Por: Mario Ruiz Redondo
El polvorín extranjero en la Estación Migratoria de Tapachula, explotó la noche de este jueves 25 de abril, al amotinarse y darse a la fuga tres mil inmigrantes, liderados por cubanos, hondureños y africanos.
Lo que en este espacio habíamos venido advirtiendo desde hace varias semanas, quedó confirmado a parir de las ocho de la noche, cuando los 12 indefensos agentes del Instituto Nacional de Migración, responsabilizados para el resguardo interno fueron arrollados por la multitud, mientras en el exterior de las instalaciones los 15 guardias de seguridad privada observaron impotentes como las puertas del acceso principal eran violentadas para propiciar la salida masiva.
Por la tarde, los elementos del INM de la Secretaría de Gobernación, se percataron de movimientos sospechosos de grupos reducidos de cubanos y hondureños, que empezarían a organizar la insurrección.
Nunca en la historia de ese centro federal de atención a desplazados de otros países había llegado a semejante saturación como la de este día, toda vez que la capacidad de recepción es solamente para 500 personas, por lo que el hacinamiento se convertiría en un infierno en el que por todas partes se escuchaban los llantos de los niños, por el calor insoportable de casi 40 grados.
La acumulación de tantos seres humanos en lo que finalmente se convertiría en un espacio demasiado reducido, que en los últimos días había propiciado agravamiento de situaciones de inseguridad por la pugna entre las bandas “maras” (salvatrucha 13 y barrio 18), que operan y controlan todo al interior, además de una mayor promiscuidad y proliferación de enfermedades contagiosas.
El desborde se daría, luego de que las volantas continuaron trayendo a la Estación Migratoria Siglo XXI, a indocumentados detenidos en el tramo Tapachula-Arriaga, la mayor parte de cubanos y hondureños, con menor porcentaje de africanos, que días antes habían partido de Mapastepec, de donde habían huido del centro deportivo donde estaban concentrados y custodiados por autoridades federales y estatales.
Un problema que adquiriría tintes dramáticos dentro de las instalaciones ubicadas al norte de la ciudad de Tapachula, consideradas como las de mayor capacidad de alojamiento en la República, al ser involucrados menores de edad que eran transportados en carriolas.
Malestar del personal del Instituto Nacional de Migración, por la indiferencia mostrada por el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien por escrito hicieron llegar en el momento oportuno, sus peticiones de ayuda, frente a la posibilidad de que pudieran ser víctimas de la violencia de los extranjeros intransigentes.
La noticia de la fuga de los migrantes, ha impactado todavía más a la población de un millón de habitantes de la segunda ciudad más importante de Chiapas y la más importante de la Frontera Sur de México, pues ello vendrá a agravar todavía más el ya de por sí grave problema de inseguridad y violencia registrado en aumento desde finales de 2018.
Temor por los delincuentes hondureños, que inexplicablemente la Fiscalía General del gobierno chiapaneco, trasladaría a la Estación Migratoria, no obstante haber sido identificados como células y líderes de pandillas “maras”, que por lo mismo debieron ser ubicados en espacios de reclusión, especialmente creados para este tipo de integrantes de la delincuencia organizada.
Habrá que precisar que en la Estación Migratoria permanecían migrantes que voluntariamente se habían entregado a las autoridades, para ser considerados en su petición de otorgamiento de tarjetas humanitarias o salvoconductos para permanecer en el territorio nacional, mientras intentaban ingresar a la Unión Americana.
Una decisión adoptada e imitada por muchos, una vez que el Presidente de la República reaperturó la entrega de las tarjetas solidarias y humanitarias, que les permitirían avanzar hacia la Frontera Norte de México con Estados Unidos, sin ningún problema.
Pero el detonante principal que daría margen a un incremento que se tornaría impresionante por su número inédito, sería el anuncio del mandatario Andrés Manuel López Obrador, de que sin excepción todos tendrían trabajo en México. Solamente en Chiapas pondría a disposición de los extranjeros, 80 mil nuevos empleos.
Tarde se darían cuenta de error Presidencial, que motivaría la pronta cancelación de tal documentación, con la intención de frenar el flujo migratorio proveniente organizadamente por mafias internacionales de trata de seres humanos, con financiamiento de la Casa Blanca, de la ciudad hondureña de San Pedro Sula.
No ocurriría así, y las “caravanas del hambre” se multiplicarían, con el pleno conocimiento de que aunque no se les otorgaran las tarjetas, de todos modos podrían pasar sin ninguna resistencia a suelo mexicano y de ahí a la Unión Americana.
El segundo rubro de extranjeros albergados en la Estación Migratoria Siglo XXI, corresponde a quienes han sido asegurados por las volantas y los agentes del INM en los retenes de Huehuetán, Villa Comaltitlán, Escuintla, Acacoyagua, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, cuya permanencia era condicionada por los trámites de deportación a sus respectivos países, especialmente centroamericanos.
Son ellos los que constituyen el mayor número de inmigrantes que han incursionado por la geografía chiapaneca, incluso con muchos eventos de violencia en la que han resultado lesionados agentes de la Policía Federal y de Migración, al ser apedreados.
Invasión imparable y sin ningún tipo de control sanitario, a pesar también de la cancelación radical del apoyo inicial del Gobierno Federal a la migración multinacional, mediante la contratación de autobuses de la línea ETN, para transportarlos seguros y sin sobresaltos a la fronteriza ciudad de Tijuana, lo cual los obligaría a avanzar caminando por la ruta de la Costa chiapaneca que al mediodía refleja por lo menos 40 grados centígrados.
