Por: Mario Ruiz Redondo
La ley de la selva impuesta por los indocumentados extranjeros (cubanos, “maras” hondureños y africanos), que mantienen bajo su férreo control la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, que alberga más de mil 700 seres humanos, cuando su límite es de 500, entre niños y adultos, se puso nuevamente de manifiesto la madrugada de este miércoles 10 de abril.
Ahora, no solamente decidieron conjuntamente amotinarse en el patio común, sino salir violentamente de sus espacios de hacinamiento, y tomar por asalto las oficinas administrativas del Instituto Nacional de Migración, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, para saquear las áreas de cómputo donde se concentra información confidencial, destruir archivos, apoderarse de teléfonos celulares, así como robar las maletas almacenadas de los asegurados y llevarse machetes y armas blancas bajo resguardo.
Vandalismo total sin precedente histórico, que llevaría a la impotencia e indefensión a los 12 agentes del INM responsables del turno de las ocho de la mañana del martes 9 de abril, a la misma hora del día siguiente, que al ser rebasados en su autoridad, solicitarían el apoyo de las fuerzas federales, estatales y municipales, para controlar la situación, que pudiera concluir en incendio y derramamiento de sangre.
Los 15 elementos de apoyo de seguridad privada que resguardan el exterior de las instalaciones, acudirían oportunamente a auxiliar a los agentes del INM, que se darían finalmente por vencidos, al percatarse del tono desquiciado y amenazante de los extranjeros ilegales, aparentemente drogados, que ponían en riesgo sus vidas.
A la una de la madrugada darían comienzo los desórdenes, que en principio los agentes migratorios creyeron poder controlar mediante el diálogo y el convencimiento de que su conducta no era la correcta, pero pronto se darían cuenta que sus buenas intenciones chocarían con el radicalismo de los extranjeros en todo momento hostiles que gritaban palabras altisonantes en su contra, avizorando entonces una situación de alto riego para su seguridad, más cuando gente rapada empezó a saltar las rejas metálicas de dos metros que los mantenían en el área de resguardo.
En una acción simultánea programada, afuera los migrantes originarios de varios países africanos, que han conformado un campamento frente al acceso principal y en el estacionamiento de las instalaciones ubicadas al norte de la ciudad de Tapachula, harían su parte correspondiente, al salir de sus pequeños refugios y empezar a colocar las letrinas portátiles puestas a su servicio hace apenas unos días, para bloquear, mientras escandalizaban en apoyo al amotinamiento interior.
Las llamadas de auxilio desde el interior del inmueble, tendrían respuesta por parte de las autoridades civiles y militares, entre las dos y dos cuarenta de la madrugada. Así fue como primero arribarían al lugar contingentes armados de las Policías Federal, Gendarmería Nacional, estatales y municipales, arropados al final por un convoy interinstitucional de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), bajo el mando de la Armada de México en coordinación con el Ejército Mexicano.
Sería hasta entonces, cuando al ser advertidos por los mandos policíaco-militares, de que si no abandonaban los espacios invadidos y vandalizados, entrarían a las instalaciones y harían uso de la fuerza en su contra.
La “calma” volvería al interior del inmueble del Gobierno de la República, donde esta vez, los migrantes extranjeros quebrantarían por segunda vez en una semana, el Estado de Derecho del país, pero ahora con el mayor de los extremos e impunidad, sin que días y horas después de lo ocurrido, haya uno solo de los cabecillas de los migrante detenido, no obstante existir los videos correspondientes, tomados por las cámaras de seguridad.
En este espacio de CUARTO PODER, hemos publicado nuestras observaciones sobre la sublevación sistemática de los cubanos ilegales, cual expertos de la insurrección, aprendida bajo esquemas del sistema comunista de su país, ahora las aplican para desestabilizar en México, como mecanismo de presión hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que les otorgue de inmediato los salvoconductos que les permitan desplazarse hacia la Frontera con Estados Unidos.
Su libre paso por la Frontera Sur, tomando como base de sus operaciones a la ciudad de Tapachula, ha sido desde siempre masivo, pero discreto, dado el alto poder adquisitivo de sus familiares en la península estadounidense, que les ha permitido, primero salir en calidad de turistas de La Habana hacia distintos países de Latinoamérica, sin ningún contratiempo.
Una vez instalados en Centro y Sudamérica, han optado por no regresar a Cuba y seguir su camino hacia Estados Unidos, en travesías coordinadas y arregladas por las mafias que operan desde la Unión Americana, hasta llegar sin problemas a la Frontera Sur de México, gracias a que siempre han mantenido contactos con altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, que han “palomeado” las listas de los interesados en salvoconductos, que la Delegación estatal del INM ha acatado y entregado sin ningún cuestionamiento.
Actualmente, bajo el argumento de que “las cosas están más difíciles” en la realización de los mismos trámites, y para evitar sospechas, han continuado en el mismo tenor del negocio que les ha redituado millones de dólares mensuales, con la diferencia de que no se hacen con la rapidez de antes, lo cual ha molestado tanto a las mafias como a los mismos migrantes procedentes de la isla caribeña.
