Lilia Arellano
“Muchas leyes hacen hombres malos y hombres
malos hacen muchas leyes”: Walter Hubbard
Vulnerados: Estado de Derecho y aplicación de justicia
Refuerzan autoritarismo reformas de amnistía, amparo y pensiones
AMLO enervado por las críticas de EU y Amnistía Internacional
La SCJN determinará constitucionalidad de últimas iniciativas
Ciudad de México, 26 de abril de 2024.- En el ocaso de su poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende fortalecer su autoritarismo, vulnerar aún más la división de poderes e intenta controlar al Poder Judicial. En ese rumbo se inscriben las reformas a las leyes de amparo y amnistía, así como la pretensión de obtener alrededor de 40 mil millones de pesos de pensiones no reclamadas para destinarlas a la compra del voto, pues la elección presidencial está en riesgo. Su candidata oficial, Claudia Sheibaum, y su partido Morena, no tienen seguro ganar los próximos comicios, los cuales se han cerrado, y mucho menos, ganar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para poder construir el segundo piso de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).
López Obrador dejará un legado extraordinariamente negativo a su sucesora, sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, en materia de aplicación, administración y procuración de la ley, la justicia, derechos humanos y seguridad. Por eso le molesta sobre manera al mandatario las críticas del gobierno de Estados Unidos y de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), por sus ataques al Poder Judicial, por “el descrédito oficial” a los periodistas y porque la mayoría de delitos cometidos por organizaciones criminales se quedaron sin investigar ni procesar. Al presidente le dolieron ambos reportes pues lo pintan con doble cara, por una parte, como un gobernante autoritario, por la otra, un incompetente en materia de administración y procuración de justicia, mostrándose también como un agresor de los valores fundamentales de la democracia.
En una palabra, ambos reportes confirman en la 4T impera la impunidad. Lo mismo se puede decir de los asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; la criminalización de activistas en defensa de territorio y el medio ambiente; el incremento sostenido del número de personas desaparecidas -alrededor de 114 mil, oficialmente-, mientras los familiares de estas víctimas “seguían exponiéndose a graves peligros, tales como la desaparición forzada, el homicidio, la represión a las amenazas”.
Tanto el gobierno estadounidense como AI reprueban que el presidente López Obrador mantenga su arremetida pública contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial, cuando estos toman decisiones contrarias a los planes de gobierno. También alertan sobre la persistente militarización pretendiendo apruebe el Congreso de la Unión una reforma para llevar a la Guardia Nacional a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El lunes pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presentó el reporte sobre la situación de los derechos humanos en alrededor de 200 países, incluido México. En el capítulo referente a nuestro país, advierte: durante el último año “no hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos”. Lo anterior pese a las medidas para identificar y castigar a los funcionarios bajo la presunción de haber cometido abusos en contra de los derechos humanos; a esto agregan que la mayoría de los delitos cometidos por organizaciones criminales quedaron sin investigar ni procesar, según destacó el funcionario.
El gobierno, refieren, presenta numerosos informes de corrupción gubernamental. Uno de los casos referidos es el de Segalmex. Reportes periodísticos y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontraron irregularidades por al menos 9 mil 500 millones de pesos. También señaló casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante 2023, así como desapariciones por grupos criminales coludidos con autoridades. El reporte de EU destaca: “elementos criminales, incluidas pandillas locales y trasnacionales y narcóticos, traficantes, fueron importantes autores de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resulta en altos niveles de violencia y explotación. El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la mayoría permanecieron sin investigar ni procesar”. Entre los hechos consignados, está el homicidio de cinco civiles en Tamaulipas por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; también recuerda en abril pasado se secuestró y ejecutó al activista ambiental Eustacio Alcalá a unos kilómetros de su casa, en Huitzontla, Michoacán. En cuanto a las desapariciones, el reporte alerta es un problema persistente en todo el país, especialmente en áreas con presencia de cárteles o violencia relacionada con pandillas.
Respecto a la tortura: “En 2022, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos afirmó que organizaciones de derechos humanos recibieron aproximadamente 9,500 denuncias de tortura y tratos inhumanos”. Niegan sin ningún rubor las acusaciones presentadas por víctimas, organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos. Y en cuanto a las desapariciones forzadas, AI destacó que en 2023 “la Comisión Nacional de Búsqueda registró al menos 12 mil 031 casos nuevos de personas desaparecidas y no localizadas”, elevando la cifra a 114 mil 004 personas a finales del año pasado. También pusieron énfasis en la renuncia de la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, en agosto, “después de que el presidente anunciara la creación de un nuevo censo con el argumento de que las cifras de ese organismo eran poco fiables y demasiado altas”.
