Lilia Arellano
“Los más viles ejemplares de la naturaleza
humana se encuentran, en todas las épocas,
entre los demagogos”: Thomas Macaulay
Adiós al “Plan B”
Invalida la Corte la primera parte del macabro plan
Arturo Zaldívar le dio soberano descontón a AMLO
Alertas ante la ignorancia de la Consejería Jurídica
Rumbo a la anulación están 18 de 20 reformas recientes
Ciudad de México, 9 de mayo de 2023.- Al escribir estas líneas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminaba el análisis sobre las primeras acciones de inconstitucionalidad del “Plan B” electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del rechazo a la reforma constitucional del 6 de diciembre de 2022. Millones de mexicanos no fueron defraudados por los ministros, quienes han sido sometidos a múltiples presiones provenientes de Palacio Nacional, pero hoy asumieron su papel histórico, y avalaron la declaratoria de inconstitucionalidad, dejando sin efecto las modificaciones a las leyes General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas; de tal forma, se deja la legislación electoral tal y como ha funcionado correctamente hasta ahora y no se le brindan mayores ventajas a los candidatos de Morena, como es el objetivo de la reforma del tabasqueño.
Por violación al procedimiento legislativo, el ministro Alberto Pérez Dayán, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, propuso invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El ministro destacó tres puntos: la iniciativa aprobada por los legisladores no fue la misma enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador; estas reformas se avalaron “en transgresión al principio de deliberación democrática” y “sin observar las reglas del procedimiento legislativo”. Para declarar la invalidez de este decreto, el cual contiene dichas modificaciones de ley en materia electoral, se requería el voto de cuando menos ocho de los 11 integrantes del Pleno de la SCJN, algo difícil, pero no imposible. En efecto, con nueve votos contra dos, se invalidó la primera parte del “Plan B” de reforma electoral, debido a la firme consideración de haber incurrido en violaciones al proceso legislativo.
El ministro Pérez Dayán, ponente en este asunto, explicó: a la iniciativa para esta reforma se le dio un tratamiento como si fuera de urgente y obvia resolución, sin existir justificación alguna para hacerlo. Así, se permitió se analizará en comisiones de forma separada y se llevará a votar en el Pleno sin publicar debidamente la iniciativa en el Diario de los Debates, lo cual violó las condiciones de libertad e igualdad. Los ministros a favor del proyecto de Pérez Dayán fueron: Margarita Ríos Fajart, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Mario Pardo Rebollo, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández. En contra votaron la plagiaria de tesis Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, lo cual no resultó una sorpresa.
La ministra Ríos Farjat consideró: “invalidar un proceso legislativo no prejuzga sobre las normas de ahí emanadas. Siempre existe la posibilidad de que esas normas contengan cuestiones positivas para el orden jurídico, que entrañen ajustes importantes y necesarios para mejorar las instituciones de la Unión y la armonía de nuestra sociedad. Así que la invalidez de un proceso legislativo no entraña juicios respecto a los méritos constitucionales de las normas que emanaron de ese proceso”.
Tras invalidarse este primera parte del “Plan B” electoral, el primer mandatario o los legisladores del bloque Morena-PT-PVEM no podrán volver a presentar una iniciativa con estas mismas reformas de ley porque, de acuerdo a los tiempos marcados en la Constitución, ya no se cubre el plazo para cualquier modificación. Dados los antecedentes previos en la materia, se esperaba los ministros anularían la primera parte del “Plan B” electoral. Un ejemplo del mal proceder de los legisladores se encuentra el 29 de agosto de 2022, cuando el Pleno de la Corte invalidó por unanimidad la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) porque el Senado, entonces controlado por el PRI y el PAN, lo procesó y lo aprobó en un solo día.
En efecto, el 26 de octubre de 2017 el dictamen fue aprobado en comisiones y votado en el Pleno sin haber sido conocido previamente por todos los legisladores ni publicado en la Gaceta del Senado ni incluido en el orden del día. “Hay violaciones graves que afectan, trastocan estos atributos democráticos, dado que no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas con representación democrática en condiciones de libertad, de igualdad, al haberse violado los causes tanto en las comisiones como en el pleno, que permitan a las mayorías y minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en el contexto de la deliberación pública”, señaló Arturo Zaldívar, entonces presidente de la Corte.
Ahora, el “Plan B” derivó de dos iniciativas enviadas por el Ejecutivo a la Cámara baja en la mañana del pasado 6 de diciembre, las cuales ni siquiera pasaron por comisiones, ni fueron publicadas el día previo en la Gaceta Parlamentaria. Esa reforma abarca cientos de artículos de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partido Políticos, de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, además de derogar y reemplazar la Ley del Sistema de Medios de Impugnación,la cual desde 1996 ha regido la actuación de los tribunales electorales. De acuerdo con el ministro Pérez Dayán, Morena y sus aliados publicaron dos iniciativas distintas no dictaminadas de reformas a dichas leyes, una a las 22:12 y otra a las 23:03 del mismo 6 de diciembre, sin existir certeza sobre cuál se sometió a votación. La reforma se tuvo por aprobada a las 2:07 del otro día.
