Lilia Arellano
“Lo más caro del mundo es ser pobre”: Carlos Monsiváis
Pobreza y violencia imperan en Morelos y Puebla
Gran reto: detener avance del crimen organizado
Avanza en San Lázaro el despojo a trabajadores
Sólo el 1.25% de los candidatos tienen protección
Ciudad de México, 17 de abril de 2024.- Pobreza, inseguridad y violencia son problemáticas comunes en Morelos y Puebla, entidades donde el próximo dos de junio se renovarán los poderes Ejecutivos. Problemas ambientales y ecológicos, junto con polarización social completan el panorama a resolver por los próximos gobernadores, quienes enfrentarán una pesada herencia de sus antecesores en el ámbito presupuestal y legislativo, además de sospechas de presunta corrupción y nexos con cárteles criminales. El avance del crimen organizado también hermana a estas entidades, donde las autoridades y partidos políticos batallan por no ser desplazados como los principales factores de poder en municipios y cada vez más amplias áreas geográficas.
En Morelos, la oficialista Margarita González Saravia, o la opositora Lucy Meza, quien obtenga el triunfo el próximo 2 de junio, cuando también se elegirán 20 diputados locales y se renovarán 33 ayuntamientos, deberá enfrentar un adverso escenario por el avance de los grupos criminales durante la gestión del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco. La inseguridad sigue siendo la principal problemática de la entidad, seguida de la corrupción de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). El robo en la calle y transporte público representó una tasa de 6 mil 550 por cada cien mil habitantes.
Morelos ocupa el primer lugar en feminicidios, despojo y robo a bancos; en segundo lugar, están los secuestros, homicidios dolosos y hurtos vehiculares; en tercer lugar, asalto a transporte y en cuarto lugar, robo en transporte público. Los municipios que concentran los mayores índices de violencia son Cuernavaca, Temixco y Emiliano Zapata, pero también hay escalada de incidencia delictiva en Cuautla, Yecapixtla y Yautepec. En el mismo contexto, 27.1% de las mujeres en Morelos reportaron haber enfrentado una situación de acoso o violencia sexual, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.
La capital de Morelos, Cuernavaca, está colocada entre los municipios del país con los porcentajes más altos de inseguridad: cuando se requiere hacer uso de algún cajero automático ubicado en vía pública el porcentaje de víctimas es del 89.6%; a un banco (75%), así como en el transporte público (89.2%). También se muestran cifras altas respecto a la percepción por robos y asaltos con 68.8 por ciento, vandalismo (57.9%), disparos frecuentes con armas de fuego en los alrededores de su vivienda (64.5%) y extorsión con el 16.4%, cuyo nivel más alto lo reporta el municipio de Uruapan, Michoacán, con 21.1 por ciento.
Otro problema entre la población morelense es la salud. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental: el 80.8% de las y los morelenses aseguraron no recibir el material de curación o equipo adicional del servicio de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. La crisis política por la que atraviesa la entidad también es sumamente peligrosa. Desde el inicio de la actual administración los enfrentamientos entre los poderes de la entidad han sido constantes; pero la fragmentación se agudizó en los últimos meses.
La detención del fiscal de Morelos, el ataque armado a la Comisión de Derechos Humanos y la ruptura entre los magistrados del Poder Judicial se suman a los episodios de zozobra del Ejecutivo, Legislativo y otros órganos autónomos, que no se han salvado del pleito entre grupos políticos y que mantienen su operación comprometida financiera o jurídicamente. Las rupturas pasan por los conflictos internos por el poder, expedientes abiertos con acusaciones de corrupción, señalamientos de vínculos con grupos de la delincuencia organizada, disputas presupuestales, violencia política, ruptura de acuerdos, campañas electorales anticipadas y falta de oficio político para retomar el diálogo.
El grave nivel de descomposición política en Morelos es señalado por empresarios, legisladores, académicos, dirigentes sindicales, comerciantes y colonos. Los asesinatos de líderes sociales y políticos sobrepasan la veintena e incluyen el feminicidio de una diputada local y el homicidio de un alcalde en funciones. La fragmentación política ha llevado a enfrentamientos abiertos y constantes entre los poderes con órganos autónomos. Más de 50 carpetas de investigación coleccionan indagatorias sobre presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos que van desde el gobernador hasta regidores, pasando por secretarios de despacho, diputados, alcaldes y magistrados del Poder Judicial.
La administración estatal reconoce la infiltración del crimen organizado en la actividad política del estado. El fiscal general fue detenido por presuntos ilícitos cometidos en agravio de la Ciudad de México. La crisis política ha llegado a los tres poderes del estado. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha recibido de 2018 a 2021 ocho acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La CDHMor logró echar atrás la Ley de Videovigilancia y frenar la Ley de Educación, la de Ingresos del año 2020, entre otras.
