CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio (AlMomentoMX).- El presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Enríque Díaz-Aranda, señala que la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la “prisión preventiva oficiosa” propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumenta la posibilidad de que se castigue a personas inocentes, pese a las buenas intenciones de la propuesta.
En diciembre del año pasado, debido a los altos índices de inseguridad pública e impunidad que se viven en el país, el presidente López Obrador propuso dicha medida, la cual aplicaría a delitos en materia electoral y de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, abuso sexual contra menores, desaparición forzada, entre otros.
La medida consiste en mantener en prisión a la persona imputada de haber cometido un delito, independientemente de si existen o no pruebas fehacientes en su contra; esto, señala Díaz-Aranda, no sólo podría afectar a personas inocentes, sino que también aumentaría la población penitenciaria, agravando la precaria situación que ya se tiene en los penales del país.
Esto a pesar de que en 2008 fue introducido el “proceso penal acusatorio” o juicio oral, en la Constitución mexicana para que las personas pudieran ser procesadas gozando de su libertad, “a 10 años de distancia se siguen presentando problemas que vinculan y mantienen en prisión a los acusados”, señaló Díaz-Aranda de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
“Aún en delitos que no ameritarían ningún tipo de medida cautelar, una mala praxis de los fiscales y ministerios públicos hace que la prisión preventiva se imponga de forma automática y errónea”, abundó el también coordinador del diplomado Estratégico en Proceso Penal Acusatorio, impartido por la UDLAP Jenkins Graduate School.
Aunado a esto, “los datos que llevan falsamente a considerar cuál es el delito cometido, muchas veces desembocan en un juicio oral donde las pruebas no demuestran nada”.
“Y así se esté juzgando a un criminal ya declarado culpable, no es lo mismo ser sentenciado a 12 años que a 24, por culpa de una mala práctica jurídica”, señaló.
Hoy más que nunca, apuntó, “es necesario formar especialistas que sepan cómo llevar a cabo un proceso penal acusatorio adecuado; tomando en cuenta qué es lo que los jueces van a considerar al momento de resolver dicho proceso”.
“Como abogados, necesitamos saber cómo se lleva adelante una carpeta de investigación, cómo se formula la imputación, cuáles son los elementos que se toman en cuenta para la vinculación o para dictar una medida cautelar, cómo se realiza la audiencia de juicio oral, de qué manera se resuelve una ejecución de sentencia, etcétera”, comentó.
Inclusive, “necesitamos saber cuáles son los derechos humanos que pueden ser violentados durante el proceso y que pueden dar lugar a un amparo”, sentenció.
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