CIUDAD DE MÉICO / SemMéxico.- En México, ejercer el periodismo es una labor de alto riesgo. En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre, denunciamos la falta de resultados de las autoridades mexicanas encargadas de investigar los delitos contra quienes ejercen el derecho a informar.
Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas recuerda que el objetivo de esta fecha es visibilizar los altos niveles de impunidad en los crímenes cometidos contra personas periodistas y trabajadoras de los medios, así como instar a los Estados a adoptar medidas efectivas para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables.
Así lo señala el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) y afirma que en 2024, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió únicamente 84 carpetas de investigación por delitos contra periodistas —de las cuales solo una corresponde a homicidio—, lo que refleja una crisis estructural de investigación y persecución penal.
Con un presupuesto de apenas 18.6 millones de pesos, equivalente al 0.10 por ciento del total asignado a la Fiscalía General de la República (FGR), la FEADLE carece de capacidad operativa y resultados efectivos para garantizar justicia.
Desde su creación en 2010 y hasta 2024, la FEADLE ha iniciado dos mil 371 casos, de los cuales solo 201 han sido resueltos. Esto equivale a una impunidad del 84.7 por ciento, que asciende a 98.27 por ciento si se consideran únicamente las sentencias condenatorias.
De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 174 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor informativa. Estas cifras muestran la profunda deuda del Estado mexicano con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
A nivel estatal, existen Fiscalías especializadas para la atención de delitos contra periodistas en entidades como Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Sin embargo, pese a su existencia y a la aprobación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión desde 2017, los resultados siguen siendo mínimos: la mayoría de los casos no se judicializa y la impunidad permanece.
En lo que va de 2025, se tiene registro de al menos siete periodistas asesinados, siendo el caso más reciente el de Miguel Ángel Beltrán, encontrado sin vida el 25 de octubre en Durango con signos de violencia.
Ante esta situación, exigimos al Estado mexicano asumir con responsabilidad sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo y terminar con la impunidad estructural que perpetúa la violencia.
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) llama a la Fiscalía General de la República a establecer un plan de trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil que permita avanzar de manera efectiva en las carpetas de investigación abiertas por delitos contra periodistas.
Fortalecer la aplicación del El Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión en coordinación con las Fiscalías Estatales a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y asegurar la participación constante de la FGR en las Juntas de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección, con el fin de articular acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.
En tanto, a las fiscalías estatales pide fortalecer las unidades especializadas en las entidades que ya cuentan con Fiscalías para la investigación de delitos contra periodistas; transparentar y publicar de manera periódica información sobre el avance de las investigaciones, desagregada por tipo de delito, sexo y género, y aplicar de forma rigurosa el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
En la carta publicada este viernes, solicitan al Poder Judicial establecer directrices de juzgamiento para delitos cometidos en contra de periodistas que incorporen una perspectiva de género y consideren todas las formas de violencia: amenazas, acoso, violencia sexual y digital, intimidación y asesinato.
Por último, las más de 10 organizaciones que conforman el Espacio OSC señalan que los crímenes contra periodistas envía un mensaje devastador para la libertad de expresión y la democracia y, finalmente, reiteran su compromiso con la verdad, la memoria y la exigencia de justicia. Ningún crimen contra periodistas debe quedar impune.
AM.MX/fm
