Lilia Arellano
“El peor de todos los despotismos,
es el gobierno militar”: Robespierre
La milicia no investiga ni procesa
Exitosa penetración del narco en EU y Europa
Cuesta al país la violencia hasta 1.0% del PIB
Desaparecen inversiones, empleos y confianza
Ciudad de México, 17 de agosto de 2022.- Los brotes de violencia severa y conflictos abiertos en ciudades mexicanas desde hace tres lustros vienen ocurriendo. Durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y, ahora, Andrés Manuel López Obrador se demostró no se logra el camino hacia la paz con la militarización de la seguridad pública y mucho menos es garantía de gobernabilidad. Quienes tienen opiniones muy serias respecto al pretendido Decreto presidencial con el cual se hace de lado al Poder Legislativo y se agrede de frente al Judicial, se muestran reacios a ampliar sus declaraciones y se limitan señalando “cualquier reforma constitucional debe ser aprobada por los legisladores”, punto. Y, la pretensión existente, al ser violatoria de la Carta Magna, simplemente no tiene cabida.
La cuestión fundamental en este momento es encontrar cuáles modificaciones podría implementar el gobierno federal a su fallida estrategia de seguridad y cómo fortalecer el Estado de Derecho. Es lamentable el grado de impunidad prevaleciente en el país, pues los altos niveles de violencia se deben, en gran parte, a esta causa: se puede matar con gran facilidad y total impunidad, porque no hay consecuencias. Los robos a transeúntes y casas habitación se han incrementado en un 37 por ciento y tampoco pasa nada. La violencia, está demostrado, no se combatirá sólo con el despliegue de fuerzas, sino debe acompañarse con la capacidad de investigar y procesar a las personas acusadas de la comisión de delitos. “Los abrazos” es evidente no funcionan y han tenido un efecto contrario, potencializando la violencia ante la impunidad imperante y la negligencia de las actuales autoridades federales de atender el fenómeno, el cual sigue empoderando a los cárteles de la droga e incluso los ha llevado a contar con un importante poder político en muchas entidades, en donde financiaron la llegada de los actuales gobernantes.
Seguir el camino marcado por sus antecesores ha provocado rompa récords en asesinatos el actual gobierno. De cien mil en cien mil se van contando los homicidios dolosos y las desapariciones forzadas. Es un sexenio fúnebre, caracterizado por ataques directos a las instituciones políticas: es mayor a una centena el número de políticos asesinados y más de mil incidentes de intimidación en el contexto de la contienda electoral de 2021; la muerte de 401 policías el año pasado y de al menos 30 periodistas desde 2018; tan sólo este año van 14 contando el cadáver del encontrado ayer, reportado días antes como desaparecido.. Estos datos son una prueba contundente de la amenaza, del peligro de las actuaciones en el presente de los grupos criminales.
Servicios de inteligencia del extranjero, de Europa y Estados Unidos, revelan la existencia de al menos 17 grupos delictivos importantes operando en México, siendo los más relevantes el Cártel de Sinaloa, apapachado por la administración de AMLO, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Línea y Los Zetas. De esta organización criminal, nueve tienen la capacidad trasnacional en el negocio de drogas. El Cártel de Sinaloa presume su presencia en 50 países con actividades de narcotráfico, blanqueo de capitales, tráfico de armas y falsificación de documentos. Tiene estrechos vínculos con los productores colombianos de cocaína. Hay colaboración muy cercana con las organizaciones criminales no sólo de Estados Unidos sino también de Europa, a donde envían contenedores con droga, los cuales parten de los puertos del Pacífico, cruzan el Canal de Panamá, con destino al Norte de Europa, el Mediterráneo, o a las costas de África Occidental. Cuentan, se ve claramente, con la complicidad de las autoridades de los países en donde ingresa su mercancía.
El ingreso obtenido por esta actividad les permite tener bien armados y bien pagados a quienes trabajan para ellos y la contratación se hace lo mismo de adolescentes a quienes se les somete a prueba, como de profesionistas de todas las ramas. Son organizaciones con disciplina, con objetivos muy claros y sin padecer de austeridad republicana o pobreza franciscana, lo mismo pagan por matar que por mantener vigente la impunidad. Los dedicados al narcotráfico aseguran no son criminales ni venden protección o cobran derecho de piso, sin embargo se detectan “desobedientes” dentro de estos grupos quienes consideran también ellos pagan derecho de piso, paradójicamente, a las autoridades policiacas, a las municipales, a las estatales y, obviamente, a la federal.