Cuauhtémoc Blanco se confrontó con el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, y el fiscal general, Uriel “N” Carmona, detenido en su domicilio en Cuernavaca el pasado 4 de agosto. La Fiscalía Anticorrupción mantiene varias carpetas de investigación en contra de Blanco, una de ellas por presunto enriquecimiento ilícito y otra más por delincuencia organizada, luego de una fotografía publicada por el Sol de México en enero de 2022 donde el mandatario aparece junto a tres líderes criminales. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al gobernador por su relación con grupos criminales. Además, la relación entre el Congreso del Estado y el gobernador Cuauhtémoc Blanco está fracturada desde el 2022.
REINADO DEL CAMOTE
En Puebla, el oficialista Alejandro Armenta Mier o el opositor Eduardo Rivera Pérez, quien gane la elección por la gubernatura, batallará para enderezar el barco dejado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes. En estos comicios también se elegirán 41 diputados estatales y ser renovarán 217 alcaldías. Además de la inseguridad pública, el robo de combustibles, la pobreza, la desigualdad, la falta de agua, la contaminación ambiental y el deterioro ecológico, debemos agregar la polarización social y la división de los poblanos por los roces en el último proceso electoral.
La entidad evidencia parálisis e incertidumbre en los ayuntamientos, ante la disposición de contar solamente con tres años de gestión. La pobreza en Puebla persiste y afecta a más del 60 por ciento de la población: jóvenes, mujeres, tercera edad, campesinos e incluso profesionistas la padecen. Otro gran problema es la escasez de agua en la mayor parte del territorio, principalmente en los acuíferos de Tecamachalco y Libres-Oriental, en donde hay déficits, y el acuífero Valle de Puebla se encuentra cercano al límite de disponibilidad. Adicionalmente, se ha dado la pérdida de suelo, de bosques, la reducción de fertilidad de las tierras, el mal manejo de la basura y la falta de tratamiento de aguas residuales.
La pobreza que persiste en Puebla debe ser atacada con la generación de empleos. Es evidente la falta de continuidad de proyectos por el constante cambio de gobernadores. En 8 años, se tuvieron 7 titulares del Poder Ejecutivo estatal. Se pierde el tiempo, no existe planeación ni mucho menos definición de presupuestos correspondientes. En el Congreso del estado persiste la confrontación y diferencias personales por lo que las iniciativas en favor de Puebla no avanzan. Un pueblo pobre, dividido y confrontado se hace más pobre. Revertir la inseguridad, los rezagos sociales, ponerse al corriente en atender las necesidades olvidadas y desatendidas es un gran reto para las nuevas autoridades.
Puebla ha sido una de las entidades con los más altos porcentajes de mexicanos expulsados, empujados a buscar empleo y formar un patrimonio en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. El saqueo a las arcas públicas no conoció freno pese a la presencia de distintos partidos políticos en la gubernatura. El PRI, el PAN y finalmente Morena, dieron muestra de no contar con militantes honestos y, siendo ésta una de las entidades en donde la riqueza de su subsuelo es eminentemente acuífera, las concesiones a los embotelladores han respaldo la creación de las grandes, impresionantes fortunas de quienes la han gobernado. ¿Podrán con el reto quienes ocupen la máxima silla estatal? (Continuará).
DE LOS PASILLOS
Según Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, eliminar la prisión preventiva oficiosa al invalidar el artículo 19 de la Constitución le abriría la puerta a 68 mil presuntos delincuentes quienes serían liberados si la Corte aprueba esta medida. ¿Y la amnistía pretendida por su gran jefe, a cuántos cientos de miles? La funcionaria reveló el envio de una carta a los ministros sobre las implicaciones de esta decisión. “Creemos que la Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar qué significa esto para la paz y seguridad del país”. Y lo pretendido por AMLO ¿qué significa?
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reportó que hasta el momento el gobierno federal brinda protección a un total de 250 candidatos que compiten en este 2024 por algún puesto de elección popular en el país. En dichos trabajos de seguridad están los tres candidatos a la Presidencia de México, así como los aspirantes a las nueve gubernaturas que se elegirán el próximo mes de junio. Rosa Icela Rodríguez reconoció sólo 15 ejecuciones de candidatos a cargos de elección popular en el presente proceso comicial. Dijo han recibido 273 solicitudes de protección. O sea, el 1.25 por ciento de participantes pueden dormir tranquilos, aunque sin guardias a la puerta…
En la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados se aprobó con 19 votos a favor el dictamen para que al menos 40 mil millones de pesos radicados en cuentas inactivas de Afores sean parte del financiamiento del nuevo fideicomiso “Pensiones para el Bienestar”. La iniciativa indica se traspasen las Afores a dicho fondo de pensiones y se utilicen los recursos no reclamados por los trabajadores que cotizan en el IMSS al cumplir 70 años, y a los 75 años quienes dirigen sus aportaciones al ISSSTE. La oposición reclamó que el dictamen no se circuló con el tiempo requerido, pero recibió como respuesta que no existe este requisito para las sesiones extraordinarias, como fue la que se realizó este lunes. López dijo va… y va.
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