martes, abril 23, 2024

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Si tienes que infringir la ley, hazlo para tomar el
poder, si no es el caso, observa la ley”: Julio César

López Obrador acusa quieren darle “golpe de Estado técnico”
FGR se niega a revelar los videos de la tragedia de migrantes en Juárez
Tras los cierres de campaña en EdoMex, preparan batalla postelectoral

Ciudad de México, 30 de mayo de 2023.- Tras la marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en alrededor de 50 ciudades del país, entre ellas las principales urbes, y con la comprobación ayer de que la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene las manos metidas en el fondo del conflicto, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra el Poder Judicial del país, el cual sólo cumple con su función de garantizar el respeto al Estado de Derecho y a la división de poderes, así como de contención a los excesos emanados desde el Palacio Nacional. Ayer, en su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal acusó, sin tener ninguna prueba al Poder Judicial, aseverando pretenden dar un “golpe de Estado técnico” a su gobierno, luego la emisión de una suspensión definitiva en contra de la obra del Tren Maya.
Tras tres años de larga lucha judicial, comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de la Península de Yucatán, obtuvieron del Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, una suspensión definitiva ordenando frenar la tala o desmonte de arbolado y vegetación en los Tramos, 3, 4, 5 Norte y 6 del megaproyecto Tren Maya, en las áreas situadas fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, las cuales han sido exhibidas ampliamente en redes sociales. Esta suspensión corresponde a uno de los amparos promovidos por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMD) en representación de dichas comunidades y organizaciones, en julio de 2020, frente a las afectaciones provocadas por los trabajos iniciados en esa época, sin contar con estudios, ni autorizaciones de impacto ambiental logrando devastar la selva maya.
El Juzgado Primero señaló, cómo parte de su razonamiento: las autorizaciones provisionales emitidas con base en el Acuerdo presidencial, emitido por AMLO, el 22 de noviembre de 2021, para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea “no suplen las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico previo”. La suspensión definitiva, en tanto se resuelve el asunto de fondo, abarca los Tramos 3, de Calkini a Izamal; 4, de Izamal a Cancún; 5 Norte, de Cancún a Playa del Carmen y 6, de Tulum a Chetumal, por lo tanto, no se puede continuar la remoción de la vegetación forestal en las áreas que se encuentran en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
La resolución del juzgador, si bien positiva, llega tarde, pues en efecto, existen ya daños irreparables, como lo es la devastación de la selva, y la probable afectación a todo el ecosistema costero ya fragmentado, que inicia en ella y se enlaza con ríos y cavernas subterráneas, hasta llegar a la costa, los cuales ya han sido taponeados eliminando ríos subterráneos, cenotes y fauna única en el mundo. Habiendo emitido varios amparos y siguiendo todas las líneas marcadas en los reglamentos de construcción obligados a ser respetados por privados y el propio gobierno, nada ha logrado detener el capricho presidencial de levantar un tren, a “costa de lo que sea”.
Al cuestionársele sobre los riesgos para su gobierno con esos mandatos judiciales, AMLO admitió su existencia, e incluso mencionó hubo una iniciativa de un senador panista, (Julen) Rementería, muy cercano al pensamiento fascista; recordó su planteamiento: (quería que) “la Corte me destituyera, era tan absurdo que tuvo que retirarlo. Le echó la culpa a sus asesores”. El primer mandatario abundo: “una cosa es que violen la Constitución, a ver que me digan los ministros si no la están violando cobrando más de lo que cobra el Presidente. Y otra pues, es ya querer dar un golpe de Estado, neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutamos nada. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico. Van a seguir queriendo parar las obras… Pero no van a poder porque de acuerdo con la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se van a poder cancelar las obras, no se puede”.
Obviamente, desde el templete mañanero se minimizó la marcha a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el retiro del plantón de sus seguidores, lo cual duró menos de 24 horas, pues ya se volvieron a reinstalar, calificó a los participantes señalandolos de prepotentes y de haber demostrado no tienen razón porque su único argumento fue la violencia. Al hacer este tipo de declaraciones olvida todos los disque indignados con la Corte son parte de los grupos pagados por el gobierno o, ¿tantos días de instalación sin llevar recursos económicos a sus familias es factible?. Según el reporte “oficial” fueron tres mil los asistentes a la movilización,
De esta forma, la Presidencia de la República, el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum, las fracciones de Morena tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, mantienen sus baterías enfocadas para violentar y descalificar el trabajo de los ministros con iniciativas y amenazas de disolución de la actual SCJN para dar paso a la elección de un nuevo pleno con ministros a modo. La meta a alcanzar es el sometimiento del Poder Judicial, convertido en el presente en el último bastión de defensa de la ley y el equilibrio de poderes frenando al tabasqueño y sus excesos.
En estos momentos, el presidente López Obrador y su movimiento y aliados en el Congreso no tienen los votos necesarios ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores para poder aprobar una reforma al Poder Judicial de la magnitud planteada por los legisladores de Morena, pero mantienen el dedo en el renglón para continuar con la batalla política hacia esa dirección y poder someterla, como ya lo hicieron con el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Tiene ya la autodenominada Cuarta Transformación (4T) un árbitro electoral federal a modo y se deshizo de la dificultad que representaban consejeros electorales quienes no respondían a las órdenes del Presidente, al cumplirse el periodo para el cual fueron electos. También colapsaron al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no obstante se le ha ordenado al Senado aprobar el consejero faltante para poder instalar el Pleno.
