Federico Berrueto
Difícilmente se aprobará en esta legislatura una reforma electoral y política de corte constitucional. El voto negativo del PRI apunta a dos razones: la electoral, el acuerdo para recuperar la credibilidad perdida por el sometimiento del que fue objeto en la aprobación del transitorio constitucional que permitirá a las fuerzas armadas realizar tareas de seguridad pública hasta 2028. La otra consideración es el contenido de la reforma, que implica acabar con el régimen que garantiza la imparcialidad de los órganos electorales y su desempeño profesional; además, por otra parte, entraña un severo golpe a la pluralidad por la modalidad de integración de las Cámaras federales.
Al PRI le ha significado un elevado costo haber traicionado al bloque opositor; sus razones no convencen y la impresión es que los dirigentes y los legisladores fueron amedrentados por el gobierno. No debe soslayarse que ciertos votos tienen se explican por la convicción de apoyar la causa militar en su intención de contar con un marco legal amplio para desempeñarse con mayor certeza, decisión que para efectos prácticos han hecho propia gobiernos del PAN y PRI.
El tema electoral es diferente respecto a la decisión de militarizar. Por una parte, el INE, al igual que los militares, goza de un importante respaldo ciudadano, incluso mayor al del presidente López Obrador y sin tener que recurrir al abuso mediático de las mañaneras. Por otra, cambiar las reglas del juego de manera unilateral y a meses del inicio formal del proceso electoral plantea un riesgo mayor, sobre todo, si el contenido de las propuestas es la pérdida de imparcialidad y contrario a la pluralidad que ha caracterizado al proceso de democratización desde que se establecieron los diputados de partido, en 1963. La pertinencia de los cambios al inicio del sexenio permitía su prueba en la elección intermedia.
El PRI debe contemplarse en su realidad. Hace seis años proponía la eliminación de la representación proporcional. De habérsele tomado la palabra hubiera sido desastroso para el tricolor y el sistema de representación. Todas las fuerzas políticas deben prever escenarios adversos; como tal, la propuesta del presidente López Obrador excluye a la pluralidad en el Senado, permitiéndola marginalmente y en la Cámara de Diputados sólo en las entidades muy pobladas. En 20 estados difícilmente habría representación para una fuerza política con 5% de los votos.
El tema de la representatividad de la pluralidad es fundamental para un sistema bipartidista. La iniciativa del presidente es un engaño, ya que el objetivo de igualar porcentaje de votos con proporción de fuerza legislativa se debe dar en términos nacionales, no por entidad como lo propone AMLO. Su propuesta implica sobrerrepresentación de las minorías mayores, subrepresentación de las medianas y exclusión en las minorías pequeñas.
No lograr la mayoría necesaria para una reforma constitucional no conjura el riesgo del régimen electoral. López Obrador ha declarado la guerra al INE y al Tribunal Electoral, donde resulta oprobiosa la actitud de la presidenta de la CNDH al hacerse eco de la postura oficial. Ni en Morena existe consenso sobre el asumido deterioro del órgano electoral, aunque igual que en el pasado, la disciplina será la manera como el oficialismo actúe en el Congreso.
Es incomprensible que, a menos de un año del inicio del proceso electoral, el presidente esté en el ánimo de indagar las virtudes del sistema brasileño, seguramente para ver cómo se puede mejorar el mexicano. Sin duda, además de la pertinencia del voto electrónico encontrará lo que para él es anatema, que la pluralidad en órganos de gobierno y representativos es el resultado natural de la diversidad política, así como el gobierno dividido y que la segunda vuelta es el medio para legitimar el arribo a la presidencia, propuesta del PAN, rechazada por Morena. El INE participó en la observación de los comicios en Brasil y se tiene una idea clara sobre sus virtudes, fortalezas y debilidades.
Los riesgos no se conjuran con el rechazo a la reforma constitucional porque puede repetirse la práctica de cambios legales contra de la Constitución, precedente pernicioso de la ley de la industria eléctrica. Además, está la designación de 4 nuevos consejeros del INE, y si el presidente espera que el estándar de los órganos autónomos sea como el de la presidenta de la CNDH, triste es el porvenir para la institución más relevante de la transición democrática. Afortunadamente aún permanecen el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, la -reducida- oposición y la todavía relevante presencia del periodismo independiente.