CONSEJERÍA DESTAPA EL FONDO
Cabe destacar la excesiva presión a los ministros de la SCJN por parte de Presidencia de la República la cual no ha amainado en ningún momento. En la víspera del arranque de la discusión del proyecto de Pérez Dayán, la Consejería Jurídica de la Presidencia afirmó el proceso por el que se reformaron diversas leyes sobre propaganda electoral fue apegado al marco legislativo. Lo cual demuestra, tristemente, o están mintiendo abiertamente, o desconocen la legislación y los procedimientos parlamentarios para seguirle el juego a López Obrador. Todavía más, aseguran equivocadamente que de invalidarse dichas reformas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaría transgrediendo las funciones del Congreso, a quien se le cuestiona la dispensa de trámite y la deliberación democrática en las reformas aprobadas en fast track.
Según la Consejería “en el proyecto se omite examinar la dispensa de trámite, que es una atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones para lo cual basta que el pleno de la Cámara de Diputados determine, por mayoría, que una iniciativa es de urgente y obvia resolución”. Y agrega: “También resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el Plan B en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, incluso con los criterios de la propia SCJN”.
La representación legal de la Presidencia pidió revisar las sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como las gacetas parlamentarias, para constatar no hubo afectación a esos principios legislativos, como se aseguró en el proyecto del ministro Pérez Dayán, el cual propuso invalidar las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas al considerar no se cumplieron formalidades del proceso legislativo al procesarse y votarse el mismo día.
María Estela Ríos González, consejera jurídica de la Presidencia, acusó, en un comunicado, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere invalidar las atribuciones del Congreso de la Unión. Y argumenta con barbaridades: que la Corte, al no haber sido electa por voto popular, carece de legitimidad para resolver si el “Plan B” de la reforma electoral se disciplina, o no, a lo que dice la Carta Magna. Ríos González ignora lo que es una acción de inconstitucionalidad. Es un recurso previsto por el artículo 105 de la Carta Magna cuyo propósito es prevenir cuando una ley promulgada recientemente contradice a la Constitución. Esta figura existe y en un régimen como el nuestro, la Carta Magna esta por encima del Parlamento.
Pretender se cuente con ministros en la Corte electos mediante voto popular es un absurdo al cual no le echan tierra los morenistas. Así como se ha buscado, dígase lo que se diga, un control absoluto sobre la voluntad de los legisladores, no es improbable tengan como meta hacer cambios muy drásticos a la Corte y pongan a ambos poderes, al Legislativo y al Judicial en un plano de enfrentamiento justo cuando se va acercando una etapa electoral importantísima para el país y sus ciudadanos. El escrito de la consejera de la presidencia tiene mucho fondo y será bueno se ponga atención porque todo apunta a objetivos todavía más oscuros a los vistos recientemente.
Por todo lo anterior, resultaría irrelevante si se trata de un poder votado en las urnas o de uno votado por quienes fueron votados en las urnas. Ríos González debería evitar inventarse conceptos inexistentes, ridículos en el presente pero tal vez formen parte de objetivos en el futuro próximo y de ahí se llegue a la conclusión de diversos analistas sobre un golpe de Estado a la Corte.
DE LOS PASILLOS
La determinación de la SCJN de anular la primera parte del Plan B presidencial, permite suponer serán eliminadas por lo menos 18 de las 20 reformas aprobadas al vapor por diputados y senadores. Se encuentra lejos, muy lejos, la existencia de críticas o muestras de insatisfacción en una mayoría ciudadana por la determinación tomada por los ministros y está al desnudo el comportamiento de los legisladores de ambas cámaras quienes, contando con una mayoría para las aprobaciones, escogieron el camino de las transgresiones. ¿Se trata de demostrar poder por encima de leyes y reglamentos?…
La mañana de este lunes, aproximadamente a las 11:50 horas, en algunas zonas de la Ciudad de México, la alerta sísmica se activó, lo cual alertó a la ciudadanía y provocó desalojos preventivos, si bien no se reportó ningún sismo que pudiera encender el sistema. Según el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, la alerta se activó en 851 sitios de la capital a causa de un “error derivado de trabajos de mantenimiento”…Y cuando tiembla y no hay alerta se dice lo mismo…
El Tren Maya, llueve, truene o relampaguee, estará inaugurado a finales de este año aunque se tengan que esperar seis años para encontrar el punto de equilibrio en los costos de su operación y sobre la posibilidad de arrojar utilidades, tal vez se requiera de, por lo menos, tres años más… Los medicamentos para los niños y los adultos con cáncer siguen escaseando, sin embargo para tratar VIH-Sida se destinan más de 4 mil millones de pesos y, no es crítica por esa adquisición sino porque la compra al laboratorio en donde Larry Fink es el principal socio, se hizo por adjudicación directa y con un precio 400 por ciento más alto al de los fabricados por otros laboratorios.
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