AI dio cuenta de los asesinatos de familiares de víctimas de desaparición, como Teresa Magueyal, de Celaya, Guanajuato, quien buscaba a su hijo desde 2020; Griselda Armas asesinada junto con su esposo en Tacámbaro, Michoacán, ambos buscaban a su hijo desde 2022; estos casos prueban los “graves peligros” a los cuales se exponen los buscadores de personas desaparecidas. En su informe más reciente, se incluyeron las dos últimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México a través de las cuales se instruyó a desaparecer el arraigo y modificar el sistema de prisión preventiva. A esas sentencias se sumó el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, dado a conocer en septiembre, en donde se “instó a las autoridades mexicanas a eliminar de la Constitución las disposiciones sobre prisión preventiva oficiosa y el arraigo”, a la vez expresó su “preocupación por la militarización” desde 2006.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó furioso a los reportes tanto del gobierno de Estados Unidos como de Amnistía Internacional. Pidió al gobierno de EU respeto para México y su soberanía, y dijo que desde México no se hacen informes de como en EU se hostiga a candidatos, se reprime a migrantes y se financia la guerra. También cuestionó a las autoridades estadounidenses por “no atender a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo” y de “reprimir y maltratar a los migrantes”.
EL ENEMIGO EN CASA
Felipe de Jesús Gallo, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, aseguró el martes: México es “el campeón” de la producción de fentanilo, con lo cual contradice la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien niega se fabrique esta droga en el país y dice los cárteles mexicanos sólo se prensan, se troquelan las pastillas con el fentanilo. Los expertos coinciden: los cárteles mexicanos utilizan precursores químicos procedentes de China e India para fabricar el opio sintético y pasarlo de contrabando a Estados Unidos, donde causan unas 70,000 muertes por sobredosis al año y dejan ganancias millonarias para las organizaciones criminales. Gallo, en una conferencia mexicano-estadounidense, informó los cárteles mexicanos han puesto en marcha la producción de metanfetamina a escala industrial en muchos estados del país y ahora exportan la droga a todo el mundo. “Créanme que la producción de metanfetamina ya se ha industrializado, que no sólo se da en los montes, ya no solamente se da en la sierra, o en el desierto de Sonora, junto a la frontera estadounidense, o en las montañas del norteño estado de Sinaloa, también se produce en el centro del país, en estados como Hidalgo o Puebla o el noroccidental estado de Jalisco”.
Se desconoce cuál será el destino del funcionario, aunque se prevé sea el despido, no sin antes investigarlo, tal como hicieron con dos subsecretarios, uno de Gobernación afirmando: los narcos le devolvieron a los jefes de familia la dignidad al contar con recursos para su manutención. El de Agricultura al mencionar se debería copiar el esquema de mercado del narco porque era muy exitoso. Gallo por lo pronto ya se disculpó, una vez atendió la FGR la recomendación presidencial de “revisar” las declaraciones.
DE LOS PASILLOS
No se trata de violencia de género, ni de pena ajena, sino de lo mal paradas que hemos quedado las féminas gracias a gobiernos fallidos encabezados por mujeres y, se está viendo, lo del partido en el cual militan es lo de menos, sus comportamientos, decisiones e irresponsabilidades hablan por sí solas. Naucalpan de Juárez es el municipio campeón en inseguridad a bordo del transporte público, le sigue Cuautitlán Izcalli; Karla Fiesco y Angélica Moya son, respectivamente, las alcaldesas. Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi, y es menester apuntar que en ningún otro lugar de la República se vive toda una peligrosa aventura sólo con trasladarse en camiones o camionetas de servicio público. Aunque, estando en el Estado de México no puede evitarse hablar de Toluca de Lerdo, en donde el honroso tercer lugar en peligrosidad corre por cuenta del priísta Raymundo Martínez. Los datos duros revelan la inexistencia de la policía preventiva, no cuentan con estrategia de seguridad porque a los asaltos a usuarios del transporte público se suma el robo de vehículos, se registran por cientos los episodios de violencia familiar y, contando… Está otro municipio Cuautitlán, gobernado por el priísta Aldo Ledezma, a quien se le señalan irregularidades en la compra de abonos, plaguicidas, fertilizantes. La compra alcanzó el millón 690 mil pesos entregados a la empresa Servicios Corporet, S. A. de C.V. cuyo giro es proporcionar soluciones financieras y servicios legales que faciliten el comercio y mitigar riesgos y operaciones en mercados emergentes. ¿Que tiene que ver el objetivo de la empresa con la compra de plaguicidas y fertilizantes? Tal vez Salvador Carlos Alberto Mancera y Eliseo Portuguez Martínez, puedan explicar tal asignación. La diferencia en los precios por bulto es alta y tanto así que bien pudieran señalar se trata de “errores de dedo” porque pagaron mil veces más. Ya veremos, ya veremos…
Diputados federales de Morena y sus aliados del PT y PVEM aprobaron la reforma para que el Ejecutivo Federal brinde amnistía directa a quien aporte elementos para esclarecer hechos relevantes para el Estado. El proyecto pasa al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor. Los legisladores de oposición subrayaron que con esta reforma sólo se causará más impunidad y dará facultades al presidente para liberar a personas…. También, sin aceptar ninguna de las 86 reservas presentadas por la oposición, Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados concretaron la reforma que impide a jueces dar amparos con efectos generales y anula su facultad de otorgar suspensiones en casos excepcionales. Durante las siete horas de discusión, legisladores de oposición advirtieron que la reforma es un retroceso en materia de justicia, de derechos humanos y de defensa de la población para ampararse, por lo que recurrirán a la Suprema Corte para impugnarlas.
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