Por: Mario Ruiz Redondo
El fracaso de las reuniones interinstitucionales, conformadas por representantes de los tres niveles de Gobierno en la Frontera Sur, se manifiesta en el mayor incremento de los índices de violencia e inseguridad, debido a la filtración al crimen organizado, de información confidencial por parte de funcionarios civiles municipales y jefes policíacos de mandos medios que a diario asisten a las Mesas de Seguridad, afectando los objetivos prioritarios del combate a las mafias que operan en la Región limítrofe con Centroamérica.
Información confidencial que poseen los altos mandos que normalmente ya no asisten en la Región Soconusco a los encuentros, dejando en su lugar a representantes de menor relevancia, precisa que desde 2018 tienen conocimiento de que buen número de los actuales alcaldes de los municipios fronterizos, recibieron financiamiento de la delincuencia organizada para la realización de sus campaña proselitistas.
Asimismo, el conocimiento de los vínculos de comandantes con bandas delictivas, a quienes informan con detalles de las estrategias a seguir en los siguientes días posteriores a las reuniones, de tal forma que las acciones que se implementan resultan ineficaces por los “pitazos”.
Una situación que ha redundado en contra de la imagen de la improvisada Guardia Nacional, a dos meses y medio de su entrada en operación en la Zona, en base al acuerdo pactado por el gobierno mexicano en Washington, en la primer semana de junio pasado, fundamentalmente para contener el flujo migratorio extranjero ilegal, proveniente del istmo latinoamericano.
Una presencia de la GN intrascendente, vulnerada por los intereses de autoridades civiles, a la que se agregan las diferencias internas entre los mismos integrantes, por pertenecer unos a las filas del Ejército y otros a la Armada, la cuales se han evidenciado cuando en las Mesas de Seguridad se han señalado algunas irregularidades y lo primero que preguntan los oficiales acreditados, es a qué instancia militar pertenecen.
Se refiere el detalle de que no obstante tener la coordinación regional la comandancia de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Tapachula, las sesiones de trabajo se llevan a cabo en las instalaciones de la XIV Zona Naval, en Puerto Madero-Chiapas.
La presencia civil en la actividad de la Guardia Nacional se mantiene ausente, una vez que la Policía Federal, que se supone es parte de esta Corporación castrense, actúa en forma coordinada, pero manteniendo su uniforme, armas de grueso calibre y artilladas en sus patrullas, que incluyen a elementos de la Gendarmería Nacional.
Se mantiene la marcha atrás, en el control inicial de la inmigración proveniente de Centroamérica y del resto del mundo, después de que la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración (INM), recibiera la orden de México de subordinarse a la autoridad militar, que tendría una corta duración por la suplantación de funciones.
Una situación, que ha generado la reactivación del antiguo negocio de paso masivo a discreción, de indocumentados con el visto bueno de autoridades corruptas que permiten el envío de grupos hacinados a bordo de transporte de carga con sistemas de refrigeración, que al salir del territorio chiapaneco son interceptados en las entidades vecinas, como a diario reportan los medios de comunicación.
Retenes múltiples del INM con apoyo de la Guardia Nacional y Policías Federal y estatales, en el tránsito por la siempre destrozada autopista de la costa del estado, producto del abandono de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, del sexenio anterior y del actual que lleva casi nueve meses al frente del timón gubernamental, que mantiene espectaculares en donde se jacta de “realizar inversiones millonarias”, que no corresponde a la realidad.
Uno y a veces dos elementos suben a bordo de los autobuses del servicio público, que aunque vayan extranjeros que se reconocen fácilmente, no les exigen los documentos de identificación oficial obligados, por lo que siguen su camino sin ningún contratiempo.
Contraste radical con la desesperación de la mayoría de los miles de migrantes que se han estacionado indefinidamente en Tapachula, una vez que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó la cancelación total de las tarjetas humanitarias y salvoconductos.
Muy atrás los días en que el Presidente de la República ordenó la apertura de la Frontera Sur a la migración extranjera, a la que no solamente concedió la documentación oficial para llegar a los estados mexicanos vecinos de los estadounidenses, sino también la transportación gratuita en los autobuses de lujo de la empresa ETN, con aire acondicionado, pantallas de televisión, asientos cómodos y reclinables y baños.
Una bienvenida inédita, que se prestaría al juego perverso del presidente Donald Trump, cuyo gobierno financiaría el desplazamiento de las “caravanas del hambre”, a partir de mediados de octubre de 2018, partiendo de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, con fines eminentemente electorales.
Todo un plan que en principio funcionaría al gusto del magnate inmobiliario, que manipularía la situación y muchos de ellos ingresarán ilegalmente a territorio de la Unión Americana, para que una vez arrancada su campaña electoral de reelección, le sirvieran para llevar a cabo una deportación masiva, con la que demostraría ante el electorado, su “voluntad inquebrantable” de no permitir la invasión al país de la gente de color café.