Procedimiento lento, que ha provocado la desaceleración del movimiento migratorio, que se manifiesta en la concentración sin precedente en la Frontera Sur, de varias decenas de miles de cubanos, que les obliga a permanecer en la segunda ciudad en importancia de Chiapas, donde mantienen rentadas temporalmente casas, departamentos y hasta moteles de paso, demostrando una logística eficiente que les caracteriza en su permanencia indocumentada.
La prolongada espera, complicada por las conductas antisociales de grupos de vanguardia que han resultado finalmente contraproducentes, les ha llevado también a una situación de desesperación, al no soportar la lentitud de la tramitología a la que no estaban acostumbrados sus enganchadores, pues más tardaban en cruzar el río Suchiate o las mismas garitas de Ciudad Hidalgo y Talismán, para llegar a Tapachula, que en recibir los papeles autorizados por las oficinas centrales del INM, para de inmediato comprar los boletos de avión y desplazarse a Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, principales centro de contacto y pasar a la Unión Americana, con la complicidad bien remunerada del Servicio de Inmigración estadounidense.
Tan es cierto, que han sido a lo largo de los años, centenas de miles de cubanos, que han podido llegar hasta la península de Florida, sin que nunca y hasta que a la fecha, las autoridades migratorias del vecino país del norte, hayan asegurado a uno de esos inmigrantes y a los mafiosos que los trasladan.
Allá sin ninguna obstrucción, mientras que en los meses y semanas recientes, las bandas de trata de personas procedentes de Cuba, se muestran molestas por el incumplimiento de los altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, y que en respuesta han empezado a manipular a los migrantes para convertir en polvorín a la Estación de Atención Migratoria “Siglo XXI”, de la Secretaría de Gobernación.
Movilización para la desestabilización y acciones gansteriles apoyados en los pandilleros hondureños de la “mara salvatrucha 13”, que controlan el interior de las instalaciones destinadas a la protección y asistencia al inmigrante.
Lo ocurrido entonces durante varias horas de la madrugada del miércoles 10 de abril, no es un acontecimiento espontáneo, sino planeado por los líderes de los dos grupos de migrantes, para obligar también a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, destrabar “el embrollo” de las autorizaciones, y de esta forma las organizaciones internacionales de trata personas, puedan continuar con su extraordinario y lucrativo negocio, que a nivel mundial se compara en sus ganancias, con las que el crimen organizado obtiene del tráfico de drogas.
La pandilla delictiva de la “mara 13” mantiene su hegemonía de poder en el interior del albergue-reclusión temporal “Siglo XXI”, una vez que ha demostrado ser más beligerante que los “maras barrio 18”, igualmente hondureños, cuyos dirigentes y seguidores han exigido a las autoridades mexicanas del INM, por temor a ser asesinados, su separación del resto de la población extranjera, dominada en número por los cubanos y africanos, seguidos por los “catrachos”, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, afganos, hindúes, iraquíes, chinos y hasta de Bangladesh.
Inconformidad en contra de la Fiscalía General estatal, que se reitera todos los días por parte de los agentes de migración, porque sigue llevando en calidad de “asegurados” al Centro de Atención, a “células” y líderes de las dos tendencia “maras”, que deberían ser recluidos en lugares de alta seguridad por su extrema peligrosidad, y así evitar que se mezclen y pongan en riesgo la seguridad de niños y adultos que a diferencia de ellos, carecen de antecedentes penales.
Piden al gobernador Rutilio Escandón, que ordene al titular de la Fiscalía Jorge Luis Llaven Abarca, corregir esta aberración que hace más compleja la convivencia ya de por sí en condiciones de hacinamiento de los extranjeros.
Un problema, el de los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades, que mantiene en la incertidumbre y el miedo a los casi dos millones de habitantes de los municipios de la Frontera Sur en su vecindad con el istmo latinoamericano, al grado que hay quienes han empezado a optar por recurrir al creciente mercado
de armas provenientes de Guatemala, para estar preparados ante una embestida delictiva a sus hogares.
Armas de todo tipo se ofertan en la fronteriza ciudad guatemalteca de Tecún Umán, donde además se garantiza a los interesados, la entrega a domicilio en territorio chiapaneco-mexicano, desde calibres menores hasta de más complejidad.
En el vecino país, los mayores de edad, hombres y mujeres, tienen derecho a solicitar un permiso para comprar armas hasta de tres clasificaciones, que lo mismo pueden ser pistolas y fusiles AR-15 de fabricación estadounidense o ametralladoras israelíes.
Y aunque está prohibida su portación, es común observar como en lugares públicos hay quienes las llevan metidas en el pantalón, por la parte baja de la espalda, sin ningún problema. Incluso, en los transportes públicos, los choferes llevan consigo un arma autorizada, en tanto los guardias privados contratados por las empresas para evitar asaltos, utilizan escopetas de balas expansivas.
Frontera cada vez más caliente y de elevado riesgo para la seguridad nacional en el Sur de México, que a pesar de su agravamiento por el incremento de asaltos armados a transeúntes, cuentahabientes y negocios, enfrentamientos sangrientos de pandillas “maras” por disputa de territorios y amotinamientos de migrantes, sigue siendo ignorada absurdamente por el Gobierno de la República.
Por lo pronto ya se acerca la nueva caravana del hambre que partió a México, desde donde han salido todas, San Pedro Sula, Honduras, por la noche del martes 9 y la madrugada de este miércoles 10 de abril.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.