Empezarían las flaquezas por el inclemente calor y carencia de ayuda humanitaria, de pequeños grupos que solicitaban ayuda para ser repatriados a Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque no lo suficiente para suspender los avances, con el inconveniente de que a diferencia de las primeras caravanas que igualmente eran objeto de ayuda alimentaria y agua por los poblados y ciudades que atravesaban, lo actual nada tenía que ver con esa realidad, en la que hasta los traileros podían transportarlos sin problemas. Hoy, quien lo haga, puede parar en la cárcel acusado de trata de seres humanos.
Nuevas etapas de peregrinar por demás angustioso y desesperante, que tampoco disminuiría el interés de centroamericanos para transitar por el territorio mexicano.
Complicaciones presupuestales al interior del Gobierno Federal, para brindar alimentación y todo tipo de servicios de apoyo, que harían crisis en las últimas semanas, considerando de igual forma los egresos por el desplazamiento de los deportados hasta las fronteras de Guatemala con Honduras y El Salvador, además de los provenientes de tierras guatemaltecas, entregados en las garitas de Talismán y Ciudad Hidalgo.
Todo un mundo de complejidades en mucho por las limitaciones de la infraestructura humana y física del Instituto Nacional de Migración en la Frontera Sur, desbordadas por la avalancha humana extranjera sin precedente.
Hacinamiento agravado en la Estación Migratoria, en mucho por la actitud indiferente del Consulado de Honduras en Tapachula, junto con los de El Salvador y Guatemala, que en conjunto conforman el llamado “Triángulo Norte”, calificado como de alta peligrosidad por el gobierno de Estados Unidos.
La triste historia, de que a nivel estatal, el personal del INM apenas si llega a 300, entre agentes y personal administrativo, lo cual es por demás insuficiente para cubrir la geografía chiapaneca que abarca 74 mil kilómetros cuadrados, y donde operan en turnos de 24 horas de trabajo por igual número de descanso.
Puntos de control migratorio mínimos que se extienden a las garitas de Ciudad Hidalgo y Talismán sobre el río Suchiate, que finalmente se han convertido de adorno, ya que los extranjeros pasan libremente por esos accesos oficiales aunque el porcentaje mayor lo haga por el afluente internacional.
Retenes prácticamente con números mínimos de presencia del INM en los pasos de Mazapa de Madero, en la Sierra Madre, “La Mesilla”, en el Altiplano, Frontera Corozal y Benemérito de las Américas, en la Selva Lacandona, además de Palenque.
Hasta ahora, nada de lo que se ha planteado desde la perspectiva oficial para atender la compleja problemática de la inmigración en la Frontera Sur de México, ha sido viable en los últimos casi cinco meses de los Gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas.
Las afirmaciones gubernamentales han provocado de inmediato, respuestas a nivel de interrogantes y críticas, pues reflejan el desconocimiento de la realidad de esta apartada geografía, siempre olvidada por las autoridades rectoras, tanto del orden federal como estatal.
Un abandono que se hace todavía más evidente, al término de la segunda década de un siglo XXI, y da idea de la mentalidad de una clase gobernante aferrada a un centralismo inamovible, como la forma más cómoda de ejercer el poder desde los escritorios, envueltos en el oropel de los elogios, sin mancharse los zapatos con los polvos del subdesarrollo que llega hasta las riberas del río Suchiate, detrás de la cortina territorial de límites imaginarios.
Se han cumplido cinco meses del estado de indefensión de los más de dos millones de chiapanecos-mexicanos, que habitan en las Regiones Soconusco y Costa, ante la avalancha extranjera de decenas de miles de seres humanos provenientes de Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Haití, así como de lugares tan distantes como India,
Bangladesh, Afganistán, Iraq, Paquistán, Congo, Somalia, Camerún, Sierra Leona, Eritrea, Guinea, Ghana, Angola, Nigeria, Sri Lanka, Yemen y Nepal.
La paciencia convertida en impaciencia llevada finalmente a una resignación aparente de la población, ante la falta de respuestas a sus justas demandas de restablecimiento del Estado de Derecho, quebrantado principalmente por cubanos y hondureños respaldados por la delincuencia organizada representada por las bandas “maras salvatrucha 13 y barrio 18”, y el activismo cada vez más participativo de los oriundos del continente negro.
Auge de un mercado de armas de fuego al otro lado de la línea fronteriza, en la vecina ciudad guatemalteca de Tecún Umán, desde donde se ofertan con el compromiso de hacerlas llegar a domicilio en las ciudades mexicanas colindantes, desde pistolas de diversos calibres hasta ametralladoras AR-15 y AK-47.
Presencia para operar en la colindancia con Guatemala, autorizada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de agentes estadounidenses del Buró Federal de Investigación (FBI), de la Agencia Antidrogas (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), una vez que han detectado un notable incremento de la delincuencia organizada (narcotráfico y pandillas “maras”), además de migrantes con posibles vínculos con grupos terroristas del Medio Oriente y Asia.
En contraste, la desarticulación de los servicios de Inteligencia militares y civiles, evidenciada este jueves 25 de abril con lo ocurrido en la principal Estación Migratoria del país, en la Frontera Sur.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad.
