Lilia Arellano
“¿Por qué siempre ponemos el eje en los militares? Acá hubo dos
lados. El terrorismo y el terrorismo de Estado”: Mauricio Macri
“Soltaron al tigre militar”…
Próximo presidente deberá reconciliar la ley a un régimen militarizado
Tatiana Clouthier le renuncia a AMLO; éste no oculta su contrariedad
Ciudad de México, 07 de octubre de 2022.- El trayecto de la acelerada militarización del gobierno y la administración pública impulsada y forzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es perjudicial para el sistema democrático de México. El control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal constituye una grave amenaza a los derechos humanos y a la transparencia, como ya se ha visto y han denunciado organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW).
Casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad, recordó Tyler Mattiece, investigador para México de Human Rights Watch, quien consideró el gobierno de López Obrador debe abandonar la estrategia abusiva y fallida de seguridad militarizada adoptada por sus predecesores y emprender un esfuerzo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil en México.
Los niveles desorbitantes de violencia no se han reducido en el país tras el despliegue de las Fuerzas Armadas desde 2006 para tareas de seguridad pública. Por el contrario y además, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos incluyendo ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura. Los casos están en completa impunidad y además han resultado escandalosos como su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, confirmada por la última investigación de la 4T, que desgraciadamente se ha afanado por proteger a los uniformados.
Ahora, tras los triunfos de Morena en el Congreso de la Unión, el partido del presidente, y sus satélites (forzando el apoyo del PRI y del PRD), los militares están facultados de manera indefinida a seguir realizando una amplia variedad de tareas tradicionalmente desempeñadas por autoridades civiles de seguridad pública. Éstas incluyen detener e interrogar a civiles, resguardar la escena del crimen, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y obtener órdenes judiciales para rastrear la actividad y la ubicación de teléfonos celulares.
De acuerdo HRW, cuando estas tareas han sido asignadas a soldados y marinos en el pasado, han detenido de forma arbitraria a civiles, en ocasiones sobre la base de pruebas inventadas, los han mantenido en bases militares sin imputarles ningún delito, los han sometido a golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y, a veces, han amenazado con violarlos, a menudo para extraer confesiones a la fuerza. Soldados y marinos han ejecutado a civiles no armados, en ocasiones en forma deliberada, y han perpetrado desapariciones forzadas. Durante el gobierno actual han continuado los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares. Los responsables de estos abusos casi nunca son llevados ante la justicia.
Tal vez la visión más exacta de lo que está ocurriendo es la del senador del Grupo Plural, Germán Martínez, quien advirtió: “Han soltado al tigre militar y a ver ahora quien lo agarra (…) Se va a necesitar que el próximo presidente (a) gane las elecciones y que dome al tigre militar que han soltado, porque ya tiene el registro vehicular, tienen la Guardia Nacional, tienen puertos, aeropuertos y aduanas, y hasta quieren una aerolínea”.
El senador Martínez lamentó se hagan pasar en la Cámara alta como una concesión, parámetros a los cuales están obligadas las Fuerzas Armadas por resoluciones internacionales. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (dictaminó) en 2018 que las Fuerzas Armadas deben entrar de manera extraordinaria, regulada, subordinada y fiscalizada, eso es lo que ayer (martes) nos vendieron como un cambio al dictamen, como concesión de Gobernación y del señor Ricardo Monreal. No es una concesión, es una condena a México por la CIDH, en el caso Alvarado Espinoza”.
Agregó el legislador: “Si el narcotráfico está tomando una zona del país, está el artículo 29, que hablen de Estado de sitio, de toque de queda, tienen la facultad para que las Fuerzas Armadas entren de manera directa. Yo quiero ver a los criminales y a los narcotraficantes derrotados, y quiero ver victorioso a mi Ejército mexicano”. Martínez recordó esa discusión inició porque no se cumplió el transitorio de la reforma de 2019 y no se profesionalizó la policía, y porque la Suprema Corte de Justicia ha guardado “un silencio cómplice” ante la necesidad de regular los parámetros para que el poder militar esté subordinado al poder civil.