VISIONES EMPAÑADAS
Durante los últimos tres años y medio, la gestión de López Obrador, inicialmente se asignaron 544 mil millones de pesos a las Fuerzas Armadas (Sedena y Marina) y 103 mil millones de pesos a la creación e implementación de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad pública. Estas cifras han sido totalmente rebasadas llegando a sumar arriba de los 700 mil millones de pesos. Sin embargo, los homicidios dolosos no ceden y se han mantenido por arriba de 34 mil asesinatos anuales. La Guardia Nacional se creó para sustituir a la Policía Federal con el fin de asumir las tareas de seguridad pública en el país y así regresar al Ejército a los cuarteles, una de las principales promesas de campaña del tabasqueño, la cual se ve muy lejana.
Los militares no pueden sustituir a los policías, sus funciones y capacitaciones son diferentes, y hay muchos riesgos en materia de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. El militar está capacitado para abatir al enemigo, no para investigarlo y procesarlo, esa es función de la policía y el ministerio público, quienes por cierto, no están haciendo su trabajo. Las modificaciones a la estrategia de seguridad deben incluir mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la crisis de violencia como las resentidas en prácticamente todos los rincones del país. Dejaron de lado la definición exacta del papel de las fiscalías y cómo asegurar cuenten con la capacidad de determinar en cualquier caso, se investiguen los delitos y se procese con base an evidencia científica y con estricto apego al Estado de Derecho.
A Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador, les ha faltado en su despliegue militar contra la violencia y la delincuencia la implementación correcta del sistema de justicia y fortalecimiento del Estado de Derecho en México, incluyendo temas como el combate a la corrupción, o el uso de la estructura de justicia para fines personales, como ocurre en la Fiscalía General de la República (FGR) en manos de Alejandro Gertz Manero, quien debería ser relevado del cargo por los abusos cometidos contra diversas personalidades, incluyendo sus familiares políticos e incluso funcionarios de la administración lopezobradorista. Mucha información debe de tener este funcionario para ser intocable, incluso frente a los intereses de la presidencia de la República.
La visión desde el extranjero apunta a la impunidad con la cual pueden operar y lograr su expansión sobre todo a Centroamérica sin consecuencias, además de seguir sus actividades de trasiego de drogas hacia Europa y Estados Unidos, donde se resiente una grave crisis de consumo de estupefacientes, incluido el fentanilo, provocandose más de 100 mil muertes de estadounidenses al año por sobredosis de este estupefaciente.
La decisión de López Obrador de integrar la Guardia Nacional a la Sedena ha recibido severos cuestionamientos de líderes y legisladores opositores, e incluso dentro de las propias filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) personajes destacados que han acompañado al de Macuspana en su larga lucha por el poder, como Ricardo Monreal, líder del Senado, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, lohan debatido. Este último, fundador de Nueva República, señaló: “Nuestros heroicos soldados y marinos no son “corcholatas” al servicio de caciques tropicales, sino el último reducto de la soberanía nacional y las libertades políticas”.
En un pronunciamiento, Muñoz Ledo acusó la búsqueda de López Obrador de entregar a las fuerzas armadas el control del aparato del Estado tiene antecedentes y, en ellos aparece una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen, señalando se preve: “Toda flaqueza frente al despotismo es un suicidio anticipado”. ¿Seremos capaces de suicidarnos y liquidar de tajo el desarrollo y la prosperidad de nuestras futuras generaciones?
DE LOS PASILLOS
De acuerdo con José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la inseguridad le cuesta a México alrededor del 1.0 por ciento del PIB, lo cual significa un costo muy alto para la economía mexicana, y se refleja en la falta de inversiones y empleos para la gran mayoría de los mexicanos en busca del sustento. El país vive momentos difíciles en lo político, económico, social y ahora también por una creciente inseguridad que inhibe la inversión. También, “la sociedad está siendo víctima de políticas públicas ineficientes, de incertidumbre jurídica, de crisis económica, violencia en varios estados de la República, y un sinnúmero más de hechos que afectan la vida de los mexicanos”….A toda marcha van los preparativos para recibir a Santiago Nieto como fiscal en Quintana Roo. Oscar Montes de Oca, actual titular de la Fiscalía, está entregado a la revisión de sus inversiones planeando retirarse a “una vida propia y más tranquila”.
