sábado, abril 13, 2024

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“El Poder sin la confianza de una nación
no es nada”: Catalina La Grande

Poder Judicial en el peor momento
Peligra la estructura de la Suprema Corte
Imparables críticas y agresiones a jueces y ministros
Primero yo, después yo y, si se quedan secos, ni modo.

Ciudad de México, 14 de febrero de 2024.- Durante el último tramo de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta una vez más controlar al Poder Judicial, el cual se ha constituido como la última barrera de contención del autoritarismo y acciones y legislaciones de carácter anticonstitucional. Este es el objetivo fundamental de la reforma al Poder Judicial presentada el pasado 5 de febrero, la cual pasa por acotar la actuación de los ministros, reducir su número, someterlos a mayores medidas de disciplina cuando no cumplan con sus obligaciones de imparcialidad y justicia expedita, y evitar puedan echar abajo las reformas impulsadas por el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación.

Esta propuesta de reforma constitucional del Poder Judicial se presentó tras quejas del Ejecutivo contra ministros y jueces que han revertido la aplicación de las leyes prioritarias de su gobierno, ya sea por declararlas inconstitucionales o que en su aprobación se ha violado el debido proceso. El caso más reciente fue la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica en la Segunda Sala de la Corte. En sus últimas conferencias mañaneras, López Obrador sostiene “el Poder Judicial está podrido, necesita una profunda reforma, los ministros de la Corte son parciales y corruptos, parte de los conservadores, afines a los grupos de poder y no aplican la justicia expedita”.

De acuerdo con la iniciativa circulada en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, AMLO pretende blindar sus reformas al permitir cuatro ministros tengan el poder de cambiar la Constitución. Esta iniciativa busca que con solamente cuatro votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y, por lo tanto, sea incontrovertible. El dictamen plantea dejar sin efecto todos los amparos en trámite contra reformas que no pudieron declararse inconstitucionales por no alcanzar ocho votos. Aquí entran los nombres, por lo pronto de quienes ya están a su disposición, ministros a la orden, puestos con esa toga con dedicatoria.

Toda esta pretensión a pesar de la presentación de uno de sus 100 compromisos remarcados al asumir la Presidencia de la República: mantener una relación “respetuosa” y de “autonomía” con el Poder Judicial, durante prácticamente toda su administración. Sin embargo, el presidente López Obrador ha lanzado ataques, críticas y exhibiciones hacia los ministros, magistrados y jueces, a quienes generalmente califica de “corruptos”. En prácticamente el 70% de sus conferencias mañaneras AMLO ha criticado el alto sueldo de los ministros de (SCJN, para mantener cuestionadas sus resoluciones, además de asegurar es un poder en el que “prevalece la corrupción” y requiere una transformación de fondo.

Este objetivo de transformación en la Corte no es nuevo, lo intentó y fue el propio “autónomo” fiscal Alejandro Gertz Manero quien hizo el papelón en la Cámara de Senadores. Lo mismo pasó con su ministro alfombra Arturo Zaldívar, quien llevaba bajo el brazo su iniciativa y con la pretensión de alargar su presencia en la presidencia de la Corte, demostró abiertamente no era y nunca fue ni ha sido el conocedor de la Carta Magna con lo cual se publicitó favorablemente, es más ni siquiera aparece como un buen abogado cuya trayectoria hable de grandes éxitos. Ahora aparece al lado de la Sheimbaum por el simple hecho de ser quien mejor interpreta las ocurrencias presidenciales en este tema.

El gobierno de AMLO no respeta la división de poderes, como se los han reprochado líderes y legisladores de oposición, quienes apuntan que el mandatario tiene dominado el Poder Legislativo y pretende hacer lo mismo con el Poder Judicial. Desde la llegada de la ministra Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mandatario le ha lanzado críticas. Éstas nacieron del berrinche porque no logró llevar a las suyas, a Loretita y Yazmín a esa posición. “Ahora que ganó la señora Piña y que supuestamente nosotros perdimos, como si nos importara estar sometiendo poderes, como era antes, como ellos estaban acostumbrados, pues ahora estamos notando que hay más actos que consideramos ilegales y de injusticia en contra del interés público”, señaló el mandatario del pasado 20 de enero.

Una semana después, remató: “Recuerdo que ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción; pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo, con todo respeto”. Después de semejantes declaraciones llegó la afirmación de aprobación por parte de la ministra Pîña para la utilización de los fideicomisos del Poder Judicial y todo ello fue una mentira porque ni doña Lucía puede determinar ninguna utilización de esos recursos y mucho menos entregárselos al Poder Ejecutivo. El tabasqueño volvió a fallar en sus apreciaciones.

