Lilia Arellano
“La mayoría de los sistema autoritarios causan, en los países en los
que se aplican, alucinantes casos de desviación”: Amélie Nothomb
Militarización, sustento del autoritarismo
Gabinete de seguridad analizará estrategia ante Comisión Bicameral
Adiós a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
Viacrucis migrante exige justicia para los muertos en Ciudad Juárez
Ciudad de México, 24 de abril de 2023.- El agudizado proceso de militarización iniciado desde el gobierno de Felipe Calderón, seguido con Enrique Peña Nieto y acentuado con Andrés Manuel López Obrador, ha fracasado en pacificar al país y reducir la violencia en territorio nacional. Está demostrado no funciona esa estrategia: más de 140 mil muertos a la fecha tan sólo en cuatro años; más de 500 mil desaparecidos acumulados en tres sexenios; cientos de miles de desplazados por la violencia de las organizaciones criminales; miles de feminicidos; tortura sistemática durante procesos judiciales; ejecuciones extrajudiciales; y pérdidas multimillonarias económicas y sociales. El país lleva décadas resintiendo la ola de violencia y todo apunta a su profundización, sin que los responsables de gobernarnos quieran hacer cambios y corregir el rumbo.
A pesar de todas las evidencias y resultados insisten en mantener su fallida estrategia de militarización de la seguridad pública, agudizada con su política de “abrazos, no balazos” a los delincuentes, con quienes, todo indica, existen autoridades implicadas en los pactos de impunidad, a cambio de financiamiento y respaldo en procesos electorales. Y no sólo eso, pretenden heredar acuerdos a quien resulte el sucesor del próximo sexenio, sea del partido que sea, con lo cual seguiremos padeciendo de la ola de violencia y las matanzas presentadas regularmente en distintos puntos del país. El empoderamiento logrado por las organizaciones criminales no será fácil de revertir.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación le enmendó recientemente la plana al presidente López Obrador en materia de militarización de la seguridad pública, quien montó en cólera y arremetió contra los ministros. El Pleno de la SCJN declaró la semana pasada la invalidez de un paquete de artículos de la Ley de la Guardia Nacional, estableciendo su adscripción operativa y administrativa a la Secretaría de la Defensa Nacional como inconstitucional. Con el voto aprobatorio de Alfredo Gutiérrez, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos Fajat, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y de la presidenta de la Corte, Norma Piña, del decreto confeccionado bajo la ponencia de Juan Luis González Alcántara, se declaró también la invalidez de los artículos transitorios Tercero, Sexto y Séptimo del decreto impugnado por la minoría parlamentaria en la Cámara de Senadores mediante acción de inconstitucionalidad, promulgado el 9 de septiembre del año pasado.
“Resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el Decreto impugnado, a través de los artículos analizados en este apartado, realiza (…) Éste se opone al texto del Artículo 21 (de la Constitución) que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la seguridad pública, quien formulará no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino sus programas, políticas y acciones”, cita el proyecto de sentencia aprobado por mayoría de ocho votos.
De inmediato, el presidente enfureció y arremetió contra los ocho ministros de la Corte a quienes acusó actuaron “de manera facciosa” y “no con criterio jurídico, sino político”. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el primer mandatario sostuvo:“Actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa”. Ahí mismo y desestimando el mandato de la SCJN, pidió a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, mantener al general retirado David Córdova Campos como comandante de la GN. Además, la funcionaria deberá hacer un recorrido por las instalaciones y cuarteles para informar a los 130 mil elementos se mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, igualando a los de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
En la misma conferencia adelantó: “El primero de septiembre de 2024 (…) va a ser mi último informe (…) presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Sedena”. AMLO espera gane Morena la mayoría calificada en la próxima elección federal y así se apruebe el último día de su gestión para lo cual tendrá un mes para lograrlo, “y voy a pedirles prioridad”. Al día siguiente, AMLO continuó con sus ataques a los ministros por invalidar la transferencia de la GN a la Sedena, con el añadido de su interpretación a la resolución de poner como fecha para poner en marcha las disposiciones el primero de enero del 2024.
Sin embargo no hay ningún retroceso, se trata de hacer el trámite con responsabilidad, aclarando el destino de los recursos asignados en el presupuesto de Egresos para el próximo año, dejando asignados claramente los designados para la Defensa y los de la Guardia Nacional. Así queda perfectamente clara la obligación de la GN de entregar cuentas claras, lo cual no se exige a las fuerzas armadas. Para poner las cosas en orden se estableció la fecha referida y no habrá excusa alguna para no hacer lo debido de manera correcta y satisfactoria para todos, es decir, las autoridades y los ciudadanos.
