Lilia Arellano
“La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja
de alcanzar al criminal en su carrera”: Horacio
⦁ EU cerca a narcogobierno
⦁ FBI, DEA, ICE investigan los nexos
⦁ Pesan declaraciones de capos presos
⦁ Ejecutivo y milicia abandonan Sinaloa
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2024.- Al “narcopresidente”, como lo llamó a principios de junio de 2022, Porfirio Muñoz Ledo, quien puso la Banda Presidencial a AMLO, en diversas entrevistas e incluso durante su participación en la XL Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal), lo está cercando el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el demócrata Joe Biden. A once días de concluir su administración, le multiplicaron las acusaciones de pactar con los líderes de cárteles del narcotráfico para, primero alcanzar la Presidencia de la República, y luego controlar estado por estado todo el territorio nacional con el financiamiento y el apoyo directo y logístico de las pandillas criminales. Las acusaciones provienen de las autoridades judiciales y agencias investigadoras de Estados Unidos y de capos capturados y procesados por fiscales del principal socio comercial de México, preocupados por la recién aprobada reforma judicial, la cual lo dota de una armadura de impunidad en este país, pero no allende la frontera.
La cabeza principal del narcoestado, México, es investigado la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por presuntos vínculos con organizaciones y personajes criminales quienes habrían financiado campañas de candidatos de Morena a gubernaturas, diputaciones y alcaldías en diferentes estados de la República. Diversos medios de EU señalan la existencia de 43 expedientes e investigaciones abiertas contra dirigentes y funcionarios de Morena y del gobierno de López Obrador, gobernadores y legisladores federales y locales, quienes tuvieron tratos y recibieron financiamiento ilegal del extinto huachicolero, Sergio Carmona, quien estaba relacionado con el capo Ismael “El Mayo” Zambada.
El Ejecutivo federal niega la existencia de averiguaciones en territorio vecino y reclama a Genaro García Luna la presentación de pruebas, lo cual es tarea de la justicia norteamericana en donde, se ha visto sobradamente, las afirmaciones de los capturados, convertidos o no en testigos protegidos tienen peso en los criterios de los jueces. El control interno, el llevado a cabo para la gobernanza autoritaria pretendida, no alcanza para disminuir o evitar se avance judicialmente en contra de los involucrados y según quienes de esto saben, lo mínimo esperado es verlos ser citados en los juzgados en donde están siendo llevados los casos de los principales capos sinaloenses.
A la carta redactada en computadora y dada a conocer por medios estadounidenses el pasado 10 de agosto, firmada por el capo histórico Ismael “Mayo” Zambada, donde acusa fue secuestrado y exhibe relaciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el Cártel de Sinaloa y dirigentes políticos de Morena, se sumó la misiva manuscrita enviada desde Brooklyn, el 13 de septiembre pasado, en la cual Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, -quien será sentenciado el próximo 9 de octubre-, difundida por un periodista de EU, indica los presuntos contactos entre el macuspano y su familia con líderes del narcotráfico, a través de operadores directos del inquilino temporal de Palacio Nacional: “Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión, entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y con el narcotráfico”.
En la misiva de cuatro páginas, García Luna, quien lleva preso 58 meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), subrayó: “Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Mayo Zambada; la carta emitida por él, señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del actual gobierno contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México (Jueces, Magistrados, Ministros, Corte), cuyos principales beneficiarios son los criminales. Hechos ratificados con la pausa-suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por el presidente de México debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos”.
La difusión de la misiva de García Luna en donde también indica le fue ofrecido en reiteradas ocasiones un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para que se inculpara de delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido por “poco tiempo”, es decir, seis meses, y se le ofreció recibir beneficios económicos (5 millones de dólares) si se convertía en testigo por inducción del Estado mexicano, “no para imputar delincuentes-narcotraficantes, porque de haber sido así, no era necesaria mi detención, he combatido el crimen con sus escalas más altas en toda mi carrera profesional, la perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitarán el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepte y la reacción fue explosiva”.