El lunes próximo pasado, la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde sostuvo que la reforma va por una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la elección popular de los jueces y magistrados; y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y nuevas reglas procesales. Insisten en la elección de voto popular -para junio de 2025- de ministros, magistrados y jueces, lo cual ya fue desechado por la Cámara de Diputados el año pasado. Se trata de crear, procrear, parir una elección extraordinaria en 2025 para renovar esos cargos, y en la cual podrán participar los funcionarios que ocupen actualmente el cargo, en igualdad de condiciones. Para el caso de los ministros de la Suprema Corte, de los magistrados del Tribunal Electoral y los del Tribunal de Disciplina, se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias, a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión, de la siguiente manera: Poder Ejecutivo: hasta 10 candidaturas; Poder Legislativo: hasta cinco candidaturas por cada cámara y por mayoría calificada; Poder Judicial: hasta 10 candidaturas, a través del pleno de la Suprema Corte y por mayoría de votos.

Participarían miles de aspirantes, el número de jueces así lo revela. La pretensión llega más allá pues se buscará empatar esta elección con las federales bajo el argumento de optimizar los recursos económicos. Esta gran cantidad de aspirantes se sumaría a otros tantos miles participantes en la siguiente elección federal, en la intermedia. El desmadre es espectacular. La presidencia de la Suprema Corte dejaría de presidir al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura. Este órgano desaparecería y de él habría dos nuevas instituciones, una de control interno, llamado Tribunal de Disciplina Judicial, y otro dedicado a la administración del Poder Judicial. El nuevo Tribunal sería el encargado de sancionar a los juzgadores federales e, incluso, tendría la atribución de solicitar a la Cámara de Diputados el juicio político contra ministros de la Corte.

El Tribunal de Disciplina podrá investigar a funcionarios jurisdiccionales que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia. AMLO propone dar amplias atribuciones al nuevo Tribunal de Disciplina para sancionar, hasta penalmente si es necesario, a los ministros, magistrados y jueces. Este nuevo órgano se integrará por cinco miembros electos por la ciudadanía, también a propuestas del Ejecutivo federal. “El Tribunal de Disciplina podrá conocer, investigar, sustanciar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia. La propuesta de reforma al artículo 100 de la Constitución establece: “incluyendo aquellos vinculados con hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine”. Las sanciones emitidas por el Tribunal podrán incluir amonestación, suspensión, sanción económica, destitución o inhabilitación de las personas servidoras públicas.

La reforma de referencia prohíbe también el pago de los haberes de retiro para los ministros relevados del cargo. No obstante, sí se les respeta la pensión vitalicia a quienes ya gozan de ella, como es el caso de la senadora Olga Sánchez Cordero y el ex ministro Arturo Zaldívar, quien renunció al cargo para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum. Debería analizarse si lo merecen porque doña florero nos dejó como herencia de su presidencia en la Corte el dañino, abusivo, anatocismo, con el cual el agiotismo resultó un juego de niños. Destaca la disposición de prohibir que las remuneraciones de los ministros, Magistrados y jueces de distrito sean mayores al del Ejecutivo federal. Para el caso de los mil 633 magistrados de Circuito y jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo, es decir, dos propuestas por cada Poder de la Unión. De acuerdo con la Alcalde, el Senado será el encargado de verificar cumplan las candidaturas con los requisitos de la ley y el Instituto de Elecciones y Consultas (INEC) -¿Cuál es ese Instituto? ¿ya le encontraron nuevo nombre al INE?-, organizará la elección. Mientras, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la Suprema Corte. ¿A cuál? ¿A la existente o a la apenas naciente y sin conformar?

En el caso de ausencia definitiva de ministros, magistrados o jueces, el Senado designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria. El Ejecutivo propondrá la terna para ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal de Disciplina; el órgano de administrador judicial para magistrados de Circuito y jueces de Distrito, mientras que la Suprema Corte lo hará para magistrados electorales. López Obrador impulsa que se reduzcan las ministras y ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes. Propone eliminar las dos salas para que la Corte solo realice sus sesiones en el pleno y de manera pública. También plantea la reducción de su periodo de cargo de 15 a 12 años, la eliminación de su pensión vitalicia, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido por el presidente.

Si estos textos no llevan la marca del autoritarismo pleno y el dominio y control sobre los poderes del Estado, ya no hay manera de explicar los objetivos reales de quien encabeza la 4T.

DE LOS PASILLOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la campaña en redes sociales con el hashtag “narcopresidente”, no le ha hecho mella ni lo ha afectado. Sostiene tiene su conciencia tranquila y no se va a rendir frente a esta “guerra sucia”, ya que, dice, es un hombre honesto y con autoridad moral. AMLO denunció se mantiene una “campaña negra” en su contra basada en mentiras y calumnias y con dinero de conservadores, quienes están enojados y enseñan el cobre, sin embargo, advirtió que tiene ganado el debate frente a ellos… Su persona, su defensa va primero, lo de la escasez de agua, la sequía, la pérdida de miles de cabezas de ganado en Durango, las alertas sobre la pérdida de siembras esenciales, entre ellas el frijol y obviamente el maíz, la crisis del vital líquido en las zonas urbanas, en las capitales como la CDMX, Monterey, Chihuahua, Zacatecas, los reportes sobre la capacidad de las presas, todo eso puede esperar, como lo han hecho las aclaraciones de crímenes, de desapariciones, como se elude hablar de la delincuencia organizada y su presencia en más del 50 por ciento del territorio.

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