Jorge Meléndez Preciado
Ya se sabe que el espionaje es algo consustancial al gobierno mexicano. Los archivos de la Dirección Federal de Seguridad- hoy vedados al público- mostraron que una gran cantidad de personas eran investigadas por cuerpos policiacos. Incluidos, obviamente, periodistas. Allí están casos muy ilustrativos: Manuel Buendía y Julio Scherer. Recientemente Elena Poniatowska nos ilustró al respecto (La Jornada, 2 de julio).
Pero incluso los funcionarios más importantes y hasta ex presidentes como Lázaro Cárdenas eran escuchados en sus conversaciones telefónicas o en sus encuentros más íntimos. Todo sin orden ni concierto, pero a nombre de la seguridad estatal, que en el fondo era el chismorreo de los funcionarios que estaban en los más altos niveles.
En los partidos opositores también había una vigilancia excesiva. Recuerdo que en el Cisen estuvo alguien que me enseñó ciertos papeles donde se hablaba de mi persona. Muchos de ellos mal elaborados, ya que los policías o no sabían transcribir lo que escuchaban o incluso, inventaban para dar sus informaciones. Por lo tanto, se trataba de meras fantasías, más que de reportes serios y contundentes.
Cuando investigamos el asesinato de Manuel Buendía, Rogelio Hernández y este tecleador, me encontré a “un oreja” que asistía a las asambleas de la Facultad de Economía en 1968, a quien apodaban El Gato, por sus ojos claros, y al cual en un momento lo iban a linchar pero Eduardo Valle, El Búho, lo salvó. En esta nueva ocasión que lo topé en otras condiciones, le recordé que incluso sabíamos de sus actividades y algunos decíamos que informara verazmente, pero en realidad no lo hizo dada su escasa preparación. Se disculpó conmigo y nos despedimos.
Al Cisen intentaron transformarlo con informadores más preparados, me confiaron alguna vez. Pero a los pocos meses en un acto en Michoacán, los panistas vieron un micrófono en el techo de un auditorio. Jalaron el cable que lo sostenía y del otro lado, en un hotel cercano, los guaruras hacían lo mismo en sentido contrario. Fue como una comedia absurda de El Gordo y El Flaco. Es decir, ya en años donde las computadoras predominaban, las técnicas de fisgoneo continuaban siendo las mismas: arcaicas.
En 1974 en la película: La conversación, de Francis Ford Coppola, la recopilación de datos se podía hacer a distancia. No se necesitaba que la grabadora estuviera en el sitio donde se encontraban charlando los supuestos enemigos del poder en turno. La recolección de datos avanzaba, aunque seguramente en México no.
Javier Rivas nos recuerda (EL País, 4 de julio) que hace 45 años se dio el famoso Watergate. El cual llevó a la salida de Richard Nixon de la presidencia estadounidense por escuchar conversaciones de sus rivales. También que la prensa jugó un papel notable para que Garganta Profunda diera una serie de informaciones que eran trascendentes para lograr la caída de un mandatario. Pero asimismo, Javier señala que todo eso fue posible en un régimen que respeta mínimamente los derechos de los otros, de los adversarios, de las minorías.
Todo ello es importante ya que en México estamos en un sistema que lejos de proteger los derechos ciudadanos, los burla, los menosprecia, los oprime. Eso de que Enrique Peña Nieto quiera juzgar a los que se quejan por ser espiados en su privacidad, lejos de ser un avance es un retroceso hasta la época de Gustavo Díaz Ordaz, quien culpaba a los inconformes de querer “desestabilizar al país”.
Los artículos de Salvador Camarena (El Financiero, 30 de junio) y Juan Pablo Becerra Acosta (Milenio, 3 de julio), entre otros, documentan como el sistema Pegasus fue adquirido por la PGR, y operado por diversos individuos, entre ellos Tomás Zerón de Lucio, quien manipuló y sembró pruebas en el caso de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Personaje que lejos de ser castigado fue premiado con una posición diferente, aunque cercano a la presidencia de la República. Incluso Juan Pablo señala que 12 gobierno locales también poseen esa forma de intromisión en la vida privada.
Por su parte, Álvaro Delgado (Proceso, número: 2122) da información puntual de cómo el suspirante panista a la candidatura máxima en el 2018, Rafael Moreno Valle, también hizo de las suyas en este terreno de la intromisión de comunicaciones. Han existido varios operadores al respecto, pero uno es Iván Olaf Corro, quien ha trabajado con Diódoro Carrasco, actual secretario de gobierno panista y antiguo gobernador de Oaxaca, el cual supuestamente para combatir al Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha intervenido diversos medios de cientos de nacionales, y en Puebla lo hace para que Moreno Valle elimine opositores.
Hay empresas nacionales, israelís, italianas metidas en este asunto que lesiona la privacidad y la gobernabilidad. Y hace poco, el Sistema Nacional Anticorrupción, se negó siquiera a exhortar que este asunto se ventilara públicamente, con la valiosa excepción de su presidenta Jacqueline Peschard. Lo que muestra la impunidad de una práctica condenada en todas partes y la que en México persiste desde hace muchos lustros.
¿Viviremos un desgobierno?
jamelendez44