grave escasez de trabajadores. Las deportaciones masivas incrementarían este problema, aumentando los costos y retrasando proyectos claves de infraestructura”.
Por otro lado, las agencias encargadas de la detención y expulsión de los indocumentados en suelo estadounidense carecen de personal e infraestructura suficiente. Las políticas fronterizas de Trump también pueden tener impactos significativos en todos los californianos al perturbar el comercio y ampliar la vigilancia. Su administración tendría que ampliar el aparato de vigilancia fronteriza en marcha para llevar a cabo deportaciones en la escala planeada. Los planes de Trump para la frontera también parecen estar destinados a repercutir en las economías regionales y en México, pues reiteró planea imponer aranceles a México si el país no detiene el flujo de migrantes y fentanilo hacia el norte. “Al final, esto supondría un impuesto para los clientes estadounidenses y probablemente desencadenaría un efecto dominio en el cual otros países impondrían medidas de represalia para proteger sus propios intereses”, alertó Jerry Sanders, director general de la Cámara de Comercio Regional de San Diego. La campaña de deportación masiva impactará en estados como California, donde más de la mitad de los trabajadores son inmigrantes o hijos de inmigrantes y, en conjunto, los residentes indocumentados del estado pagaron casi 8 mil 500 millones de dólares de impuestos en 2022, desempeñando un papel clave en la estimulación de la economía del estado, según el Centro de Presupuesto y Política de California y estimaciones de datos del Instituto de Impuestos y Política Económica. En total, ese mismo año los tributos a EU sumaron 96 mil 700 millones de dólares.
Para el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el modelo humanitario de movilidad implementado el pasado sexenio, ha funcionado y prueba de ello, es la reducción del flujo migratorio hasta 76%, en diciembre de 2023, cuando se registró el nivel máximo. Aseguró se incorpora: origen, tránsito, destino y retorno y se hace de manera multidisciplinaria, para atender todas las vertientes relacionadas con la situación migratoria de las personas a fin de garantizar: seguridad, empleo, bienestar para cuidar y proteger los derechos de los migrantes y apoyar desde sus causas estructurales cuando están en tránsito, cuando llegan a un lugar de destino que puede ser permanente o transitorio y cuando desean regresar. Al presentarse en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum del pasado viernes, De la Fuente presentó un balance sobre la situación migratoria en México. Expuso que el 18 de diciembre de 2023 se registraron 12 mil 498 encuentros de las autoridades estadounidenses con migrantes irregulares en la frontera, y que esa cifra ha ido a la baja desde entonces para ubicarse en 3 mil 2 encuentros el 5 de noviembre pasado, lo que significa una reducción de 76%, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Del lado mexicano planes, estrategias, augurios sobre el resultado de reuniones se ven y escuchan muy optimistas. Falta el otro lado y ese va en sentido, al parecer, totalmente contrario pese a la millonada de billetes verdes liquidada por trabajadores mexicanos documentados.
DE LOS PASILLOS
La Iglesia católica presentó al gobierno de Claudia Sheinbaum una propuesta de pacificación enfocada en atender a los municipios del país en donde se registran mayores índices de violencia. En una reunión en la sede de la Secretaría de Gobernación, prelados de la Iglesia Católica y activistas expresaron sus preocupaciones por la criminalidad y los riesgos enfrentados por adolescentes y jóvenes en México. “Como resultado de esta reunión, se acordó establecer un canal de diálogo permanente entre el Diálogo Nacional por la Paz (DNA) y la Secretaría de Gobernación con el fin de atender de manera oportuna situaciones urgentes e identificar y construir conjuntamente buenas prácticas en seguridad, justicia y reconstrucción del tejido social en todo el país”, indicó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)… Y así, mientras se reúnen opinando, creando lluvia de ideas, discurseando, haciendo notar existe una dependencia cabeza de la política interna, el fin de semana se levantaron autopsias a 251 cuerpos, los cuales forman parte de los 3 mil 39 cadáveres durante los 41 días del régimen del segundo piso de la 4T y las masacres ya llegaron a Querétaro, entidad caracterizada por no registrar estas matanzas y, el propio Estado de México y lo oculto detrás de la actividad delictiva en la CDMX.
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