Este lunes y por primera vez, el Gabinete de Seguridad, integrado por los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina, de Gobernación y el comandante de la Guardia Nacional, se reunirán con la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión, para la evaluación y seguimiento de la fuerza permanente en tareas de seguridad pública. De acuerdo con el oficio remitido a los integrantes de la Comisión, el encuentro considerado “histórico” se realizará de manera privada en el Senado y estará encabezado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Ahí se revisarán los incidentes en los cuales han estado implicados integrantes de la Guardia Nacional traducidos en “graves acciones” en contra de ciudadanos.
La reunión tiene como objetivo el diálogo entre senadores y diputados con los titulares de Gobernación, Adán Augusto López; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; de Marina, almirante José Rafael Ojeda; y el comandante de la Guardia Nacional, general retirado David Córdova Campos, con el propósito de intercambiar información respecto a los indicadores contenidos en los informes por presentar por el titular del Ejecutivo, respecto de la participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Aunque bien puede señalarse buscarán permanezca el gatopardismo, lo cual puede verse claramente cuando se decide mantener a un general –aunque esté retirado- como máximo mando de la GN, dejando como ha sido a doña Rosa Icela como tapadera.
Cabe recordar que la Comisión Bicamaral se conformó como parte de las reformas para lograr pueda disponer el Presidente de la República de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. El 22 de marzo pasado quedó formalmente instalada la Comisión Bicamaral y esa reunión es considerada “histórica”. Para el senador Ricardo Monreal, este órgano de control sí puede hacer la diferencia, al contar con facultades para proponer al Ejecutivo algunas enmiendas al plan de la Guardia Nacional, lo cual les estaba impedido.
El reto en materia de seguridad pública para México es enorme. La negligencia, incompetencia e inoperancia del Sistema de Justicia en nuestro país ha llevado a la violación de todos los derechos humanos en territorio nacional y la negación de su esencia: la dignidad de la persona. Con la llamada guerra contra el crimen organizado no sólo no se ha reducido el crimen, por el contrario, se ha potenciado y se ha incrementado la violencia en el país, la cual cada año alcanza cifras históricas. En cambio, la expectativa de vida se redujo por primera vez desde la Revolución. Es decir, lo que hemos perdido las y los mexicanos con esta política de seguridad, es nuestra vida.
Todo esto ha sucedido a pesar y como producto de la presencia del Ejército y la Marina en las calles. La letalidad del Ejército en la “lucha” contra el crimen organizado, es mucho mayor a la de un Ejército en conflicto armado. Matan sin mediar ningún procedimiento y sin justificación, abusando de su presencia en el territorio. Llevar a la Constitución la militarización del país, es uno de los mayores errores del gobierno de la 4, Lo es, porque no responde ni a la expectativa de transformación y de paz sembrada en los 30 millones de votantes que tanto se presumen, ni a las promesas de justicia y garantías de no repetición prometidas a las víctimas, ni a las necesidades del país por el que se prometió velar.
DE LOS PASILLOS
Unos tres mil migrantes iniciaron en el sur de México una caravana denominada “Viacrucis Migrante” para exigir justicia por la muerte de 40 personas en el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo; se deje de esconder a los altos mandos responsables de estos homicidios; terminar con estas cárceles (estaciones migratorias); y la desaparición del Instituto Nacional de Migración. Culpan al gobierno de la tragedia. “El Estado las mató”, “Crimen de Estado”, “Viacrucis a los migrantes”, vociferaban los migrantes quienes partieron a primera hora del domingo de Tapachula, en la frontera con Guatemala, con destino a la Ciudad de México para reclamar el gobierno castigo a los responsables de la tragedia. Irineo Mújica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, dijo están pidiendo sea juzgado el titular del INM, Francisco Garduño, y el cierre definitivo de todas las estaciones migratorias del país, y se ofrezcan formas ágiles de regularización para los migrantes…
De hacer realidad la liquidación de varias dependencias e institutos, el Instituto Nacional de Transparencia, del cual se expresa tan mal el titular de Gobernación, señalándolo como cómplice de las corruptelas del gobierno, se ahorrará mucho trabajo. La iniciativa para desaparecer distintas funciones menciona: Fideicomiso de Fomento Minero; Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe; Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía: Instituto Mexicano de la Juventud; Instituto Nacional de la Economía Social; Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; Dirección General de Publicaciones; Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Servicio Nacional de inspección y Certificación de Semillas; Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.Estos 18 órganos desconcentrados organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas podrían ser desaparecidos o fusionados a las diferentes secretarias de estado, pero las transferencias publicadas no refieren con exactitud la transformación de las funciones, eso sí, sin mediar aclaración alguna queda eliminada la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Más clara no encontramos ni el agua y menos la entregada para beber. ¿O si?
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