Mario Ruiz Redondo
Inconformes por la decisión de la autoridad electoral estatal de otorgar el triunfo en las elecciones municipales del mes de julio, al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Cueto Citalán, los militantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), encabezados por Luciano Rosales Tirado, tomaron por asalto, desarmados, las instalaciones del Palacio Municipal de Tapachula.
Corrían los días de principio de agosto de 1980, cuando un contingente de parmistas irrumpiría en las instalaciones del edificio inaugurado media década antes, para desalojar a los empleados del ayuntamiento y posesionarse de las oficinas administrativas y de la Alcaldía, respetando el espacio en planta baja que alojaba a la comandancia de la policía y cárcel municipal.
Informado de la insurrección popular, el gobernador interino (29 de noviembre de 1979 al 30 de noviembre 1982), Juan Sabines Gutiérrez, solicitó de inmediato el apoyo del jefe de la Región Militar de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, el general José Hernández Toledo, para el desalojo inmediato de los “revoltosos”, lo que fue acatado de inmediato y el ex comandante del “Batallón Olimpia” que atacó a balazos a miles de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la tarde-noche del 2 de octubre de 1968, en la ciudad de México.
No había transcurrido ni una hora después de que los hombres y mujeres de afiliación parmista tenían bajo control la sede del Ayuntamiento, cuando un contingente de soldados con ropas de combate y con las bayonetas caladas en sus ametralladoras “Fal”, llegaría al lugar para rodear el edificio y así evitar la salida de los invasores y la entrada de sus simpatizantes.
Por aquellos días, el columnista formaba parte del equipo de Asuntos especiales del periódico Excelsior, en la capital del país, que viajaba por el mundo, donde hubiera noticia o tareas de investigación.
Alejandro Iñigo, jefe de Información, me llamó a su oficina en la redacción, ubicada entonces el tercer piso del Paseo de la reforma número 18. Mario, me dijo, usted es de Chiapas, de Tapachula. Mañana lo quiero en su pueblo, para que cubra la toma del Palacio Municipal por un grupo de parmistas que repudian al candidato del PRI, al que acusan de haber realizado fraude electoral.
En menos de 24 horas estaba en el lugar de los hechos, acompañado del reportero Francisco León. Nadie se atrevía a acercarse a los militares, que reaccionaron ante nuestra presencia, cuando intentamos ingresar al inmueble, identificándonos como reporteros del diario Excelsior.
Y sin responder a mi atenta petición de pasar a entrevistar a los inconformes, dos soldados pusieron contra mi pecho las bayonetas caladas en el cañón de sus ametralladoras, en señal de advertencia, que incluía la orden de retirarnos del lugar, pues de lo contrario seríamos detenidos y llevados presos al cuartel del cuarto Regimiento de Caballería Motorizada, bajo la acusación de desacato a la autoridad militar.
Optamos por tomar distancia y aguardar los acontecimientos, mientras los “subversivos” se asomaban por los balcones para pedir agua y alimentos, pues los militares los habían incomunicado totalmente.
Una hora después, por ahí de las dos de la tarde, llegaría al lugar el general José Hernández Toledo, acompañado del comandante de la guarnición de la plaza.
Lo abordé de inmediato y delante de su subordinado le expresaría mi protesta por la forma en que había sido tratado junto con el fotógrafo Francisco León, por los custodios castrenses del acceso al Palacio Municipal, demandando quitar de sus ametralladoras las bayonetas, pues ya de por sí tales armamentos representaban una amenaza para la población por la forma en que las esgrimían en tono intimidante.
El jefe militar accedió a mi petición y los soldados recibirían la orden de guardar bayonetas, con el obvio enojo del jefe local, que no estuvo de acuerdo con el “desarme”.
Sabríamos que la presencia de José Hernández Toledo, obedecía a su interés de coordinar personalmente el operativo de desalojo en la madrugada del día siguiente. Para entonces, el presidente del PRI estatal, Antonio Melgar Aranda, me proporcionaba permanentemente las decisiones que al respecto acordaba el gobernador Juan Sabines Gutiérrez.
Mañana no habrá acción de los militares, porque arriba en gira de trabajo a Chiapas, el Presidente José López Portillo. La visita concluiría sin contratiempos y el mandatario regresaría a la capital nacional. Por ahí de las nueve de la noche le llamé al líder estatal priísta, quien me recomendó que me aproximara a la medianoche al Parque Central Miguel Hidalgo, porque a partir de ese momento todo estaría listo para sacar a los parmistas del edificio de la Alcaldía.
Serían las dos y media de la madrugada, cuando observamos como los armados se retiraban del lugar, mientras se empezaba a escuchar por el sonido de los metales en las suelas de sus botas, otro contingente que a paso veloz poco a poco se fue acercando, hasta rodear el inmueble.
El grupo pertenecientes a las Fuerzas Especiales, vestía camiseta blanca de cuello redondo y pantalón verde olivo. Todos blandían macanas en sus manos. Traían amarrado al cuello un pañuelo color rojo. En la retaguardia se habían colocado los soldados y oficiales armados.
