WASHINGTON, D.C.- Una jueza federal de San Francisco detuvo los despidos de empleados federales promovidos por la administración del presidente Donald Trump, en el contexto del cierre parcial del Gobierno que ya suma dos semanas. La magistrada Susan Illston emitió una orden temporal que impide a la Casa Blanca continuar con los ceses mientras se analizan los recursos legales presentados por los trabajadores afectados.
La decisión busca evitar daños irreparables a los empleados mientras se revisan los procesos administrativos y judiciales abiertos. Los demandantes sostienen que los despidos durante el cierre vulneran sus derechos laborales y constitucionales, al considerar que no existen condiciones legales para justificar su terminación.
Aunque el mandatario no comentó directamente la resolución judicial, insistió en una conferencia de prensa en que su gobierno mantendrá los recortes dentro de las agencias federales, con especial atención en empleados relacionados con el Partido Demócrata.
El cierre de Gobierno continúa sin avances en el Congreso estadounidense. Por novena vez consecutiva, los senadores de ambos partidos no lograron aprobar un acuerdo de financiamiento temporal. Las diferencias giran en torno a la atención sanitaria y la continuidad del programa Obamacare, temas que mantienen divididas a las bancadas.
El senador republicano John Kennedy advirtió que el país se encuentra “a las puertas del cierre más largo de la historia”, responsabilizando a los demócratas por su falta de disposición a ceder en las negociaciones. Mientras tanto, diversas instituciones federales siguen operando parcialmente o permanecen cerradas.
Durante las últimas semanas, 4,100 trabajadores federales perdieron sus puestos debido al conflicto presupuestario. Además, 1.3 millones de empleados públicos se mantienen sin salario o continúan laborando sin recibir compensación. Organizaciones sindicales y grupos civiles han exigido al Gobierno restablecer el pago y garantizar los derechos de los trabajadores mientras dure el cierre.
La orden emitida por la jueza Illston representa un alivio temporal para miles de familias afectadas. Sin embargo, el futuro de los empleados y la estabilidad administrativa del país siguen dependiendo de un eventual acuerdo político que ponga fin al cierre gubernamental más extenso en los últimos años.
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