Pero del lado mexicano, su homólogo López Obrador no mediría las consecuencias y provocaría un arribo de migrantes más allá de los requeridos, por lo que vendría la tajante respuesta de Trump, de reforzar su frontera sur para evitar mayor presencia extranjera, advirtiendo al mandatario mexicano que de no frenarla, daría comienzo a partir del 10 de junio, la aplicación gradual de un cinco por ciento mensual de impuestos a las exportaciones provenientes de México, hasta completar 25 por ciento.
De la complacencia desbordada del Presidente mexicano, al temor de las sanciones a su frágil gobierno, que le obliga a enviar al canciller Marcelo Ebrard Casaoubon, a la capital de los Estados Unidos, para negociar acuerdos que impidieran las amenazantes sanciones, respaldadas por el chantaje de que los vecinos del sur no hacían nada para contrarrestar la avalancha humana.
Nuevos capítulos de lo que nos toca vivir a los mexicanos, que en su mayoría habían impugnado la creación de una Corporación extraída de las filas castrenses, con la cual se completaría la militarización que desde el sexenio del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se fortaleció al sacar de sus cuarteles a los soldados y marinos para combatir al crimen organizado y contaminar a la institución armada, quebrantando más su imagen, deteriorada desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari.
Compromiso sin sustento ante la Casa Blanca, de desplazar seis mil efectivos a la Frontera Sur, para frenar la migración hacia Estados Unidos, de una Guardia Nacional inexistente, pues únicamente se habían empezado a establecer sus bases, al tratarse de un proyecto a largo plazo.
Orden del comandante supremo, que se cumple en cuestión de días para conformarla sin el menor desacato, debido a la amenaza de Donald Trump de dar un plazo de 45 días, que no da tregua para incorporar a civiles en la nueva Corporación de seguridad nacional.
Presencia verde olivo que ha sido útil al propósito electoral del republicano de la Casa Blanca, quien no ha dudado, dentro de la dualidad que le caracteriza, reconocer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha cumplido con la encomienda.
Desplazamiento en la última semana de contingentes de la GN y de la Policía Federal-Gendarmería, en la parte exterior del Centro de Atención Migratoria Siglo XXI de la segunda ciudad más importante de Chiapas, para contener a los varios cientos de migrantes haitianos que se han apostado en casas de campaña en el estacionamiento del área de aseguramiento del Gobierno federal, para protestar las 24 horas, por el incumplimiento del INM, en el otorgamiento de salvoconductos para poder desplazarse a la Frontera Norte del país.
Aumento gradual de la presión, que este lunes 26 de agosto llegó al extremo de bloquear las puertas de acceso de las instalaciones, impidiendo los cambios de turno de los responsables del resguardo en el interior, en el que participan personal administrativo y agentes de migración, así como de seguridad privada y de la Policía Federal que ingresaría al Centro, luego de los motines que derivaron en los últimos meses en fugas de cientos de cubanos, hondureños, africanos y salvadoreños.
Después de convencer a los caribeños de que su conducta representaba una violación de las leyes mexicanas y que por lo mismo podrían ser motivo de una acción jurídica en su contra, que implicaría su inmediata deportación, los inconformes cedieron, no sin antes demandar a grito la entrega de los permisos prometidos desde hace más de cuatro meses.
Estancias que se agravan por la prolongación de permisos migratorios, que complican la situación económica de los extranjeros, que como los de origen cubano, han empezado, en el caso de sus mujeres jóvenes, a buscar ingresos como meseras en bares o botaneros, donde finalmente se prostituyen, causando el enojo de las locales y centroamericanas, que han sido desplazadas de estos centros laborales de “diversión familiar”, con la protección de funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
Africanos de diversas nacionalidades que se mantienen en la incertidumbre por la tardanza en la respuesta de un gobierno mexicano dócil a la consigna estadounidense de servir como traspatio de resguardo de aquellos que después de cruzar a la Unión Americana, donde han solicitado asilo, han sido deportados a Tijuana, donde
aguardarán por tiempo indefinido, que puede ser de años, la resolución de su petición.
Frustración por el bloqueo legal y político de la Administración Trump, que les ha llevado en parte al convencimiento de que la Región Soconusco podría ser el final de una travesía que no tendrá puerto final, en la realización del “sueño americano”.
Río revuelto, en el que la delincuencia gana terreno en la Frontera Sur, al estar en comunicación con autoridades policíacas y municipales, que al filtrar las estrategias de las Mesas de Seguridad, hacen fracasar las buenas intenciones de la Guardia Nacional y del gobierno de la República, para hacer de su colindancia con Centroamérica, una Región segura para la convivencia humana y la inversión, que tanto urge para incorporar al desarrollo a sus habitantes.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México 1983 y 2013.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.
