Lilia Arellano
“Nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno
para nuestra sociedad. Una población insensible es
una población peligrosa”: Isaac Asimov
Régimen mortal para los candidatos y funcionarios
El crimen organizado manda en la elección: expertos
Suman mil 666 los crímenes cometidos contra políticos
Arturo Zaldívar se estrena como el “Rubén Aguilar II”
Ciudad de México, 28 de febrero de 2024.- El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo es el gobierno más violento de la historia con más de 180 mil víctimas del crimen organizado acumuladas, sino también el más letal para la democracia mexicana, pues se amontonan cientos de candidatos de todas las fuerzas políticas ejecutados durante los procesos electorales desarrollados en esta administración. A la fecha, se han registrado más de 1,666 incidentes de violencia dirigidos contra figuras públicas y políticas, así como contra infraestructura gubernamental, revelan investigaciones realizadas por Data Cívica y el Programa para el Estudio de la Violencia del CIDE. Los números de víctimas de políticos superan con mucho los denunciados por el propio tabasqueño durante el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, calificado como el “innombrable”.
Ante la situación resentida en diversas entidades federativas por las actividades de las organizaciones criminales contra aspirantes a cargos de elección popular con la intención de continuar dominando cada vez más territorios para sus ilícitos, entre los que se incluyen asesinatos y atentados hasta amenazas, que marcan una época de intensa violencia electoral utilizada por el crimen organizado para imponer su influencia política en diversos estados y municipios, los partidos de oposición exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), garantizar que las próximas elecciones federales y locales sean libres y auténticas, frente a la amenaza de la intervención del crimen organizado. Por tal razón, solicitaron la creación de un mapa de riesgo y protocolos de seguridad, para mantener la integridad física de los servidores públicos.
El año más crítico fue 2023, con un registro de 574 eventos violentos, seguido de cerca por 2022, donde se documentaron 486 casos. Esta tendencia representa una creciente amenaza para la estabilidad democrática de México, alertan expertos de diversos organismos de investigación. Los estados más afectados incluyen a Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, que acumulan juntos el 38.4% de los incidentes registrados. En cuanto a municipios, Tijuana, Celaya, Chilpancingo de los Bravo y Taxco de Alarcón figuraron como los más golpeados por esta oleada de violencia.
El proceso electoral de 2021 registró 90 asesinatos y 693 agresiones contra políticos y candidatos, a pesar de que el gobierno de AMLO implementó un protocolo para blindar de amenazas del “crimen organizado” y de “cuello blanco” a candidatos a puestos de elección popular. De las 737 víctimas, 518 (70%) eran aspirantes a puestos de elección popular. Evidentemente, el mecanismo que ideó el gobierno federal no funcionó para proteger a los candidatos a puestos de elección popular y así se demuestra que, en la recta final de la campaña, arreció la violencia contra los candidatos. Las ejecuciones más relevantes fueron la de René Tovar, quien competía por el municipio de Cazones, Veracruz; Alma Barragán, candidata de MC a la alcaldía de Moroleón; Cipriano Villanueva, aspirante a regidor por Chiapas Unido, en Acapetahua, Chiapas; el secuestro de Marilú Martínez Núñez, candidata a la alcaldía de Cutzamala, Guerrero, y el ataque a la casa del candidato del PRI a diputado federal, Antonio Domínguez Aragón.
Sin embargo, pese a los datos duros de las ejecuciones de los candidatos a cargos de elección popular, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay riesgo de inestabilidad política en México durante los comicios rumbo a las elecciones federales del 2 de junio. El mandatario lamentó hoy el asesinato de los candidatos de Morena, Miguel Reyes, y el PAN, Armando Pérez Luna, a la alcaldía de Maravatío, Michoacán. El primero fue atacado a balazos cuando estaba a bordo de su vehículo, en el fraccionamiento Rancho La Huerta, mientras que el segundo fue ejecutado durante la noche del lunes en la colonia Infonavit. Un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó a la víctima y le disparó en varias ocasiones. La semana pasada, dos crímenes también fueron relevantes: Juan Pérez Guardado, cuñado del senador Ricardo Monreal. Cuatro días más tarde, las balas acabaron con la vida de Jorge Antonio Monreal, sobrino del senador y del gobernador de Zacatecas, David Monreal.
En México, el crimen organizado sigue condicionando los procesos electorales, sobre todo en el ámbito local, donde tienen más presencia y capacidad de presión. A pesar de que cuando menos 16 precandidatos han sido asesinados, López Obrador desdeña el problema y dice “no hay nada que temer” y reiteró disminuye el número de homicidios. “No vemos nosotros que se desate la violencia política-electoral”, dijo el mandatario. Sin embargo, la asociación Laboratorio Electoral reportó que entre junio de 2023 y febrero de 2024 se han registrado 50 agresiones contra personas vinculadas con el proceso electoral en marcha, entre los cuales se cuentan 33 asesinatos, 16 de ellos de personas precandidatas a algún cargo de elección popular. Integralia Consultores reportó: entre 2021 y 2023 se incrementaron 197 por ciento los ataques contra candidatos a cargos de elección popular, al pasar de 178 a 592, mientras en 2022 hubo 486.