“Yo quiero una paz civil que la dé el bienestar y la democracia, que es el reparto plural del poder; no una paz militar que la da el miedo, una bota y un arma”. Martínez argumentó: “comisiones bicamerales ha habido, hay una de Seguridad Nacional y otra sobre endeudamiento, ¿Quién puede decir que funcionan en el Senado o en la Cámara de Diputados? Por favor, no quiero sonar altanero, pero leí a Voltaire y habla de “Cándido o el optimismo”, candidez yo no tengo, optimista si soy”.
Los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado que en muchos casos, los soldados y marinos han intentado encubrir asesinatos y abusos. Han pedido el apoyo de médicos para que trataran las heridas provocadas por las torturas que luego podrían haber sido usadas como prueba de abusos. Han colocado armas con fines incriminatorios y movido cuerpos para aparentar que las víctimas habían muerto durante un conflicto. Y han quemado o desechado, en forma clandestina, los restos de las víctimas. Las fuerzas militares también se han negado a divulgar información sobre estos abusos o su posterior encubrimiento, aún cuando así lo exige la ley de transparencia de México.
En marzo pasado, el grupo de expertos internacionales que investiga el encubrimiento de la desaparición forzada en 2014 de 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó que las Fuerzas Armadas se habían negado a entregar documentos relacionados con el caso, a pesar de haber recibido órdenes expresas del presidente López Obrador.
Durante los primeros tres años de la presidencia de López Obrador, el Ejército informó que, en 640 enfrentamientos con civiles armados, mató a 515 personas, detuvo a 381 e hirió a 89, y que 21 soldados habían muerto durante ese período. Por lo general, las autoridades no realizan investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza letal por parte de militares en las operaciones de seguridad pública.
MILITARIZACIÓN, UN GRAN NEGOCIO
Además, el presupuesto aprobado y ejercido por las Fuerzas Armadas en México ha convertido a la “militarización” en un negocio, denunció la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), en el informe “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero”, el cual tiene como finalidad detectar, entender y explicar las asignaciones y modificaciones así como su impacto político y democrático.
Entre sus hallazgos más destacables está que en el período analizado (entre 2006-2022) al menos 277 funciones civiles fueron transferidas a las Fuerzas Armadas –más de la mitad corresponden al sexenio de el presidente López Obrador-, lo que implica 74 mil millones de pesos, lo que perjudica los presupuestos de otras instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Agricultura o de Medio Ambiente (Semarnat), entre otras.
Tanto las transferencias de funciones como las modificaciones presupuestales, además de un “alarmante nivel de sobreejercicio de recursos”, fueron posibles gracias a la laxitud de las normativas de “vigilancia, control y rendición de cuenta”, a la opacidad de las Fuerzas Armadas y a la posibilidad del Poder Ejecutivo de destinar más recursos de los aprobados por el Legislativo sin necesidad de su visto bueno.
Cada peso extra que se les da a las Fuerzas Armadas incrementa los riesgos para la democracia “porque también les da poder político y autonomía”, advirtió Frida Ibarra, directora de Incidencia de MUCD.
DE LOS PASILLOS
Luego de que Tatiana Clouthier presentó su renuncia como secretaria de Economía e intentó abrazar al presidente Andrés Manuel López Obrador como gesto de agradecimiento, el mandatario se limitó a aplaudir y no respondió al gesto de su ex funcionaria. “Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz”, dijo conmovida e inmediatamente después se dirigió a López Obrador, quien trató de sonreír, sin responder al contacto de cariño que Clouthier le brindó. Al anunciar la renuncia de su segunda secretaria de Economía en lo que va de su sexenio, AMLO reveló: “insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía”… Según Manuel Clouthier, hermano de Tatiana, los últimos cambios sobre la Guardia Nacional motivaron la renuncia de su familiar. “… el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión. Congruencia de Tatiana vs. La incongruencia de López”, publicó en su cuenta de Twitter…Pero ¿sus convicciones le impedían acatar las órdenes sobre el T-MEC o prestarse a la farsa del Pacto? ¿Se fue o la fueron?