Además, este día, según Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República (FGR) revelará los videos sobre el incendio registrado en una estación migratoria de Ciudad Juárez –cobrando la vida de al menos 40 migrantes centroamericanos-, tragedia convertida en un escándalo internacional. Pero la Fiscalía General de la República negó haber recibido la solicitud para revelar dichos videos. La Fiscalía informó que “el video, en términos generales, debe mantenerse en secrecía por ministerio de la ley”.
Las grabaciones fueron resguardadas por cinco años, para ocultar el proceso inhumano por el cual no se dejó salir a los migrantes detenidos en esa cárcel, quienes estaban bajo llave y murieron ahogados por el humo y por las llamas. Ante la presión de la opinión pública, López Obrador dijo en su conferencia mañanera que, ahora, “no estaban de acuerdo con dicha medida”, y de inmediato, en menos de una hora, se informó en el mismo acto la salida a la luz pública, de las filmaciones, pero la FGR dijo: no.
Fingiendo no saber de qué se trata, López Obrador declaró: “no soy partidario de que se oculta la información, no sé por qué lo hicieron, voy a preguntar para que se permita conocer toda la información… A veces los abogados lo hacen por el llamado debido proceso, pero en estos casos (hay que darlo a conocer). El que nada debe, nada teme. Yo voy a pedir que se dé un informe hoy y saber por qué se guardó el video”. ¿Va a preguntar? O sea, ni siquiera ha escuchado las denuncias de los consulados y de los familiares de las víctimas. Es imposible asuma la responsabilidad de los funcionarios de su gobierno, en este caso del titular del INM.
Hasta este momento, la FGR sigue sostenido en el argumento: una mala difusión del video de referencia pone en riesgo al personal comisionado y a los migrantes involucrados. El Instituto Nacional de Migración clasificó como reservados por cinco años los videos de esa tragedia, los cuales serán desclasificados hasta 2028. De acuerdo al Comité de Transparencia del INM, los videos fueron entregados por la Dirección General de Administración del Instituto Nacional de Migración a la Fiscalía General de la República. Muchos usuarios de redes sociales fueron testigos de cómo se inició la tragedia en la estación migratoria, todo porque México aceptó hacer el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, en la contención de migrantes hacia su territorio. El tema es esencialmente electoral en el proceso que se realiza en el vecino país del norte, y las muertes se siguen contando en territorio mexicano.
EN EL EDOMEX Y COAHUILA
A pesar de que los sondeos publicados hoy en los principales diarios del país siguen reflejando que la candidata de Morena, Delfina Gómez, mantiene ventaja rumbo a la elección por la gubernatura en el Estado de México, la cierto señala se ha ido cerrando al competencia por lo tanto si existen posibilidades de lograr un triunfo de los opositores, y esta disminución se ha visto de tal manera que ni con todas las “corcholatas” presidenciales apoyándola se puede garantizar sea la “maistra” gobernadora. A una semana de que se lleven a cabo las elecciones locales más complejas del país, se asegura que la moneda está en el aire. Pase lo que pase, la alianza opositora habrá logrado un triunfo. Una elección cerrada significa se puede competir dignamente contra Morena; y se pierda o se gane por menos de cinco puntos porcentuales, la elección se definirá en los tribunales electorales, por lo tanto, los dos bandos alistan a sus ejércitos de abogados para defender su “triunfo”.
Morena y sus aliados con todo el poder acumulado siguen presumiendo ventaja de doble dígito, la realidad lo desmiente. Eso implicaría lograra Gómez Álvarez un mayor resultado al obtenido por López Obrador en 2018, lo cual de acuerdo con los especialistas es imposible. El PRI lleva más de tres décadas sin mayoría calificada en el Congreso del Estado de México, sin embargo, el tricolor y sus aliados se presentan a los comicios del domingo 4 de junio de 2023 con el aliciente de haber frenado a Morena en 2021. En aquel año, la alianza integrada por PRI, PAN, PRD ganó 37 diputaciones locales, mientras la coalición de Morena, PT y PVEM se redujo a 34 curules.
En las elecciones de 2018, los partidos afines al presidente habían logrado la hazaña de controlar tres cuartas partes del Congreso mexiquense. Los votos contabilizados en 2021 muestran s la coalición Juntos Haremos Historia como derrotada en un 32 por ciento de eficiencia electoral con respecto a los comicios de 2018; de tal suerte, la alianza Va por el Estado de México enfrenta la ola obradorista con el dominio de 23 distritos, frente a los 19 controlados por Morena y sus socios políticos. Desde 1990, el Poder Legislativo del Estado de México comenzó un acelerado tránsito de la era de la “oposición paraestatal” a la normalización de la cohabitación política.
DE LOS PASILLOS:
Eutimio Ordoñez Gutiérrez, juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión librada contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez federal amparó a la ex funcionaria federal quien se convirtió en rehén política de esta administración, porque el juez de control que ordenó la captura no fundó y motivó su resolución…
“Recibo mi pensión de adulto mayor porque ya contribuí a la Nación”, dijo AMLO al defender esta entrega de la cual hizo un gran circo cancelándosela a todos los expresidentes. Señaló es este un derecho universal plasmado en la Constitución y, al igual que otros ciudadanos, sostiene, ya contribuyó al desarrollo de la nación… Por cierto, AMLO no reportó 3.3 mdp de regalías de su último libro, “A mitad del camino”, porque los administra Beatriz Gutiérrez Müller. Lo no visto es ser diferentes.
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