Ante este funesto panorama, los representantes de los partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) ante el INE demandaron acciones concretas para garantizar la seguridad en las campañas y en las elecciones 2024, y para cerrar el paso a la influencia del crimen organizado y la violencia en el proceso. Destacaron están asesinando aspirantes, dirigentes partidistas, y se están creando zonas en las que nadie quiere hacer campaña o postularse a alguna posición política.
El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, dijo que en el INE no se están atendiendo obligaciones e interrogantes planteadas poe la coalición opositora, como los alcances de los convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública. “Nos parece muy importante conocer si es necesario emitir alguna medida de mitigación o actuación. Es importante tener claridad sobre qué medidas tomará esta institución, incluso de ser necesario la de ejercer la facultad de atracción, en cualquier etapa, de alguna elección local o municipal en la que se advierta la existencia de factores de riesgo y de violencia por parte de criminales”, añadió.
Ángel Ávila, del PRD, destacó los asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular, pues todos los partidos tienen casos de candidatas y candidatos amenazados, asesinados o amedrentados para abandonar su aspiración. “Acabamos de conocer del asesinato del secretario general estatal del PAN, Alfredo Giovanni Lezama, que aspiraba a ser candidato a diputado federal. Acaban de asesinarlo hace unas semanas en Guerrero, en Acapulco, al ex candidato Ricardo Taja, que había sido candidato a la alcaldía. En Chiapas, se asesinó a David Rey González, quien era aspirante a la presidencia municipal de Suchiate. En Colima, la presidente municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, ha denunciado la existencia de personajes de un cártel del crimen organizado cercanos a la candidata Claudia Sheinbaum”, relató.
Reprocharon que el INE “ha quedado a deber sobre las sanciones” que se deben aplicar, en donde se ha acreditado la intervención del crimen organizado, y mencionó como ejemplo el caso de Michoacán, en 2021. “El tema de los mapas de riesgo, creo que es un asunto que se tiene que discutir en este INE, el tema del protocolo y guía de actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos también”, destacó Ángel Ávila, quien precisó el INE debe responder no sólo por este tema, sino también por la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, a favor de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. El INE tiene que responder, “primero por la intervención grosera de López Obrador, como jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, y de todos lo recursos y el apoyo del gobierno federal, y después la intervención del crimen organizado”, apuntó el representante perredista.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, consideró que, una vez diseñado el mapa, podrían suscribir convenios con los órganos de seguridad en el país a fin de que se ponga atención a las zonas de alto riesgo para los próximos comicios. El senador zacatecano subrayó que, más allá de ahuyentar la posibilidad de ejercer el voto, el INE y el Tribunal Electoral deben hacer un mapa para que desde ahora se preste atención a las zonas de riesgo. A nivel presidencial, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, aspirantes de las coaliciones Juntos Haremos Historia y Fuerza y Corazón por México, respectivamente, ya solicitaron protección para la etapa de campaña. El protocolo establece que los candidatos serán custodiados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, dependiendo del tipo de riesgo al que estén expuestos: alto, medio o bajo.
DE LOS PASILLOS
En su momento y una vez conscientes de los errores permanentes de Vicente Fox al dirigirse a la población, al dar a conocer información, realizar comentarios, surgió quien hizo famosa la frase “lo que el presidente quiso decir…”, Rubén Aguilar, quien hoy tiene quien lo emule: Arturo Zaldívar. En las entrevistas concedidas por el ex ministro y ex presidente de la SCJN, ni tardo ni perezoso le encuentra la cuadratura al círculo de las expresiones presidenciales aún y cuando estas refieran: “no me vengan conque la ley es la ley” o “la moral del presidente está por encima de la ley”. Para el abogado es imprescindible analizar el contexto de estas palabras y es ahí en donde se percibe lo que él cree que el presidente quiso decir. Inclusive, Aguilar II, justifica que, después de casi tres semanas, el presidente continue refiriendose a la etiqueta de “narcopresidente” impuesta. Según su opinión, es correcta su reacción pues se está defendiendo de calumnias y de igual forma considera muy correcto sea el padre quien defienda a los hijos ante los ataques recibidos cuando, ninguno de ellos trabaja para el gobierno, no participan en ninguna tarea oficial y no está bien los relacionen con grupos delincuenciales. “Es normal se enoje el presidente por los ataques a sus hijos puesto que no son funcionarios públicos y, lo de revelar los datos y lanzar calificativos a la jefa de corresponsales del NYT, fue un momento de enojo”…
Pero Claudia Sheinbaum no se queda atrás. Es ahí en donde se ve que, en efecto, trabajan en equipo. Contrario a lo observado dentro del grupo de acompañantes o miembros del gabinete del tabasqueño, los de la aspirante oficialista a la presidencia si caminan exactamente por la misma rayita. La Sheinbaum, en respuesta a las críticas por mantener el mismo lenguaje del tabasqueño, se justifica señalando no lo que no podría decir y encuadra todas las acciones y decisiones como parte de un Movimiento al cual ella ayudó a construir y tendrá fortalecimiento, durante su mandato, si gana, la llamada Cuarta Transformación, aun y cuando, ella tampoco pueda explicar en que consiste semejante propuesta, idea, slogan.
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