Ciudad de México.- En el marco de una crucial etapa para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en México, la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar de los Estados Unidos Mexicanos (COCIFAM) se ha reunido con destacados legisladores del Congreso local. Este encuentro, encabezado por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor de MORENA, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue escenario de relevantes reflexiones y planteamientos sobre los desafíos y alcances presupuestales de esta implementación.
El legislador Rivero Villaseñor subrayó la trascendencia de este nuevo modelo de justicia y destacó el posible impacto presupuestal que conllevará su ejecución. Ante esta perspectiva, sugirió la posibilidad de requerir asistencia financiera tanto a nivel local como federal para cumplir con esta encomienda.
La congresista Valentina Valia Batres Guadarrama, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, enfocó sus interrogantes en la ruta crítica hacia el 2027, demandando detalles sobre los avances proyectados para el primer año y la cantidad que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) solicitará para el ejercicio fiscal 2024. Además, resaltó la ausencia de nuevos impuestos o recursos extraordinarios en la capital y la proximidad de la fecha límite para la presentación y aprobación del presupuesto por parte del Congreso local.
El diputado Jorge Gaviño Ambriz de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal planteó la necesidad de un manual para implementar esta reforma, expresando preocupación por los recursos requeridos anualmente y cuestionando las estrategias a seguir.
El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hizo hincapié en la importancia de una colaboración estrecha entre el Congreso local y el poder judicial para llevar a cabo este nuevo sistema judicial. Destacó los beneficios inherentes a la implementación de juicios orales y tecnología de la información en el sistema judicial.
Por otro lado, el magistrado Eliseo Juan Hernández Villaverde, secretario técnico de la COCIFAM, detalló los estándares y necesidades para la plena operatividad del nuevo código. Hizo especial énfasis en la grabación de diversas instancias judiciales a través de sistemas electrónicos, proponiendo adecuaciones en áreas como el Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, el divorcio incausado, adopción, juicios sucesorios y otros aspectos del Código Civil y la Ley Orgánica.
Hernández Villaverde señaló que los esfuerzos están enfocados en la capacitación del personal, el diseño y prueba de sistemas electrónicos necesarios, proyectando la aplicación del código para enero de 2025 una vez se complete este proceso y se logre claridad en la administración de las plataformas.
Esta mesa de trabajo ha evidenciado la complejidad y los retos que implican la implementación de este nuevo sistema judicial, así como la necesidad de una estrecha colaboración entre los poderes legislativo y judicial para alcanzar una implementación efectiva y garantizar el acceso a una justicia moderna y equitativa en la capital mexicana.
AM.MX/CV