A las tres en punto, se escucharía la orden entrar al Palacio Municipal. Lo harían con violencia extrema, derribando la puerta principal.
Francisco León empezaría a tomar las fotos del acontecimiento desde el exterior, mientras dentro se escuchaban disparos de armas de fuego y gritos desgarradores de mujeres y hombres, al ser golpeados o heridos por los militares.
En cuestión de pocos minutos, se acercaron a la entrada varios camiones del Regimiento de Caballería Motorizada. Empezarían a salir los primeros soldados arrastrando de los cabellos y pateándolos, a quienes habían osado posesionarse de las instalaciones municipales, sin importar que los niños que ahí se encontraban gritaran desesperados en defensa de sus padres.
Sin ninguna misericordia, sangrantes, fueron subidos a los transportes militares, entre ellos algunos inertes, posiblemente muertos o heridos, que eran echados como animales en el piso de los camiones, momentos que aprovecharía Francisco León para tomar sus fotos en blanco y negro, cometiendo el error de utilizar flash.
En cuestión de minutos, el objetivo se había cumplido a fuego y sangre.
Francisco León sería detenido por los soldados, quienes le ordenaban entregar los rollos. Me acerqué y les dije tanto al grupo de soldados que lo acosaban y a un oficial que los dirigía, que nosotros solamente cumplíamos con nuestra misión de informar, como enviados del periódico Excelsior.
Ah, me contestaría el jefe, ¿con que ustedes son los reporteros de Excelsior? Y en tono burlón ordenaría: “Pues entonces, denles en la madre a estos cabrones y sobre todo a este pendejo reportero que humilló a mi coronel ante el general Hernández Toledo”.
Varios se irían contra mí, ante lo cual retrocedí ahí en pleno Parque Central. De pronto se acercaron dos soldados por mi espalda, que sin más me golpearon con los cañones de sus ametralladora, causándome sendas heridas, provocando que perdiera el equilibrio, mientras un tercero, que instintivamente pude distinguir y meter el brazo, me golpeó con su macana en la sien derecha, abarcando oído y ojo, provocándome un fuerte derrame y casi perdida de conocimiento.
Una vez caído en el piso, los militares me pateaban mientras se burlaban, diciendo que eso me pasaba por andar hablando mal de ellos. Algunas personas trataban de intervenir, para que cesaran su cobarde ataque, pero eran encañonadas.
Una hora más tarde estaba en el Area de Urgencias del Seguro Social, en calidad de “lesionado no grave”, por lo que consideraron que no era necesario llamar al agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, lo cual se había hecho a petición del ejército.
Me comunicaría con mi director Regino Díaz Redondo, quien me pediría que enviara la nota de la represión, con lujo de detalles para publicarla en la primera edición de Ultimas Noticias de Excelsior del mediodía, lo mismo que en la segunda de la tarde.
El periódico de la Vida Nacional destacaría en su primera plana el atentado del Ejército Mexicano en la ciudad más importante de la Frontera Sur, contra indefensos militantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que convencidos de defender sus derechos y el voto ciudadano que había usurpado el candidato priísta, se habían atrevido a manifestarse mediante la toma de Palacio Municipal.
Condenaría Excelsior en su editorial, el brutal ataque por parte de los militares a sus enviados en Tapachula, exigiendo al entonces secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván, no solamente una investigación y castigo a los responsables de lo ocurrido a los reporteros, sino también de quienes sufrieron la extrema violencia por parte del personal castrense.
El general Galván, jamás respondió al requerimiento de Excelsior, que también calificó lo ocurrido en Tapachula, como un ataque a la libertad de expresión.
Nunca se sabría tampoco el número de detenidos, lesionados y presuntamente muertos, que por ley debieron haber sido entregados a la autoridad civil. Todos fueron concentrados en el cuartel del Regimiento, donde continuó la tortura en su contra, antes de ser entregados maltrechos y en condiciones degradantes a sus familiares, que al final denunciaron la desaparición de varios de los parmistas.
El candidato del PARM, Luciano Rosales Tirado, abogado de profesión, que defendió junto con sus correligionarios la defensa de su triunfo, recibiría del propio gobernador interino, Juan Sabines Gutiérrez, la amenaza de que se fuera del estado, ya que de no hacerlo su vida correría peligro.
Hoy a más de 37 años de distancia, los recuerdos vuelven a mi mente, después de visitar este jueves 14 de noviembre, al especialista médico, que me ha diagnosticado mayores problemas en mi oído izquierdo, donde he perdido la audición en más de un 50 por ciento, como consecuencia de la salvaje agresión militar y que desde entonces me obliga también a usar lentes, con problemas en el tabique nasal
Fuerzas Armadas que en México han impuesto su ley con una impunidad total, en la que yo, Mario Ruiz Redondo, soy uno de sus mejores ejemplos y testimonio, en los días en que parece inminente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que les dará todavía mayores privilegios, que incluyen la violación constante de los derechos humanos en todo el país.
