Lilia Arellano
“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa en todo”: Albert Camus
• Crisis al filo de la navaja
• Ejecutivo y Legislativo en pleno desacato
• Aumenta inseguridad, delitos e impunidad
• A CS: ¿a quién culpar de tanto desmadre?
Todo parece indicar que la crisis constitucional en la cual está inmerso nuestro país se agudizará con la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación al discutir y determinar lo conducente en torno a las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma al Poder Judicial. A pesar de la profunda inseguridad en el país, del incremento histórico de la incidencia de delitos y del aumento de la impunidad, el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) desmontó prácticamente la estructura de administración y procuración de justicia al aprobar las modificaciones constitucionales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyadas por la presidentA Claudia Sheinbuam. Así, del total de mil 559 jueces y magistrados del país en activo, más de la mitad declinaron participar en la elección de junio de 2025, de acuerdo con los listados en esa materia dados a conocer el sábado por el Senado.
Durante los primeros días de su administración, Sheinbuam se empeña en revertir a México en una autocracia de partido único, de gran parte del Siglo XX, cuando faltaban elecciones competitivas y justas y el poder judicial no era independiente. Durante ese periodo, el Congreso y el Poder Judicial estaban subordinados al presidente. La reforma al poder judicial, la cual implica la elección de jueces por voto popular, socava la imparcialidad, la independencia y la integridad judiciales, piedras angulares de un sistema legal justo y equitativo. Los cambios impulsados por AMLO y seguidos por Sheinbaum, apuntan también a eliminar las autonomías de las instituciones electorales del país, subordinándolas al poder ejecutivo. Así, una vez más, el partido gobernante manejará las elecciones y resolverá las disputas surgidas con resultados predecibles. Esta reforma judicial es impugnada legalmente. La controversia llegó a la Suprema Corte, a la que se le ha pedido revisar la constitucionalidad de las reformas.
Para el magistrado Luis González Alcántara, la crisis constitucional se da “cuando, en términos generales, no existe certeza sobre cuál es el derecho vigente, quién es la autoridad encargada de aplicarlo y cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas”. En su proyecto de sentencia, el cual será discutido hoy, propuso que la Corte avale aspectos de la reforma judicial, como la elección de Ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero plantea anular la elección de Jueces y Magistrados. “El proyecto anticipa que estamos ya en una crisis constitucional por el número de resoluciones dictadas en juicios de amparo, respecto de la reforma judicial que no han sido aceptadas. Hay una crisis constitucional cuando desde la tribuna legislativa se exhorta a la población y al resto de las autoridades a desacatar una resolución judicial”.
El juzgador advirtió en entrevista hay un peor escenario: que los poderes Ejecutivo y Legislativo no acaten si hay una resolución del proyecto, que requiere 8 de los 11 votos de los ministros. “Sin duda alguna, ante una eventual votación favorable del proyecto, un hipotético desacato sería muy desafortunado e implicaría un nivel mucho más profundo de esta crisis”. González Alcántara, hizo un llamado a la prudencia a todos los actores involucrados en este proceso, desde los juzgadores hasta la PresidentA de la República. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel llamó a los ministros a la prudencia y a evitar un enfrentamiento de Poderes que ocasionaría una crisis constitucional con afectaciones políticas y económicas para el país. “… muy mal haríamos en atentar contra nuestros propios criterios sólo porque no nos gusta el contenido de una reforma constitucional. Esta Corte siempre ha sostenido la supremacía constitucional y ahora no se puede pretender negarlo, e incluso dar alcances que no tienen a determinadas acciones”, dijo.
Yasmín Esquivel previó que una eventual invalidación de la reforma judicial, en los términos propuestos por González Alcántara, no sería acatada por el Ejecutivo y el Legislativo. “Yo no veo la posibilidad de que los otros dos Poderes la puedan respetar, ante una decisión inédita no existen precedentes, no creo que sea una resolución que se vaya a acatar y tampoco creo que la Corte tenga la posibilidad de destituir ¿a quiénes? ¿a todos? ¿y también los congresos locales tendrán que destituir?
CRECEN DELITOS, IMPUNIDAD Y NO HAY JUSTICIA
La incidencia delictiva crece en México: durante 2023, se estimaron 31.3 millones de delitos asociados con 21.9 millones de víctimas, lo que equivale a una tasa de 33.267 delitos por cada 100 mil habitantes. Esto representa una tasa de 1.4 delitos por víctima (tasa superior a las de 2022), de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, del Inegi. En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 66.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México. Además, un amplio informe de México Evalúa, que revisa la información oficial sobre el trabajo y de las fiscalías y jueces en 2020, arroja un dato estremecedor: un 94.8% de los delitos no ve una salida. Ni una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal. La impunidad crece con unas fiscalías asfixiadas por el número de carpetas y alimenta la seguridad de que matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer en México sale prácticamente gratis.
La situación de inseguridad pública se agrava pues el régimen de la autodenominada 4T desmontó el aparato de administración y procuración de justicia en su afán de controlar también al Poder Judicial con la reforma constitucional en la materia que implica la elección popular de jueces y magistrados. En este profundo proceso de renovación, del total de mil 599 jueces y magistrados del país en activo, 820, que son más de la mitad, declinaron participar en la elección de junio de 2025, de acuerdo con los listados en esa materia que el sábado hizo públicos el Senado. La cifra de quienes declinaron no contender supera a los 721 que fueron seleccionados vía insaculación, para ir a las urnas en el proceso extraordinario del próximo año en el que, por primera vez en la historia del país, los cargos de juzgadores se definirán por el voto popular.
DE LOS PASILLOS
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró: ante cualquier escenario que discuta la SCJN sobre la reforma al Poder Judicial, “…tenemos por supuesto un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra”. En Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera, cuestionó: “¿Quién está provocando un problema constitucional?, porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios, ¿quién lo está provocando?, la Corte”, sostuvo la mandataria… Lo cierto es que la forma en que afronte CSP esta crisis, permitirá saber cómo ejerce su poder y cuál es realmente su visión del país. Al poner en juego la autoridad del Ejecutivo, podría perder el control del país, consideran analistas políticos.
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