Diversas fuentes en México señalan le pidieron declarara en contra de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; implicar a cinco de los empresarios más ricos de México (entre ellos Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego); a varios exprocuradores, exsecretarios de Seguridad y ex dirigentes del PAN y del PRI, a fin de emprender un “maxiproceso” para declarar que en México operó un narco-estado entre los años 1989 y 2018. Esta petición no la hizo el gobierno de Estados Unidos, sino la administración de AMLO como parte de la negociación para convertir a México en un “tercer país seguro” para los migrantes.
La postura, declaraciones y peticiones realizadas desde el templete mañanero, dan cuenta de un escenario interior suficientemente preocupante. El nivel de Zambada, el crecimiento de su cártel, la influencia ejercida en, al menos, una tercera parte del territorio mexicano lleva a los “peces más gordos” de la administración en donde se vienen adoptando medidas poco relacionadas con la soberanía y cercanas a grandes pérdidas económicas. Se ha jugado con fuego y el incendio apenas comienza.
ZAMBADA SIN ACUERDO CON EU
El abogado de Ismael “Mayo” Zambada, Frank Pérez, negó el viernes pasado su cliente haya aceptado un acuerdo para convertirse en testigo protegido en Estados Unidos. Al salir de la Corte de Brooklyn, dijo que por el momento no hay ningún acuerdo en curso, aunque no descartó la posibilidad de futuras negociaciones con los fiscales. “El caso va a ir a juicio”, afirmó el litigante, quien añadió el proceso legal se extenderá varios meses. “El Mayo”, de 76 años, se declaró inocente de 17 cargos de narcotráfico y asesinato. Zambada, capo histórico del Cártel de Sinaloa y quien fue arrestado en Estados Unidos el 25 de julio pasado, sostiene en su carta fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, “El Chapito”, y llegó en un avión privado desde El Paso, Texas. El juez federal auxiliar James Cho ordenó que Zambada permanezca detenido hasta su juicio. La fiscalía federal de Brooklyn solicitó se mantuviera en custodia sin posibilidad de fianza, citando su historial como uno de los capos más poderosos del narcotráfico. Por su parte, Guzmán López está a la espera de juicio por cargos de tráfico de drogas en Chicago, donde también se ha declarado inocente.
Las preguntas se multiplican al declarar el Ejecutivo “hay que esperar”. ¿Qué? Las misivas de ambos acusados fueron revisadas, leídas una y otra vez por toda una cadena de autoridades hasta llegar a quien autorizó su entrega y publicación. Esto ¿constituye o no un mensaje? En tanto no parece simulacro la matanza en Sinaloa y esas acciones son, también, el inicio, el cual aparece como arma mortal en contra de los mexicanos al dejar establecido, por parte de quienes tienen la obligación de garantizar seguridad, habrá paz cuando los líderes y sucesores de los capos “se arreglen”.
DE LOS PASILLOS
El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dejar solo al pueblo de Sinaloa y abdicó de su responsabilidad como titular del Ejecutivo federal. Tras el fracaso de su estrategia de “abrazos no balazos” a las organizaciones criminales, el mandatario y la presidentA electa, Claudia Sheinbaum, se lavan las manos y decidieron los criminales se encarguen de procurar la paz en esa entidad cuna del Cartel de Sinaloa. Ya suman más de 40 asesinatos en poco más de una semana de enfrentamientos, a pesar del subregistro de las autoridades estatales. La ola de violencia depende de que las pandillas del crimen organizado “actúen con un mínimo de responsabilidad”, dijo AMLO el viernes pasado. Los pobladores están huyendo, los comercios “culiches” cerrados y el Ejecutivo federal entretenido entregando estaciones del Tren Maya, la de Cancún-Mérida y enviando otra decena de iniciativas.
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