Lilia Arellano
Privar a las personas de sus derechos humanos es poner
en tela de juicio su propia humanidad”: Nelson Mandela
⦁ Desnuda Zaldívar reforma judicial
⦁ Parlamentos abiertos, otra gran farsa de los morenistas
⦁ Voto popular a jueces cancelaría inversiones privadas
Ciudad de México, 17 de julio de 2024.- Arturo Zaldívar, ex presidente de la SCJN, amigo personal, casi, casi, íntimo del Ejecutivo federal, frustrado aspirante a prolongar su mandato de manera totalmente inconstitucional, tuvo un lapsus o, tal vez, fue su striptease planeado, cuando en entrevista simplemente dejó ver la verdadera “carnita” de la reforma judicial y el enojo provocado por la eliminación de sus aspiraciones personales y profesionales. Nada le salió bien aún y cuando fue muy puntual su asistencia a las reuniones de quienes estarían dentro del gabinete de la virtual presidenta electa. En los equipos de trabajo lo incluyeron, pero no alcanzó su sabiduría y experiencia para alcanzar la consejería jurídica de la presidencia, como lo había solicitado a su cuate tabasqueño, haciéndole ver se haría desde ahí todo el material, las redacciones de las reformas necesarias para darle final feliz a sus ocurrencias. Dentro de los planes del exministro cortesano, estaba permanecer en ese sitio hasta el término de Alejandro Gertz Manero dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). Momento en el cual, supuso, él y nadie más sería el sustituto.
Pero, nada le resultó, ningún esfuerzo o recomendación tuvo validez frente a los planes de doña Claudia para el futuro del Poder Judicial. Por lo tanto, la furia, el enojo se hizo presente y en la entrevista citada Zaldívar, como no había sucedido antes se hizo bolas y dijo sobre la iniciativa de reforma al Judicial en discusión: es la primera parte, es solamente la elección por voto popular de los jueces y magistrados; no es reforma administrativa y por lo tanto no se toca a los trabajadores a quienes están engañando: tampoco es una reforma en términos legales, falta mucho, lo de los ministerios públicos, las defensorías, etcétera. En síntesis, según el hombre del mal aliento, se trata de darle autorización, de hacer realidad una ocurrencia-venganza presidencial, la cual también le sirve porque la trae en contra de su sustituta, de la ministra sin tache alguno Norma Lucía Piña. Desnudó sin rubor alguno el objetivo real de la mentada reforma, la cual ha servido para poner en su justa dimensión a quienes antes parecían sujetos creíbles, confiables, expertos. Ricardo Monreal, quien presumió de conocer a fondo la Carta Magna y dar su cátedra de manera apegada totalmente a la ley, sentenció: la reforma va y se han escuchado opiniones, pero nada la alterará. O sea, otra farsa lo de sus mentados Parlamentos Abiertos, solamente se deja ver la entrada más amplia del cinismo y la mentira.
Según don Arturo, es equivocada la estrategia de los trabajadores, de los jueces, de los ministros, de las asociaciones de abogados, todos esos están equivocados menos él y su cuate el presidente. Aunque, la carta enviada a Claudia Sheinbaum, firmada por un centenar de abogados dice más: “Como ciudadanos, los jueces y magistrados federales la felicitamos por ser la primera mujer electa para encabezar al Poder Ejecutivo, no solamente porque deriva de un proceso democrático, sino también porque sabemos de su vocación social y científica. Esa vocación también es nuestra, porque no hay mejor ejemplo de servicio social que impartir justicia conforme a las leyes aprobadas por el pueblo, ni mayor valor de la ciencia, que tomar decisiones con base en pruebas obtenidas de un proceso. La ciencia y el derecho nos responsabilizan de tomar decisiones fundadas en la razón y alejadas de las pasiones. Así, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por el contenido de la iniciativa de reforma judicial. Apenas hace tres años se estableció una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, lo cual dio lugar a la promulgación de la Ley de Carrera Judicial, confirmando su eficacia para lograr el nombramiento de funcionarios y juzgadores.
“¿Por qué olvidar esa postura y ahora asumir otra, opuesta totalmente al sentido de la primera? ¿En qué medida los jueces y magistrados somos responsables de ese cambio de opinión? Se dice que todo el Poder Judicial es corrupto y se arreglará con la reforma. Nuestra vocación nos ha enseñado que actuar con justicia pasa por no generalizar, dar razones que sustenten nuestros dichos, apoyarnos en pruebas, no basarnos en prejuicios y, menos aún, actuar motivados por animadversión. Por ello, no podemos aceptar que se atribuya corrupción generalizada sin haber discutido los argumentos y fundamentos de las sentencias dictadas durante nuestra función, ni haber señalado concretamente qué prueba sustenta ese dicho. Exigimos la sanción de los malos juzgadores, pero no podemos todos ser castigados por la conducta de unos cuantos. No importa cómo se elige al juzgador, su función es la misma: dará la razón a una parte, pero no a la otra; en el mundo entero los tribunales no agradan a quien ha perdido en juicio. Creemos firmemente que ese no debe ser el sustento de la reforma. La mejor manera de instaurar un gobierno es construyendo y no destruyendo, es perfeccionando, no erosionando a las instituciones de la República. En los últimos treinta años, el Poder Judicial de la Federación ha resuelto a favor y en contra de actos de gobierno de todos los partidos; no es una virtud del juzgador favorecer u oponerse a una causa política. Si en ello se ve la virtud de una reforma como la propuesta, no habría entonces equilibrio de poderes, sino en la prevalencia de uno solo.
“Afirmamos sin titubeos que el Poder Judicial está abierto a la ciudadanía, ya que somos fiscalizados por un órgano de vigilancia y disciplina; hay seguimiento continuo de nuestra evolución patrimonial; se reciben quejas y denuncias de quien tenga pruebas de un actuar irregular; se investigan los hechos respectivos y, si se demuestran, se sancionan; se escucha a todo interesado antes de nombrar a un juzgador, así como antes de ratificarlo. Todas nuestras sentencias están al alcance del público y de la academia, están abiertas a la crítica a partir de sus fundamentos y razones. La función del Poder Judicial es dirimir conflictos entre partes, bien sean entre particulares o entre éstos y las autoridades. El Poder Judicial no califica un buen o un mal gobierno, no es esa su función ni deben interpretarse de ese modo sus sentencias. No vemos, señora Presidenta, qué relación existe entre elegir juzgadores por voto y resolver un problema de corrupción; si así fuera no existiría ese mal en otras esferas del Poder Público y hemos visto que no es así. Estamos abiertos al cambio, así lo hicimos en la reforma penal de dos mil ocho, en la de materia de derechos humanos de dos mil once, la recién laboral de dos mil diecinueve y, actualmente, la civil y familiar de dos mil veinticuatro. Nunca hemos detenido nuestra formación, ni hemos dejado de adaptar nuestros criterios jurídicos a la luz de las nuevas necesidades de la sociedad.
“En los últimos treinta años, el Poder Judicial ha realizado una gran inversión en formar profesionales al servicio de México, no solamente económica sino en investigaciones, desarrollo de planes de estudio, programas académicos y en sensibilización y conocimiento de la problemática nacional, a partir de una visión interdisciplinaria de la protección de los derechos humanos. Acceder a los cargos de juez y magistrado por voto popular dejará de lado toda esa inversión. El voto popular no está dirigido a favorecer las cualidades derivadas de la formación social y profesional del juzgador. El voto popular es fuente y producto de la actividad política, que no nos corresponde realizar. Presidenta, los juzgadores no somos políticos, no competimos en la arena política, menos aun si hemos sido señalados frecuentemente por no haber resuelto en el sentido que una de las partes pretendió, sin la posibilidad de rebatir en igualdad de condiciones esas críticas. ¿Nos falta mejorar? Mucho, sin duda. A todos los poderes de la Unión nos falta perfección para lograr la paz social y el progreso de nuestro pueblo. Por todo ello hacemos un llamado a la razón, a no destruir instituciones y personas, no a quienes por ejercer la función que la constitución les impone, se les persiga y pretenda destituir.
“El éxito de su gobierno es deseo de todas las mexicanas y mexicanos; entre ellos, quienes integramos el Poder Judicial de la Federación”. Siguen decenas de firmas. Y ¿quiénes mejor que los impartidores de leyes y justicia actuales para opinar?
DE LOS PASILLOS
Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, y Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores, se reunieron con Ken Salazar, embajador estadounidense en nuestro país en su casa de transición en Iztapalapa, a donde acudieron también legisladores de los partidos Republicano y Demócrata: Tom Carper, senador demócrata de Delaware; Todd Young, senador republicano por Indiana, Mark Kelly, senador demócrata por Arizona; Laphonza Butler, senadora demócrata por California; Jesús García, congresista demócrata por el 4º distrito de Illinois; Juan Vargas, congresista demócrata por el 52º distrito de California; Greg Stanton, demócrata del 4º distrito de Arizona; Lou Correa, demócrata por el 46º distrito de California; Joaquín Castro, demócrata por el 20º distrito de Texas; y Vicente González, demócrata por el 34º distrito de Texas. Dialogaron sobre los mismos temas: seguridad, migración y comercio… Pero, lo no informado tiene mucho por verse ante las condiciones de firma del T-MEC, en donde está claramente establecida la existencia de un sistema judicial independiente y con lo pretendido no hay tal. Podrán verse los juicios llevados a cabo en EU, una vez establecido en cualquier convenio será en ese país en donde se lleven a cabo las controversias por incumplimiento u otros renglones. Previamente, los gobiernos de Estados Unidos y México coincidieron: uno de sus principales conflictos es el combate al tráfico de armas y de drogas, ejecutado por el crimen organizado que opera en ambos territorios. Durante una reunión de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y próxima secretaria de Gobernación en el gobierno de Claudia Sheinbaum, con el embajador de EU, Ken Salazar, reafirmaron su compromiso de fortalecer la relación bilateral en temas de seguridad, según compartió la funcionaria en su cuenta de X (antes Twitter), donde subrayó la importancia de la cooperación internacional y el diálogo continuo para enfrentar los retos compartidos y promover la paz y la seguridad en la región.
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